Con una invitación a un diálogo de “buena fe” el estado de Honduras intentó subsanar los interrogantes planteados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Audiencia Temática sobre “los pueblos indígenas en s el derecho a la consulta previa”, efectuada a inicios del mes de diciembre en Panamá;  eludiendo de esta forma responder a los señalamientos sobre el asesinato de Berta Cáceres y  la criminalización sistemática de las defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, además de la distorsión estatal del derecho a la consulta, que viene promoviendo la actual administración gubernamental.

Hasta la fecha, la mala fe del Estado ha sido evidente en todo el proceso de elaboración de la Ley de Consulta para la obtención del consentimiento, previo, libre e informada; sumándose a una actitud represiva, en la que los opositores a los proyectos de "desarrollo" son eliminados o proseguidos, por un sistema judicial que desconoce la independencia de poderes además de estar sumido en la impunidad.

Según la versión de la delegación del Estado, no existe una ofensiva para desposeer a los pueblos indígenas de su territorio, desconociendo de esta forma la entrega de la costa norte al crimen organizado, y los cientos de proyectos extractivos y de generación de energía “limpia” que han sido concedidos sin consulta alguna con las comunidades indígenas.

La necropoltica que viene ejerciendo la élite de poder en Honduras, ha dejado como resultado la eliminación física de los opositores. El asesinato y persecución de indígenas ha sustituido los procesos de consulta; los que en caso de haberse efectuado, no han pasado de ser simples socializaciones.

El comisionado de la CIDH, José Eguiguren Praeli, relator de los pueblos indígenas, planteó una pregunta en la Audiencia Temática tanto al estado como a los pueblos indígenas sobre el concepto del consentimiento. En la versión del anteproyecto de ley exhibido en los talleres de socialización -que fueron en primera instancia denominados por el Estado y el PNUD como talleres de consulta- fue excluido totalmente el consentimiento.

Para el pueblo garífuna el consentimiento está relacionado directamente con la libre determinación reconocida por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) la que en su artículo 3 señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

El Estado de Honduras manifestó en el 143 Período de Audiencias efectuadas en Washington en octubre del 2011, sobre las violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras, “el derecho a la consulta no otorga el derecho al veto”. Lo que el Estado denomina el derecho al veto, no es más que la libre determinación de los pueblos indígenas, consagrada en DNUDPI.

La libre determinación de los pueblos indígenas en Honduras ha sido desconocida y frecuentemente violada. Basta recordar la lluvia de decretos y leyes nocivos para los pueblos que fueron aprobados sin consulta alguna o  desde el golpe de estado (2009) hasta la fecha: Ley de Aguas, decretos de energía limpia, Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE), entre otras.

El Estado continúa intentando imponer la versión de ley de consulta trasplantada desde el Perú, para lo cual contrataron a Iván Lanegra y un equipo de juristas de ese país, para que elaboraran una caricatura nociva de la versión del Perú. Ahora parece que los peruanos son suplantados por la Sra. Ana Pineda, ex Ministra de Derechos Humanos del régimen de Porfirio Lobo. Cabe señalar que la Sra. Pineda formó parte del gabinete que aprobó las leyes más nocivas, para los pueblos indígenas.

En un documento que apareció la semana pasada, firmado por la Sra. Pineda, desconoce la condición de pueblo indígena de los Garífunas, reduciéndonos una vez más a afrodescendientes. Es importante señalar que el pueblo Garífuna hablamos un idioma arawak-caribe proveniente de la cuenca del caribe, en donde surge nuestra cultura como un sincretismo entre africanos e indígenas Kalinagu,

Hasta la fecha conservamos el idioma y religión que heredamos de nuestros ancestros indígenas arawak-caribe. La ignorancia supina de los que insisten en convertirnos en una minoría étnica, tiene un trasfondo político. Para algunos juristas confundir adrede raza y cultura no es más una estrategia de racismo y dominación.

El artículo 26 de la Convención de Viena indica que "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Después de 21 años de haber sido ratificado el Convenio 169, el estado de Honduras no ha demostrado buena fe en su aplicación eludiendo de esta forma el pacta sunt servanda (lo pactado debe honrarse).

Como lo señala la Relatora para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la Sra. Vicky Tauli-Corpuz, en relación al proceso de elaboración de la Ley de Consulta: Por tanto, parecieran existir problemas de legitimidad en relación con este proceso que exigen un esfuerzo concertado por las parte del gobierno y del sistema de la ONU en Honduras para garantizar una mayor inclusión de todos los pueblos y organizaciones indígenas".

La actitud asumida por los representantes del estado en la Audiencia Temática, de la CIDH, es un indicador de que no cejarán de tratar de imponer una ley de consulta distorsionada donde el estado tenga la última palabra, desconociendo el derecho a la libre determinación que poseemos los pueblos indígenas.

Mientras tanto las investigaciones sobre el crimen de Berta Cáceres - la cual fue asesinada por su defensa acérrima del derecho a la consulta previa- se dilatan eternamente sin que se efectúe la detención de los autores intelectuales, los funcionarios estatales continúan demostrando la habitual en materia de derechos humanos.

Sambo Creek, 13 de diciembre de 2016.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH