La polarización política, el negativismo, la subjetividad, las posiciones reduccionistas y las opiniones sin fundamento en nada aportan a una evaluación objetiva de los diez años de la Revolución Ciudadana.

No hay duda que el gobierno de Rafael Correa marcó un nuevo ciclo histórico en Ecuador, comparado con el que se vivió entre 1979-2006, al menos por tres razones: fue superado el modelo empresarial-neoliberal que privilegió los intereses del mercado y del capital; quedó atrás el Estado de partidos hegemonizado por una clase política tradicional causante del descalabro gubernamental entre 1996-2006; y se edificó una nueva institucionalidad estatal, con clara orientación social.

Ecuador ha vivido una década de estabilidad democrática, aunque bajo la oposición de tres sectores poderosos: las élites empresariales afectadas por el rumbo distinto de la economía; un sector de medios de comunicación convertido en vocero permanente del ‘anticorreísmo’; y las fuerzas del imperialismo, que en el nuevo milenio no han dejado de combatir a los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ en América Latina. Hay que sumar las rupturas entre el gobierno y antiguos aliados de la vieja izquierda marxista, las dirigencias de los divididos movimientos sociales y aquellos sectores de clases medias que se han sentido defraudados en sus expectativas políticas.

Aun así, es la ciudadanía la que consolidó al gobierno del presidente Correa y sus políticas, al respaldarle en 10 procesos electorales. Parece que esto tiende a olvidarse. Pero, además, hay que tomar en cuenta que el nuevo ciclo histórico abierto por el ‘correísmo’ (término absolutamente incorrecto para un análisis objetivo), se ha caracterizado por varias fases: la del auge constitucionalista (2007-2008), la de estabilización del proyecto de la Revolución Ciudadana (2009-2013), y la fase de replanteamientos institucionales (2014-2016), en la cual la recesión económica, que galopó desde 2015, afectó la radicalidad del proceso vivido en años anteriores.

En los dos últimos años, aunque el gobierno mantuvo los ejes de la nueva institucionalidad nacional y su orientación social, cayeron algunos índices y hubo giros contradictorios, con cierta flexibilidad laboral, las alianzas público-privadas, la ampliación de la explotación minera, medidas sobre la liquidez incluyendo el endeudamiento externo, y las negociaciones comerciales con la Unión Europea.

Sin duda se impuso la necesidad de dar respuestas a la crisis económica internacional que ha sido la base para los problemas y no el ‘modelo’ gubernamental, como a menudo se repite. Además, se han sumado los casos de corrupción. De modo que se tiende a juzgar la década por lo sucedido en la última fase, sin realizar una mirada de largo plazo.

Porque si se examinan informes y datos, no solo nacionales, sino de organismos internacionales, es imposible negar que ha habido una década ganada para Ecuador, que corre el riesgo de perderse si es que finalmente triunfa el proyecto de restauración del modelo empresarial, que añora la derecha económica y política del país.

Ecuador, lunes 16 de enero de 2017

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com

Publicado en El Telégrafo 16/1/2017