SAN JUAN, 8 de mayo de 2017 (NCM) – La prisión sumaria de la modelo y varias veces campeona nacional del deporte de Caballos de Paso Fino Nina Droz se ha convertido en uno de los elementos más explosivos de la estrategia de Estados Unidos para sofocar el ambiente de rebeldía que sigue creciendo en el país ante las medidas impuestas por la junta de control.

El controversial arresto de Droz, hija de una familia prominente y quien estudia electrónica con el propósito expreso de desarrollar prótesis para mascotas lisiadas, se produjo en el marco de la paralización de todo el país el Primero de Mayo, cuando más de 60.000 marcharon contra el distrito financiero de San Juan, conocido como la Milla de Oro.

La Amazona, que llegó a representar a Puerto Rico en eventos ecuestres internacionales, está  acusada del cargo inverosímil de intentar pegarle fuego a la sede del Banco Popular –el principal del país- con implementos que no habrían servido ni para quemar el vestíbulo del gigantesco edificio. Además, el gobierno de EEUU, en su intento por presentarla como incendiaria, ha difundido que ella se hace llamar “la chica que respira fuego”, cuando en realidad ese fue el breve personaje de feria que hizo en la película “Runner, Runner” de 2013 y que fue comentado en la prensa de espectáculos de Hollywood.

Políticos oficialistas y conservadores han aprovechado la campaña del ministerio fiscal para hacer escarnio de Droz y decir que ahora tendrá la oportunidad de respirar fuego en la prisión federal, en aparente alusión a vejámenes a la dignidad que se cree popularmente que sufren las mujeres en las cárceles.

Pero en la otra cara de la moneda, ya ha surgido un movimiento en las redes sociales que se denomina “#freenina” (liberen a Nina), que alega que EEUU ya tiene una nueva prisionera política con la que remplazar a Oscar López, encarcelado durante más de 35 años con cargos de formar parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), cuya libertad está pautada para el 17 de este mes. La campaña es parte de las acciones que se están desarrollando, entre ellas la encabezada por el comité Ciudadanos en Solidaridad con los Arrestados el Primero de Mayo.

Ese día fue de acciones planificadas por diversos bandos y de sorpresas para todos.

Muchas entidades, unas unidas y otras por separado, habían estado convocando diferentes  rutas de marchas para la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores que coincidirían todas en la Milla de Oro, justo frente al edificio donde está Junta de Control designada para regir a Puerto Rico y que ha convertido en auxiliares y consultivas a las ramas constitucionales del Ejecutivo y el Legislativo. La confluencia de marchas fue denominada “Paro Nacional”, pero más como aspiración que porque alguno pensase que de verdad se paralizaría el país.

La primera sorpresa se produjo a las 8:00 a.m., cuando el satélite registró desiertas todas las autopistas de Puerto Rico, lo que volvió a aparecer en la gráfica satelital hora y media más tarde. De pronto comenzaron a producirse informes de que había muchas escuelas cerradas y finalmente el gobierno tuvo que admitir que 90 por ciento de los estudiantes no habían acudido a los planteles.

Poco después ocurrió la segunda sorpresa cuando las multitudes sobrepasaron la marca de 60.000 que se había establecido en la triangulación de las áreas disponibles para el evento. El propio Banco Popular informó al tribunal que 50.000 habían participado en la violación masiva de la ley, aunque después enmendó su escrito para alegar que fueron sólo 500 los que tomaron parte directamente en los disturbios, ocurridos como media hora después de que terminaron los actos oficiales, cosa que se adelantó por la llegada a paso redoblado de los escuadrones de la policía antimotines.

Después de los encontronazos han comenzado los arrestos y el Gobierno ha anticipado para esta semana más radicaciones de cargos, en especial contra estudiantes que participaron el mes pasado en la toma del edificio de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Como parte de las operaciones, ha sido notable el uso de agentes encubiertos, algunos de los cuales fueron detectados tomando parte activa en los disturbios del Primero de Mayo.

El Gobierno usa grabaciones y fotos tomadas por la prensa, lo que motivó una declaración fuerte de censura por parte del presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Juan Hernández. El periodista afirmó que se violan la libertad de prensa y el derecho a la protesta sin ser blanco de persecución ni a que se levanten expedientes de vigilancia a los ciudadanos.

Además, el Gobierno anunció que proseguirá con los planes de cerrar cerca de 180 escuelas primarias y secundarias, por lo que la Federación de Maestros ya inició protestas. Además, el pequeño pero influyente Partido Independentista Puertorriqueño moviliza sus asambleístas en todo el país para promover la resistencia comunal a los cierres y su propuesta de reforzar las escuelas que estén débiles con cooperativas y micro-empresas de los vecinos de manera que no haya excusa para clausurarlas.

En la UPR la situación rebelde se acelera y la asamblea nacional de profesores universitarios aprobó un voto de huelga, contingente a que sea ratificado por otra asamblea, lo que levanta la posibilidad de que la huelga universitaria estudiantil se extienda a los docentes y administrativos, que han reiterado que respetan la huelga estudiantil. De nuevo, la respuesta del Estado ha sido una orden judicial que concede hasta el 11 de los corrientes para que el Recinto de Río Piedras de la UPR abra sus portones.

Pero la naciente rebelión es apenas uno de los problemas que tienen el Gobierno y la Junta de Control, pues la contradicción por la pelea de bandos de inversores en Wall Street ha precipitado la quiebra formal del país. Ya EEUU designó una juez especial para que presida un proceso para poner orden entre el gobierno deudor y los acreedores.