En tanto que comandante supremo de las fuerzas armadas, es comprensible que Enrique Peña Nieto cumpla el ritual de defenderlas en forma cerrada y hasta con frases que destilan intolerancia, como lo hizo en el acto por el 104 aniversario del Día del Ejército, en la capital poblana: “No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras fuerzas armadas”.

Para mayor abundamiento: “Tengan la certeza de que nuestras fuerzas armadas cuentan con el invariable, irrestricto y absoluto respaldo del Presidente de la República y de su gobierno”.

No parece pertinente que con el muy bajo nivel de aceptación ciudadana de la gestión de EPN, ostente un apoyo a la sociedad vestida de verde que de poco le sirve en términos de imagen. El periódico El Economista estima en 17 por ciento de aprobación y 77 por ciento de desaprobación, el más bajo para el trimestre 17 desde que se realizan estas mediciones con Carlos Salinas, el súper enriquecido en Los Pinos con su liberalismo social, un asalto de los bienes de la nación para entregarlos a precio de remate a socios y amigos.

De pasada valga registrar que la inflación debuta, en el imaginario ciudadano, como el principal problema del país con 22.8 por ciento, seguido de la inseguridad con 22.7 por ciento y “la crisis” con el 22.5 por ciento, informa el diario.

Harto comprensible es el apoyo presidencial porque sin la lealtad de los altos mandos el grupo gobernante en turno no sería viable, y mucho menos el de su antecesor, Felipe Calderón que se colocó la banda tricolor en ceremonia a deshoras y rodeado de militares, en previsión de que fuera imposible hacerlo en el Congreso, tomado por el Estado Mayor Presidencial.

Pero también tiene sus razones Peña Nieto cuando reivindica que Ejercito y Marina han “respaldado con absoluta institucionalidad a las autoridades civiles en su responsabilidad de brindar seguridad a la población”. Responsabilidad constitucional que los gobernantes declinaron cumplir y endilgaron ilegalmente a las fuerzas armadas. 10 años después de políticas y discursos para formar cuerpos policiacos estatales eficientes y honrados, y un gran gasto del que los gobernadores no rindieron cuentas, los militares aún están a cargo de la seguridad.

Declinada por los legisladores la vía rápida para aprobar la Ley de Seguridad Interior, formulada por César Camacho y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es deseable que no se trate de una de las “consultas” para mostrar apertura de oropel.

En todo caso, como bien apuntó una experta de dulce voz en el noticiero Enfoque que conduce Leonardo Curzio, la iniciativa de ley debería tener como perspectiva el retorno de soldados y marinos a los cuarteles y su paulatina sustitución por agentes policiales. Y no la legalización de la permanencia en las calles en tareas policiacas de las fuerzas armadas, como pretende el gobierno de Peña, los partidos que le son afines más por conveniencia que por convicción, y los altos mandos castrenses.

Lo anterior simplemente porque no es su función constitucional y el costo en vidas humanas y violación de las garantías individuales es enorme, como lo muestran dos décadas de militarización de la seguridad y la procuración de justicia.

Esto no impide valorar la pérdida de la vida en cuatro años de 139 militares. Y no “porque también son mexicanos” como dice el divisionario. Sencillamente son mexicanos y murieron cumpliendo tareas públicas.

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