El asesinato de Berta Cáceres no frenará la vida del pueblo lenca

16/01/2017
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Entrevista a Tomas Gómez, coordinador del COPINH en Honduras

 

Esa es la conclusión medular a la que una arriba después de un intercambio con Tomás Gómez, coordinador de COPINH, organización cívica de pueblos originarios de Honduras. Durante Paradigmas Emancipatorios, evento que se realiza en La Habana, del 10 al 13 de enero, el conflicto cultural en torno al desarrollo en América Latina se distingue como el ojo de un huracán que deja nuevos y tristes estragos en la región. Sin embargo, este líder indígena vuelve a recordarnos que la contemporización del tema tiene que ver, sobre todo, con una deuda histórica, de reconocimiento e inclusión culturales nunca saldada.

 

El diálogo que proponía el brasileño Paulo Freire sigue también aletargado. En tanto el desencuentro limita la refundación como sueño y propuesta indígenas y de otros sectores, alienta la recurrencia a la guerra y la pérdida de vidas, callada o rotunda.

 

La recolonización de Honduras

 

Como pueblo lenca estamos en varios departamentos de Honduras, 8 de los 18 del país. Nuestro territorio es rico en oro, agua, plata, bosque, todas las riquezas naturales. Pero a la vez somos un pueblo diferenciado, un pueblo indígena que luchamos por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, lo cual se traduce en enfrentar a los monstruos, como decimos nosotros, que es el sistema neoliberal capitalista y su arremetida contra los pueblos.

 

Cuando fue el momento del saqueo, de la colonización, de la invasión brutal hacia las comunidades indígenas buscaron la manera de replegar a los pueblos a lugares donde hay muchos cerros, en sitios áridos donde no hay riqueza, donde realmente los pueblos no pudieran producir. Pero, con el transcurso del tiempo, han sobrevivido cultivando la tierra, han podido desarrollarse.

 

A partir de toda la arremetida de los ajustes estructurales, como le llama el Fondo Monetario Internacional, se dice que es en los territorios indígenas donde está la mayor riqueza natural. El poder económico los ve como el lugar para hacer mucha plata, y ven, además, la mano de obra barata, el sometimiento al pueblo, el despojo de los territorios, el saqueo y el exterminio de las comunidades.

 

Durante los años 80 y 90 acontece un 5% de la privatización de los territorios, que luego sigue aumentando. Pero, al mismo tiempo, se calificó a la población indígena como una minoría. Nosotros somos 9 pueblos indígenas, diferenciados como pueblo lenca, pero también hay pueblos garífunas, maya chortis, el pueblo misquita y tantos otros. Hemos hecho algunas encuestas y más del 50% de la población es de origen indígena. Sin embargo, el Estado, a través de sus métodos de educación, de censos poblacionales ha ido disminuyendo la población porque le interesa que no haya indígenas y así evitar el apoyo, el amparo mayor a nuestra lucha que se da desde la autonomía y autodeterminación de los pueblos.

 

Dentro del engranaje del Estado no ha habido nunca una garantía constitucional que pueda facilitar nuestro desarrollo, con nuestras creencias y cultura. Más bien ha habido una política de exterminio, por ejemplo, la iglesia católica y la evangélica han jugado un papel en beneficio de este poder económico y político y han buscado la manera de intentar eliminar todas las formas de creencia de las comunidades indígenas y de vida como nuestras actividades ceremoniales.

 

Resistencia y organización

 

Ven que la Constitución de la República nos desampara como pueblos indígenas, pero no ven que hay pueblos resistentes.

 

Cuando vinieron los colonizadores, Lempira que era un líder indígena de una tribu del pueblo lenca, y otros líderes, se unen para luchar. El pueblo lenca fue el más golpeado, pero también el más exterminado en su idioma. Sometieron brutalmente a muchos indígenas porque no eran entendidos cuando hablaban. Pero también, a partir de ahí, nosotros traemos en nuestra sangre la rebeldía y es por eso que asesinan a nuestra compañera Berta Cáceres.

 

El Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) surge en 1993 para reivindicar nuestra identidad cultural y defender nuestros bienes comunes de la naturaleza, para luchar contra un poder o poderes hegemónicos, el político y el económico; dentro de ellos, para poder acaparar los territorios, tienen el ejecutivo y el judicial. El COPINH se organiza como alterativa al modelo de ajuste estructural.

