La concentración de la propiedad en el mundo de los medios de comunicación, tal como veremos a lo largo de este trabajo, atenta en más de un sentido contra la igualdad y la libertad de la ciudadanía en la sociedad contemporánea. Por un lado, los medios de comunicación son una pieza clave en la construcción de sujetos sociales y de la agenda pública. Son, en tal carácter, grandes productores de hegemonía, en la medida que elaboran creencias, percepciones, gustos, usos, mentalidades, opiniones, estados de ánimo, valores e identidades, tanto al interior de una comunidad nacional como –en el marco de la segunda globalización– a escala planetaria. De esta manera, podemos armar que el control sobre los medios es un componente crucial del control social.

La concentración y centralización de la propiedad en los distintos rubros infocomunicacionales (concentración conglomeral) (1), conlleva una homogeneización del discurso, y por lo mismo, un a_anzamiento de la dominación de ciertos grupos sociales sobre el resto, consolidando relaciones de poder económicas, políticas y culturales.

Este escenario afecta de manera singular el derecho a la comunicación, consistente en “los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades para ingresar en la agenda temática de la sociedad, en la producción de mensajes, en el intercambio de ideas, en el debate” (2)  (Coalición por una Radiodifusión Democrática, 2004). Tanto la libertad de producir y reproducir información como la posibilidad de recibirla adecuadamente, quedan recortadas para gran parte de la población y las desigualdades materiales y simbólicas se profundizan.

Por otro lado, esa concentración de la propiedad tiene una arista que nos interesa particularmente. Nos referimos a la forma en que impacta sobre la situación específica de los trabajadores de prensa, quienes ven dañadas sus condiciones de empleo a partir, entre otras cosas, de la monopolización de la fuente laboral. Al mismo tiempo, queda recortada para éstos la libertad de expresarse por fuera de la línea editorial establecida por los intereses particulares de las corporaciones que controlan la industria infocomunicacional (audiovisual, telecomunicaciones, editorial e informática), las cuales soslayan tanto el carácter cultural de los bienes y servicios informativos, como el interés público que los subyace.

Es así como la libertad de prensa corre el peligro de convertirse en libertad de empresa, relativizando el derecho a la comunicación y a la cultura, y colisionando con los principios de pluralidad y diversidad, ejes insoslayables del sistema democrático.

Nota

1. Acompañado por un proceso de descentralización de la producción a partir de la nuevas tecnologías.

2.  Consideramos que el derecho a la comunicación tiene un carácter integral, y en el mismo pueden ser comprendidos la libertad de expresión y el acceso a la información

Federación Internacional de Periodistas

Oficina Regional Latinoamericana y el Caribe

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