El pasado 3 de abril se cumplió un año de la filtración periodística más grande de la historia: el caso #PanamaPapers, que sacó a la luz cómo miles de empresas, millonarios, celebridades, políticos y criminales usaban los servicios del estudio de abogados Mossack Fonseca para esconder el dinero de las autoridades tributarias, y trasladarlos hacia guaridas fiscales.

A fines de 2016, el departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una investigación sobre una red de lavado de dinero, la misma que llegó hasta los más altos ejecutivos de la brasileña Odebrecht y reveló una red de corrupción y pago de sobornos a políticos de alto rango de Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, México, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Angola y Mozambique. Nuevamente las guaridas fiscales aparecieron como los territorios usados para realizar los pagos, y para que quienes los recibían pudieran esconderlos.

Estos dos casos, sumados a las filtraciones denominadas #SwissLeaks y #HSBCLeaks, han puesto en conocimiento de la opinión pública el verdadero uso que se da a los guaridas fiscales, que son territorios de baja o nula tributación, donde la pieza principal de todo es el anonimato al servicio de la evasión y elusión fiscal.

Esto es el motivo por el que diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la Fundación SES (Argentina), el Instituto de Justicia Fiscal (Brasil) o la Red por la Justicia Tributaria (Colombia), por nombrar solo algunas, vienen trabajando para lograr la eliminación del sistema de guaridas fiscales y promover la creación de un Cuerpo Intergubernamental Tributario en el seno de Naciones Unidas (ONU).

La idea de posicionar este nuevo organismo en la ONU es darle a todos los países el mismo peso y derecho a voto a la hora de construir la reforma del sistema tributario internacional. Ello no sucede en otros espacios como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde siempre quedan en desventaja los países en desarrollo, que son el principal destino donde operan las grandes transnacionales y donde obtienen sus rentas, las mismas que mediante esquemas de planificación fiscal agresiva no son reportadas como ganancias a las administraciones tributarias, y mediante el uso de guaridas fiscales son trasladadas fuera de nuestros territorios.

Aunque el pedido de crear un "Tax Body" (nombre en inglés del Cuerpo Intergubernamental Tributario) viene desde hace unos años atrás y es un pedido generalizado por todos los movimientos que investigan e inciden sobre los temas de fiscalidad y justicia fiscal, ahora cuenta con el respaldo oficial del varios gobiernos a nivel mundial, y del gobierno ecuatoriano, que este año tiene la presidencia del G-77.

La necesidad de frenar el accionar de las guaridas fiscales, y con esto cortar las vías por donde nuestros países pierden miles de millones de dólares sin que las autoridades puedan hacer casi nada, es prioritaria, pues quienes se valen de las estructuras jurídicas y empresariales de estos territorios de baja o nula tributación están desfinanciando nuestros países y afectando directamente a millones de ciudadanos en todo el mundo, que no obtienen los servicios públicos como salud o educación, ya que los Estados no tienen cómo financiarlos. Lógicamente, esta lucha implica enfrentarse a las élites del poder económico.

Como una forma de articular todas las protestas y reclamos por un sistema más justo, Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el caribe lanzaron la campaña "Que las Transnacionales Paguen lo Justo" para que nuestros gobiernos actúen y hagan que las transnacionales cumplan con los regímenes tributarios de cada país, a favor de alcanzar una sociedad más equitativa, combatir la desigualdad y contar con servicios públicos de calidad.

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)