 

El COPINH ha venido siendo un referente de resistencia, de propuesta, de inspiración para otros territorios, por ejemplo, campesinos, que también son de origen indígena. Están conscientes de la importancia de seguir el camino que ha venido construyendo el pueblo lenca.

 

Hemos visto la resistencia que tuvo y sigue teniendo COPINH en Río Blanco, en Atlántida. También ha habido levantamientos territoriales, municipales que han logrado detener varias concesiones en sus territorios, o los llamados cabildos abiertos en las alcaldías oficiales. Esa propuesta ha calado no solo en el territorio hondureño porque hemos podido ver que cuando nos encontramos con compañeros y compañeras de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, a pesar de que este último tiene otro contexto, estamos de acuerdo en la necesidad de la construcción desde abajo y que sea pluricultural, que sea una propuesta inclusiva de todos los sectores sociales de un país.

 

Más privatización

 

A partir del 2000 hasta la actualidad, hay una mayor presencia en el país de las empresas privadas para lo que ellos dicen, el desarrollo económico en Honduras. Y no es así. Nos meten en regímenes especiales que antes eran las ciudades modelos y ahora son Zonas de Desarrollo y Empleo Económico, las cuales están por regímenes, por ejemplo, agroindustrial, energético, minero, turístico, o sea, tienen 13 ramas y eso significa que de un 25 % del territorio hondureño concesionado al poder económico y político transnacional hoy es un 35%.

 

Ello se ha traducido en más organización y lucha, pero también en mayor peligro porque el mismo Estado ha ido creando leyes para favorecer a la empresa privada, pero también para poner en desventaja a las comunidades indígenas. Ahí es donde nosotros buscamos nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas.

 

Refundar desde abajo

 

El COPINH siempre ha creído que es necesaria una refundación del país. No estamos hablando solo de la constitución, sino que, en primer lugar, se necesita cambiar el pensamiento capitalista patriarcal para luego trabajar por una nueva asamblea nacional constituyente, con una construcción desde los cimientos, y así crear una constitución que garantice y vele por la multiculturalidad que hay en las comunidades, que acabe con estas formas de criminalización, estigmatización y asesinato hacia las comunidades, donde tengamos el derecho como pueblos indígenas de arremeter contra las empresas que nos afectan, donde haya inclusión y no exclusión. La lucha nuestra es para que exista un proceso de consultamiento en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

 

Creemos que esa lucha la mantenemos a nivel de las redes de organizaciones que hay en Honduras y en las comunidades. Hemos hecho dos encuentros por la refundación del país, uno antes del golpe de Estado y otro después, donde la Declaración de las caminatas resume nuestro posicionamiento sobre lo que debe ser la constitución de la República. Ese es otro de los retos porque el poder económico y político está planteando una nueva constitución, pero ya hay propuestas desde los pueblos indígenas.

 

La investigación en torno a la líder Berta Cáceres

 

El objetivo del asesinato ha sido detener una exigencia del territorio lenca, pero también frenar el levantamiento de otras comunidades. Con el asesinato de Berta querían destruir a una organización como el COPINH que es beligerante, que moviliza a los territorios y que se enfrenta a las concesiones que nos matan a pausa porque nos quitan nuestra soberanía alimentaria, al quitarnos el agua, la tierra, el oxígeno y no poder producir. También lo que quieren es que seamos peones del patrón y que el único dueño del territorio sea la empresa privada.

 

Ellos querían frenar otros levantamientos de Centroamérica, sobre todo dirigidos por mujeres y que tienen una postura contra el patriarcado. Ese proceso llevaba a la liberación de muchos pueblos indígenas. Cuando hay una organización, un pueblo, una mujer coordinando significa una amenaza fuerte al poder económico y político, al Banco Mundial. Nosotros pudimos también parar un préstamo millonario, más de 30 millones de dólares que le iban a dar a Sinohydro en Honduras. Cuando se ve que Berta le dobla el brazo a este poder del banco económico mundial, primero la criminalizan, la quieren meter presa, le hacen intentos de asesinato y amenazas para que dejara ese apasionamiento claro y también ha habido campañas en los medios contra el COPINH.

