Perú

A gasoducto muerto, proyecto integral puesto

Humberto Campodónico

02/02/2017

Opinión

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El 23 de enero se declaró la caducidad de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) del consorcio formado por Odebrecht (55%), Enagas de España (25%) y Graña y Montero (20%). El motivo formal: el consorcio no consiguió los US$ 4,000 millones para la inversión necesaria en la fecha establecida en el contrato.

El motivo real: los bancos se negaron a prestarle dinero a un consorcio donde Odebrecht fuera socio, debido a la corrupción, admitida por sus propios accionistas y funcionarios. En los últimos meses, Odebrecht puso en venta sus acciones pero ninguna empresa accedió, si bien hubo varias que demostraron interés.

La licitación de 2014 tuvo un eje clave: darle seguridad al abastecimiento de energía al país, mediante la construcción de un tubo de gas y otro de líquidos que refuercen el abastecimiento del gas que llega a Lima. Recordemos que en todo el tramo de selva de Camisea a Lima solo existe un tubo de gas y uno de líquidos. Si uno de ellos tuviera una falla severa, la producción de energía eléctrica con centrales térmicas a gas (sobre todo en Chilca, donde se concentra el 46% de la generación eléctrica del Perú) se paralizaría, lo que produciría graves daños económicos y perjudicaría a los consumidores (1).

GRAFICO 1

Otro eje clave del GSP era llevar el gas al sur, para que haya energía barata para la población, masificando el consumo domiciliario, llevando el GNV para el transporte privado y público en la Región y, también, para aumentar la competitividad de las industrias de la Región, ya que el gas es mucho más barato que el petróleo.

Además se desconcentraría la producción de electricidad otorgando mayor seguridad en el abastecimiento, mediante la puesta en marcha de centrales térmicas a gas en Cusco (Quillabamba) y, sobre todo, en Arequipa y Moquegua, donde ya se han construido dos centrales de 500 MW cada una (el llamado Nodo Energético, que pueden usar el gas de Camisea).

Pero el GSP tenía dos fallas fundamentales: la primera: no contaba con las reservas de gas suficientes para garantizar el abastecimiento necesario. La segunda, de igual o mayor importancia, que el GSP no consideraba el polo industrial petroquímico (PQ) a partir del etano (uno de los compuestos del gas) ni del metano.

El polo PQ es el eje de la Ley 29970 del 2012, llamada justamente “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país”. Sobre esa ley se basa todo el andamiaje de los tubos de líquidos y gas ya mencionados y, también, el uso del Mecanismo de Ingresos Garantizados para pagar la inversión del GSP con los cargos en las tarifas eléctricas que son asumidos por los consumidores.

El gobierno ha manifestado que el GSP se volverá a licitar en las mismas condiciones del 2014. Grave error pues se incurre en las mismas fallas. No se considera la puesta en marcha de un proyecto integral, que tenga en cuenta la seguridad de la oferta de gas, la construcción del propio gasoducto y la gestión de la demanda, donde un componente central es el polo PQ, ya que nos conduce a la diversificación productiva, a la vez que se obtiene un valor agregado 20 veces superior. Este valor agregado se “tira por la borda” cuando se quema el gas sin extraerle el etano para la petroquímica del etileno.

Uno de los ejes centrales de la discusión por parte de algunos críticos del GSP es que el proyecto, desde un inicio, ha estado manchado por la corrupción de Odebrecht: “nació con pecado original por diferentes razones, siendo la principal que, de un lado, todo el proyecto estaba sobrevaluado y, de otra, que los consumidores vamos a acabar pagando la corrupción de Odebrecht”.

La sospecha es válida y debe ser investigada hasta las últimas consecuencias por el Poder Judicial y el Congreso. También es posible que las “delaciones premiadas” que vengan de Brasil y de EEUU proporcionen las pruebas. Lo decimos claramente: acabemos con los corruptos, caiga quien caiga. Los peces chicos, medianos y gordos, a la cárcel.

Pero detrás de esa natural indignación, hay quienes no solo no quieren este “gasoducto corrupto” sino ningún gasoducto al sur. Nosotros tampoco queremos “ese” gasoducto, sino el proyecto integral ya mencionado.

Por ejemplo, se dice que no habría reservas garantizadas. Pero obvian decir que en el Lote 58 de la empresa china CPNC hay reservas de 4 TCF de gas, que representa nada menos que el 50% de lo que tiene el Lote 88. Esto lo ha dicho PPK, con ocasión de la visita del Presidente chino Xi Jinping a la cumbre de APEC.

En todo caso, saldremos de dudas dentro de poco, pues el 14 de febrero vence el plazo para que CNPC declare oficialmente si pasa de la etapa de exploración a la de explotación. Un tema técnico aquí es que CNPC pida un periodo de retención adicional (Art 24 de la Ley 26221) debido a que no tiene gasoducto para transportar el gas. Pero nos dirá cuanto gas tiene, que es lo importante.

CNPC debiera estar interesada en monetizar sus reservas a través del proyecto integral. Ojalá así suceda. Dicho esto, igual el Perú debe ser soberano en la decisión sobre el destino de sus recursos naturales, lo que hoy no sucede porque los licenciatarios son los dueños de la molécula.

Otra crítica es que los tubos del gasoducto son demasiado grandes porque tienen 30 pulgadas de diámetro y pueden transportar hasta 1,000 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd). Dicen que si la tubería fuera de solo 24 pulgadas todo sería más barato, además que no se necesita tanto gas en el sur.

Falso. Un reciente informe de Apoyo (2) dice que la demanda inmediata identificada, usuario por usuario, es de 484 mmpcd (ver Gráfico 1). Hay que remarcar que la capacidad mínima para que el tubo se pague es de 500 mmpcd, de acuerdo al contrato del 2014. No solo eso. Dice Apoyo que existe una demanda adicional de 585 mmpcd -destaca la petroquímica con 290 mmpcd-.

Así, la demanda total ascendería a 1,069 mmpcd (484 + 585). No sorprende porque así sucedió en Lima, cuando en pocos años la capacidad de los ductos se vio largamente sobrepasada. Por tanto, los tubos “calzan” con la demanda. ¿Están sobrevalorados? Que lo determine la justicia.

También dice Apoyo que la PQ traería los siguientes beneficios: Inversiones por US$8,600 millones en el desarrollo de 4 plantas de insumos industriales. 5,200 empleos directos e indirectos en la etapa de construcción. 1,240 empleos directos e indirectos en la etapa de operación. Beneficio en la balanza comercial de US$2,500 millones (más exportaciones por US$1,800 millones y menos importaciones por US$700 millones). Ahorro para empresas: en tiempo y en costos. Y se generarán inversiones y servicios adicionales en: carreteras de acceso, agua y desagüe, energía, proveedores de alimentos, entre otros.

Lo más importante: se obtendrían importantes insumos industriales derivados del gas natural (ver gráfico 2). Para el desarrollo de la PQ es importante que el Estado convoque a las empresas interesadas (Francia, Corea del Sur, Brasil, EEUU, Alemania y otros) para el proyecto que más conviene a los intereses del país.

¿No está clarísimo que la PQ le cambiaría la cara al sur del Perú y a todo el Perú?

Todo esto, claro, enmarcado en un Plan Energético de Mediano y Largo Plazo que nos conduzca al cambio de la matriz energética de acuerdo a los intereses del país y no como es ahora, donde la energía es un campo de negocios empresariales.

Conclusión: el gobierno incurre en el error de licitar un proyecto sin oferta de gas y sin considerar la petroquímica. Decimos NO. Ha muerto el GSP, debe vivir el proyecto integral para llevar el gas al sur.