En Venezuela se sucede un laboratorio vivencial, por diversas razones. En primer lugar, es el epicentro de un debate contrahegemónico, en torno al alcance del socialismo del siglo XXI en contraposición al capitalismo post-industrial. En segundo lugar, por derivación el Gobierno Bolivariano se constituye en un “mal ejemplo”, para la hegemonía tradicional de los EEUU en América Latina y el Caribe. En tercer lugar, porque se aplican contra su gobiernos todas las estrategias de Guerra No Convencional (GNC) o Guerra Híbrida (GH).

En torno a esos tres elementos, queremos concentrarnos en demostrar el último, por las implicaciones que tiene en estos momentos de coyuntura crítica que experimentan los venezolanos. Los medios de comunicación, han arreciado sus titulares acusando al Gobierno de Nicolás maduro de autoritario, dictatorial, totalitario, entre otros señalamientos. ¿Qué tan ciertos pueden ser considerados estos argumento? ¿Son argumentos o encajan más bien en marcos interpretativos, formulados desde las empresas mediáticas? ¿Hay elementos preocupantes, en el funcionamiento institucional de la democracia venezolana? Estas son algunas de las interrogantes que pretendemos responder, en estos momentos donde se afirma sobre el proceso venezolano, cualquier cantidad de generalidades.

Comencemos por la definición de autoritarismo. El DRAE, define autoritarismo como 1. Actitud de quién ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella y 2. Régimen o sistema autoritario. Al intentar caracterizar un régimen autoritarista, nos encontramos con diez (10) características, a saber: 1) gobierno unipersonal, en donde el liderazgo ejercido no fue elegido, sino impuesto (subrayado nuestro), 2) ausencia de una ideología oficial, producto de la supresión de todos los partidos (subrayado nuestro), respondiendo quién ejerce el liderazgo sólo a una pequeña porción de grupos económicos que detentan el poder, 3) promoción del terror a través de amenazas y asesinatos, 4) fuerte presencia militar , 5) medios de comunicación como base de propaganda política, 6) dominio absoluto de un partido político, 7) apoyo selectivo a ciertos grupos de interés, 8) manipulación de la constitución a través de su modificación para sustentarse en el poder, 9) participación popular bajo un control estricto y 10) violación de los DDHH.

Al leerlo, observamos diversas posturas en torno a estos elementos. En primer lugar, hablemos de los elementos que no encajan en absoluto. Nos referimos al punto 1, 2, 3,6 y 8. En relación a estos aspectos, no puede acusarse al Gobierno de Nicolás Maduro de no ser elegido democráticamente, ni de representar a un pequeño grupo económico o de representar a solo un partido político. Tampoco de asesinar selectivamente a opositores o de someterlos a torturas o sufrimientos físicos (punto 3). Menos aún de un dominio absoluto de un partido (en nuestro caso el PSUV) o de intentar modificar la constitución para perpetuarse en el poder. En segundo lugar, nos encontramos con las características que pudieran estar presentes parcialmente, dependiendo de la óptica del analista. Comencemos por el punto 4 (fuerte presencia militar). No hay duda que en el Gobierno de Nicolás Maduro hay presencia de militares, tal como ocurrió en el Gobierno de Chávez (1998-2013), pero la presencia de militares no significa un gobierno militarista, sobre esto hemos deliberado en algunos trabajos previos. Ejemplificamos de otra manera, sí se afirma que la presencia de militares en el gobierno, es una muestra de autoritarismo, entonces como explicar el Gobierno de Dwight Eisenhower, que tuvo una fuerte presencia militar en su gabinete. ¿Fue un gobierno autoritarista y militarista? La respuesta es no. Totalmente diferente de las dictaduras militares en Chile con Augusto Pinochet o de Videla, en Argentina. Hay militarismo cuando la acción de gobierno es esencialmente impuesta de acuerdo a los intereses de los militares.

En Venezuela es innegable la presencia de militares en el Gobierno Nacional, pero no se traduce en un gobierno para los militares, aunque su influencia es importante. El punto 5, señala que se utiliza a los medios como elemento de convencimiento. Esto significaría un control total del aparato comunicacional, para hacer efectivo esa dominación, y al mismo tiempo sería una muestra de la existencia del totalitarismo.

