San Juan, 2 de marzo de 2017 (NCM) – El gobernador Ricardo Rosselló está pidiendo permiso a la junta de control delegada por Estados Unidos para regir el país a los fines de tomar medidas de ajuste fiscal, pero que aceleran la pauperización, entre las que se destaca un impuesto sobre los inmuebles, que podría dejar sin hogar a cientos de miles de familias.

El nuevo impuesto formaría parte de toda una serie de medidas para incrementar la carga de tributos a la vez que se reducen las aportaciones del Estado para la universidad, la educación en general, la salud –entre otros- a los propósitos de balancear los presupuestos y generar miles de millones de dólares para el servicio de la deuda.

Rosselló defiende sus propuestas como medidas menos confiscatorias y dañinas a los pobres que las que ha presentado la propia junta enviada por Washington. De todas formas, lo que propone tendría que ser avalado por esa misma junta antes de poder implantarse.

La solicitud está contenida en un documento con el nombre de “plan fiscal”, del que sólo se ha hecho público un conjunto de tablas gráficas y explicaciones generales, pero sin que se sepa si existe en realidad un plan propiamente dicho. En las tablas no hay información para poder sustentar las cifras que se incluyen y al principio se advierte que el gobierno no asume responsabilidad sobre la veracidad de los datos contenidos.

El caso del plan fiscal no es excepcional, pues la dificultad para conocer claramente los planes y acciones del gobierno en general y las del propio gobernador Rosselló, en particular, ha marcado su administración desde que tomó posesión en enero pasado.

Por ejemplo, desde hace más de cincuenta días está pendiente de respuesta la pregunta sobre su agenda de un viaje a Nueva York a principios de enero, cuando fuentes de Washington y Wall Street dijeron al periódico Caribbean Business que se había reunido con el entonces presidente electo Donald Trump.

En cambio, Rosselló insistió una y otra vez que estaba muy interesado en una reunión con Trump. Pero cuando en días recientes asistió a un banquete de la asociación de gobernadores en la Casa Blanca, no participó en la reunión de trabajo del día siguiente con el presidente y regresó a San Juan, sin que hasta ahora se haya obtenido una respuesta sobre lo que motivó su ausencia.

Episodios de falta de transparencia como esos fueron más que superados cuando en su mensaje sobre el estado del país el martes pasado omitió toda referencia directa a la solicitud que estaba haciendo para la multiplicación de impuestos sobre las propiedades inmuebles. Sin embargo, el pedido estaba en la página 48 del “plan fiscal” que sometió ese mismo martes al filo de la medianoche.

El documento dice que se aumentará la tasa del impuesto en más del 40 por ciento y que se computará, no a base de precios constantes como se hace en Puerto Rico, sino a base de los precios corrientes –de mercado- lo que multiplica muchas veces el tributo a pagar. Pero el “plan” no incluye cálculo alguno sobre cómo se fundamenta la expectativa de recaudo, ni datos sobre el sector de la vivienda que resultaría afectado.

Las cifras más recientes del Buró del Censo de EEUU indican que en Puerto Rico casi el 70 por ciento de las viviendas –1.127.000- están ocupadas por familias que son dueñas de sus residencias, pero la inmensa mayoría de estas son casas pobres. De hecho, el propio Buró del Censo calcula que el 62,5 por ciento de las familias sobrevive con menos de la mitad de lo que hace falta para enfrentar los gastos ordinarios y el 87 por ciento gana ese mínimo o menos.

Tal como está planteada en el documento, la reforma tendría el efecto de poner a pagar impuestos altos a prácticamente todas las viviendas, lo que al combinarse con la falta de ingresos suficientes de sus dueños, pone en peligro de desahucio a cientos de miles de familias. El documento publicado no hace indicación alguna de que se vayan a tomar providencias para mitigar la situación de los desplazados, ni medidas preventivas para atender los problemas de salubridad pública que pueda crear una masa de familias sin hogar.

El documento tampoco muestra un plan sobre lo que se haría con el inventario de cientos de miles de viviendas confiscadas por falta de pago de impuestos, ni cómo los gobiernos de los municipios podrían venderlas para allegarse dinero.

La información se hace pública a la vez que el propio gobierno anunció que la Asociación de Constructores de Puerto Rico ha concertado con la empresa de bienes raíces Bisnow la celebración este mes, en Miami, de un evento para mercadear este país como “las nuevas Islas Caimán del Caribe”. El gobernador mismo será orador en el evento.

El comunicado de prensa cita al presidente de la Asociación de Constructores, Ricardo Álvarez Díaz, elogiando al gobernador Rosselló y explicando que las reformas que impulsa “proveen instrumentos para fortalecer nuestro esfuerzo de atraer inversión externa en un área con gran potencial como es Miami”.

Mientras tanto, la situación general de oposición en el país a las medidas de empobrecimiento se sigue concentrando en torno a la Universidad de Puerto Rico, a la que se quitaría el 30 por ciento del dinero que se le asigna, lo que las propias autoridades académicas advierten que sería hacerla colapsar. En cambio, el gobierno ha decidido darle la oportunidad de que busque dinero de otras fuentes.

A finales del mes pasado, pararon nueve de los once recintos y los estudiantes, profesores y empleados administrativos llevaron miles a una marcha hasta el Capitolio y el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación. Al cierre de esta crónica, estaban comenzando de nuevo las asambleas de los estudiantes de los diversos recintos del sistema universitario y ya se está difundiendo en las redes sociales “#EsaHuelgaVa”.