Con velocidad digna de mejor causa, respondieron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a las afirmaciones del reporte Armed Conflict Survey 2017, del International Institute for Strategic Studies (IISS, por sus siglas en inglés), sobre la altísima tasa de letalidad ocasionada por los enfrentamientos entre los corporativos criminales para disputar las plazas enseguida de que el gobierno federal cumple uno más de los “129 objetivos prioritarios”, y de los que sólo faltan 22.

La tesis central del documento es que México superó a Iraq y Afganistán para convertirse “en la segunda zona de conflicto más mortal del mundo después de Siria”, según estudio de guerras en la aldea global. El número de víctimas fatales por la disputa entre bandas criminales de México fue de 23 000 en 2016, en comparación con 17 000 mil en Iraq y 16 000 en Afganistán.

Ese nivel de derramamiento de sangre es aún más sorprendente, porque “México es un conflicto (sic) marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate”, dijo el director general de IISS, John Chipman, en la presentación del estudio en la capital británica.

Gobernación y Relaciones Exteriores señalan lo evidente, que el informe utiliza cifras cuyo origen se desconoce –el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática todavía no presenta el reporte sobre 2016–, refleja estimaciones basadas en “metodologías inciertas” y “aplica términos jurídicos de manera equivocada” como el de “conflicto armado (no internacional)”.

Está bien ocuparse de los tecnicismos, pero ni la crítica a lo jurídico ni a las fuentes estadísticas empleadas por el instituto londinense niegan lo principal, la alta tasa de letalidad que pagan los mexicanos por las estrategias reactivas y punitivas del Ejército y la Marina. Y en los operativos que realizan hay muchos presuntos criminales muertos y muy pocos heridos.

Las cifras esgrimidas por las dos secretarías son muy claras. En América Latina, naciones como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil registran tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8, y 25.2, respectivamente, mientras que México registró una tasa de 16.4.

Es pertinente preguntarse si la reacción mexicana tiene que ver con las divergencias con el informe del IISS o más bien con el oportunista uso que realizó Donald Trump al replicar un tuit de CNN, medio con el que tiene serias diferencias, sobre el documento del instituto inglés, para justificar su histeria antimexicana y antiinmigrante, que son sinónimos de criminales para el magnate autoritario que se metió en serios problemas al despedir al director de la FBI.

El hecho es que desde septiembre de 2016 predomina la tendencia al repunte pronunciado de los homicidios dolosos, los secuestros, el pago de derecho de piso, entre otros, y Enrique Peña Nieto apenas anunció la puesta en marcha de medidas frente al generalizado robo a los ductos de Petróleos Mexicanos por guachicoleros que laboran para el crimen organizado y también de funcionarios de Pemex, alcaldes y hasta gobernadores a su servicio.

Y ante tales complejidades de poco sirve descalificar informes de organismos internacionales, como bien subrayan varios legisladores. Son prácticas ominosas que recuerdan la arremetida oficial contra el relator Juan E. Méndez por concluir en su informe a la ONU que la tortura en México es “práctica generalizada” o el despedido de los expertos que investigaron el caso Ayotzinapa.

Utopía 1820., 12-V-17

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