Acá hay ambivalencias. La primera, es que en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación (MPPIC) no tiene control hegemónico sobre los medios, aunque sin duda, utiliza los medios con los que cuenta para mostrar – y apoyar- la gestión del Gobierno de Maduro. El intelectual venezolano, Luís Britto García señala como los medios (privados y opositores) son los verdaderamente hegemónicos y dominantes en el país: medios impresos existían para 2012 unas 334 publicaciones periódicas, de ellas más de 250 son abiertamente oposionistas. Apenas hay tres (3) diarios con políticas editoriales cercanas al Gobierno (Diario vea, Correo del Orinoco y Ciudad Caracas). En relación con radios (FM y AM) hay 499 emisoras privadas, apenas 83 de servicio público y 247 comunitarias. En cuanto a televisoras, 67 son comerciales (privadas), 13 de servicio público y 38 comunitarias (pero con un ámbito de trasmisión muy localizado). Habría que preguntarse ¿cómo un gobierno que es minoritario en todos los medios de comunicación, puede realizar propaganda y ser totalitario? Misterios de la ciencia, habría que responder.

El punto 7, indica que un gobierno totalitario, da apoyo selectivo a grupos económicos particulares, que los mantienen en el poder. Es más que evidente, que los grupos económicos históricos en Venezuela están enfrentados al Gobierno Nacional. Los trabajos de investigadores como Pascualina Curcio muestran como los grandes grupos económicos tienen una guerra de amplio espectro contra el Gobierno de Nicolás Maduro, desde sus inicios en 2013. Por el contrario, sostenemos que gran parte de las dificultades del Gobierno Bolivariano devienen del hecho que no mantiene relaciones de convivencia con esos grupos poderosos. Podemos sí señalar, las observaciones críticas en torno a grupos que se han beneficiado del otorgamiento de divisas a través de los diversos mecanismos manejados por el gobierno.

El punto 9, está referido a la participación popular bajo un control estricto. Acá hay divergencias también. ¿Cómo es que un país que realizó 20 elecciones entre 1998 a 2015, se le acusa de autoritario? ¿Deben realizarse elecciones por capricho o apegadas a la ley? ¿Los sistemas democráticos deben permitir que las fuerzas políticas no cumplan con las leyes y procedimientos electorales? Quienes se basan en este aspecto, acusan al Gobierno Nacional de autoritario y dictatorial, siguiendo el supuesto que el Gobierno de Nicolás Maduro no permite la realización de elecciones. Sin embargo hay que explicar esta apreciación. Hay elementos ciertos y otros manipulados por Provea. Los ciertos es que hay un retraso en la realización de las elecciones regionales (alcaldes y gobernadores) que debían realizarse en el 2016, pero lo que no es cierto es que se quiera oponer a la realización de esas elecciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio forzado a procesar las solicitudes de la oposición para la realización de un Referendo revocatorio (RR) que fue la estrategia central del discurso – y la praxis- contra el Presidente Maduro durante el 2016, inmediatamente después de la juramentación de la nueva Asamblea Nacional en enero de ese año. La manipulación consiste en la acusación de estar bajo una dictadura. Acá cabe el análisis desde la teoría decisionista.

La acción del CNE de reprogramar las elecciones, debe ser visto en el marco del decisionismo, que sostiene que se produce una concentración del poder decisorio en la figura presidencial, la autonomización del poder ejecutivo respecto a los demás poderes públicos (principalmente frente al poder legislativo), empleo de recursos extraordinarios (decretos de necesidad y urgencia, delegación de facultades extraordinarias), tomados todos en situaciones de emergencia. El año 2016, encaja en ese contexto. La caída de los ingresos petroleros y su impacto sobre la capacidad de gerencia del Gobierno Nacional, así como la situación de conflictividad política impulsada desde la Asamblea Nacional (AN) en su enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, obstaculizó el cronograma normal del proceso electoral.