 

La empresa DESA cada semana tiraba un dossier con unas 15 o 20 páginas describiendo con lujo de detalles quién es el COPINH, diciendo que estamos obstaculizando el desarrollo, ligados al narcotráfico, y todavía lo hacen. En la actualidad hay más de 25 compañeros amenazados; la coordinación general, igual, con varios atentados.

 

El caso de Berta Cáceres está en la impunidad. El Estado no quiere que se esclarezca porque están involucrados varios factores, la empresa privada, el poder político del país. Si hubiera justicia el primero en estar preso sería Juan Orlando Hernández porque era presidente del Congreso Nacional cuando aprobó este concesionamiento. No se quieren tocar los actores materiales fuertes ni los intelectuales.

 

Por eso hemos pedido la instalación de la Comisión independiente, la cancelación de los 50 concesionamientos a los que se enfrenta el COPINH, la cancelación de la ley de minería. Ven que no es necesario seguir con la investigación, sino alargarla para que quede en el olvido. No tenemos confianza porque estas mismas entidades que querían meter presa a Berta son quienes llevan el caso. Este continuará en la impunidad mientras no haya comisión independiente, y expertos y expertas en temas que tengan que ver con el engranaje del Estado hondureño.

 

Las demandas continuarán

 

Con la DESA, dueña del complejo hidroeléctrico de Agua Zarca, hay varios factores como los bancos intermedios, nacionales y el banco centroamericano de integración económica, el banco finlandés, Finn Fund y el holandés FMO. Estos fondos pasan al banco centroamericano de integración económica. Berta como coordinadora había mandado varias cartas a los bancos finlandés y holandés, diciéndoles que no podían invertir en el proyecto porque había ilegalidades, inconsistencias y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Los bancos hicieron caso omiso. En el 20015 cuando asesinan a Berta emiten un comunicado donde dicen que no apoyarían más el proyecto.

 

Si el banco hubiese desistido de financiar, posiblemente Berta estuviera viva, si el Estado hubiera parado el proyecto Agua Zarca en su momento, Berta estuviera viva. Hoy existe un procedimiento donde el banco finlandés quiere salirse amistosamente, donde no genere inconformidad de la comunidad. Pero la comunidad de Río Blanco ha sido enfática, ha reclamado que deje además el financiamiento a unas 50 concesiones, y ha dicho que no hay condiciones para hacer consulta en el territorio porque ya había informado sobre las ilegalidades en el proyecto antes del asesinato de Berta Cáceres. Estas son demandas que continuaremos en el 2017.

 

Autodesarrollo comunitario

 

Nosotros somos una organización antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal y antisistémica. El COPINH surge para reivindicar nuestros derechos, y lo que estamos desarrollando en las diferentes comunidades es la formación política principalmente para ser autosostenibles, apostándole al desarrollo comunitario donde haya producciones alternativas, donde haya maíz, frijoles, naranja, café y sea esa la fuente económica de las comunidades. También le apostamos por el abono orgánico.

 

La propuesta primero es el acceso a la tierra y a la posibilidad de producción. La comunidad de Río Blanco tenía que salir a la altura del 2013 a comprar maíz a otros dos departamentos, Intibucá y Santa Bárbara porque la empresa DESA tenía usurpado todos los territorios de las comunidades indígenas donde se podía producir maíz. Al recuperarse la tierra, teniendo en cuenta que hay un título de 1847, un título ancestral entregado por la corona, empiezan a sembrar productos y hoy ya no hay crisis alimentaria, sino que van a esos departamentos a vender su maíz.

 

Otros de los aspectos además de la soberanía alimentaria, es la salud alternativa, y le estamos apostando a una escuela con un enfoque intercultural, bilingüe, como decimos nosotros, donde hay enfermeros y personas que se preparan. Otro aspecto es la educación porque hoy todo es una mercancía, porque hasta nuestra salud es una mercancía, mientras nosotros creemos que se trata de algo colectivo, y por tanto, creamos esas formas alternativas al modelo neoliberal que está afectando a nuestro pueblo.

 

https://www.alainet.org/es/articulo/182858?language=es
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