El punto 10, es más conflictivo, pues está referido a Violaciones de los DDHH. En este punto, se puede decir que ha habido situaciones donde las fuerzas de seguridad han actuado con uso excesivo de la fuerza y en eso casos el Gobierno ha actuado. Podemos acceder que no siempre con la velocidad que debiera, pero ha actuado. Otros DDHH como la libertad de expresión, o circulación, el derecho a la vida han sido protegidos y garantizados. No hay límites a las expresiones ligadas a los medios de comunicación, llegando incluso al término de incentivar la violencia, como quedó demostrado en recientes acontecimientos que involucran a un diputado opositor (Freddy Guevara del Partido Voluntad Popular). Como en todo Estado de Derecho, ocurren alteraciones que se producen en la protección, pues las características de nuestros sistemas políticos están asociadas al uso indeterminado de la libertad de decisión de los funcionarios públicos. Pero eso no solo ocurre acá, también en otros sistemas democráticos se producen violaciones a los DDHH, pero nada tan grave como para afirmar que se vive en un régimen autoritario. Es interesante comparar este tema con casos en Nuestra América, como Colombia donde los asesinatos y desapariciones son cosa común o México, por sólo nombrar dos. Bajo ningún concepto, justificamos los casos de exceso en el uso de la fuerza, pero lo que sí señalamos es la manipulación que se pretende hacer sobre casos reales o no, particularmente en las protestas sucedidas desde el 4 de abril hasta el 19 de abril de este año.

Venezuela: una extraña dictadura

Las afirmaciones sobre el carácter dictatorial del país son cada vez más comunes. En nuestro criterio, tal como hemos mostrado someramente, sí bien hay observaciones sobre algunos de los puntos que caracterizan un sistema totalitario, no puede afirmarse que exista y mucho menos que estemos ante una Dictadura.

Sí estuviéramos en una dictadura, ¿pudieran los actores políticos convocar abiertamente a la sustitución de un gobierno, elegido democráticamente, tal como lo hacen personeros de la oposición política en Venezuela?. Principalmente dirigentes del Partido Voluntad Popular, cuya principal matriz discursiva es la salida del Presidente Nicolás Maduro, mediante acciones que “fuercen” su renuncia.

¿Qué ocurre en otros sistemas políticos sí se hace un llamado a derrocar a un gobierno? En el caso de la legislación de EEUU, se considera delito de traición a la Patria, “hacer la guerra o en unirse a sus enemigos, impartiéndoles ayuda y protección”. Acaso no puede considerarse en esos términos las acciones de Diputados como Julio Borges, del partido Primero Justicia, actual Presidente de la Asamblea Nacional (AN), quién fue a los EEUU a declarar en contra del país, solicitando apoyo para aplicar sanciones por parte de una entidad extranjera. En Colombia, por ejemplo el Código Penal y de Procedimiento Penal Concordado (Ley 599 julio de 2000) en su artículo 455, establece “que quien realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano” incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años. El artículo 456, sobre Hostilidad Militar señala que todo ciudadano colombiano o extranjero, que intervenga en actos de hostigamiento militar y cuya intervención, ponga en peligro la seguridad del Estado o sufran prejuicios sus bienes o las fuerzas armadas, la pena se aumentará una tercera parte, sobre la base de 360 meses. ¿Se permitiría en EEUU o Colombia, que se atente contra la institucionalidad del Gobierno y se intente desestabilizarlo, sin ningún tipo de reacción? Sin duda que no sería el caso, pero sí en Venezuela se actúa, se está ante un Gobierno Militar. ¡Qué absurdo!

Hay quienes para acusar al país de ser una dictadura, señalan las amenazas a la libertad de información y las agresiones contra periodistas. De nuevo la comparación es pertinente. En Colombia, por ejemplo han ocurrido una serie indetenible de asesinatos contra periodistas en los últimos años (1977-2016), llegando a más de 153 víctimas. Sin embargo, no observamos titulares señalando a Colombia – y su gobierno- de aplicar acciones de miedo y terror (que es una de las características del totalitarismo). Veamos otro caso: México. Ahí cada treinta (30) días se produce un crimen contra un periodista. ¿Acaso hay acusaciones en la prensa mundial sobre una dictadura en ese país? Mientras tanto en Venezuela, los medios se dedican a divulgar constantemente que el país vive en un régimen autoritario. ¿Qué dictadura tan extraña la que prevalece en Venezuela, que permite expresiones abiertas a derrocar al Presidente en ejercicio, con apoyo de Gobiernos extranjeros?

Una dictadura, no toleraría que un opositor exprese en sus redes, tal como lo hace el Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonsky lo siguiente: “El esperpento de Miraflores como todo dictador es mitómano ¡Nadie le cree..”. O expresiones cómo las del Secretario General de Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup que indica: “Alerta: organismos policiales régimen narcorrupto y represor dotan hampones d colectivos violentos con franelas y banderas partidos opo”. ¿Qué extraña dictadura, que otro líder opositor se expresa sin ningún problema sobre el Gobierno? Es el caso de Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular (VP) que expresó: “A la cúpula de la dictadura. Terminen de entenderlo: aún pueden negociar su salida. No sigan este camino que sólo los llevará a La Haya”.

La idea esencial con todas esas declaraciones, es crear un marco interpretativo, entendido como metáforas específicas, representaciones simbólicas e indicadores cognitivos utilizadas para presentar conductas y eventos de forma evaluativa y para sugerir formas de acción colectiva. En este supuesto, se trata de presentar el Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura totalitaria, a pesar de no coincidir con ningún elemento que las caracteriza. Ese marco, es reproducido abiertamente a través de los medios de comunicación, que como señalamos, son esencialmente controlados por actores privados, vinculados abiertamente a los sectores opositores.

Sostenemos que lo que ocurre en Venezuela es el choque entre dos representaciones, surgidas de una ruptura cultural que hace ver las contradicciones existentes en forma latente. La llegada al poder de Hugo Chávez, la transformación de sujetos excluidos (sujetos subalternizados en el sentido de Antonio Gramsci) en sujetos con protagonismos histórico, el surgimiento de nuevos actores con capacidad de movilización y un discurso disruptivo que retó las formas de poder característicos de la Venezuela entre 1958-1998, son solo algunos de los elementos que explican estas rupturas culturales. Asistimos a un proceso de definición de ideologías, símbolos y elementos icónicos planteados a través de los medios de comunicación, exaltando las contradicciones existentes entre dos modelos de democracia: la representativa (defendida a través del Sistema Interamericano y la OEA) y la participativa –popular (plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Desde la desaparición física de Chávez, en marzo de 2013, se dio inicio a la implementación de acciones destinadas a desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, empleando la manipulación, la distorsión informativa, el bloqueo económico, en fin, estrategias de Guerra No Convencional (GNC) o Guerra Híbrida. Se trata de crear un caos constructivo, que sobre la base de protestas eleven la conflictividad, impulsen – a través de la provocación- a las fuerzas de seguridad a reprimir y se devenga en un ciclo de violencia que termine forzando una transición, cuyo último objetivo es la restitución del sistema político venezolano a sus viejas formas conciliatorias y consensuadas inter-elites.

Hay detrás de todo, una operación psicológica, que busca “ablandar” los apoyos políticos, desmovilizar a los actores contrapuestos (el chavismo, “bruto y represor”) y se hace, como bien lo señala un interesante artículo de docente universitario e investigador del lenguaje Steven Bermúdez, de construir una visión parcializada de la realidad, donde la oposición “representa” a los “venezolanos”, donde las expresiones de Luís Almagro “son las expresiones de toda Nuestra América” y dónde los opositores son los “únicos que entienden la gravedad de la dictadura”. Eso mismo se hace con la afirmación “Venezuela es una dictadura”. No importa que los elementos que caracterizan a una dictadura no estén presentes (carencia total de libertad de expresión, torturas y desapariciones de opositores, aparato militar que controla todos los sectores de la sociedad), pero igual se produce una generalización (desinformación o distorsión informativa) que busca reproducir la idea simbólica objetivo: “Es una terrible Dictadura”.

Lo preocupante, es que sobre esa manipulación se entretejen temas que son realmente importantes, ligados al accionar de las políticas públicas, las acciones de atención a la crisis por desabastecimiento programado, la violencia simbólica expresada libremente en los medios de comunicación. Todo ello hace una mezcla propicia para la aplicación en nuestro país de este laboratorio vivencial, que pretende llevarnos al máximo posible a la situación de confrontación civil en Libia o Siria. Las presiones sobre el Gobierno de Maduro son enormes y nunca antes experimentadas, ni siquiera por el propio gobierno de Chávez. La batalla tiene connotaciones simbólicas, pues como manifiesta el experto geopolítico Alexander Duguin, Venezuela es un Estado que resiste a los intereses de un mundo unilateral dominado por los EEUU y eso, lo transforma en una amenaza que debe ser reducida o mejor aún, desaparecida. Esperemos poder resistir y superar estos intentos que buscan desmembrar el país, con la anuencia de un grupo de venezolanos cuyos intereses marchan en una vía contraria, enmarcada perfectamente en la idea de “traición a la patria”.

20/04/2017

Dr. Juan Eduardo Romero J

Docente e investigador Universidad del Zulia

Historiador y politólogo

Director del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Estratégicos (CIEPES)

Miembro del Colectivo de Formación Combates por la Historia

Juane1208@gmail.com