En política no existen casualidades, sino causalidades. Lo anterior queda más que claro por millonésima ocasión, al usar como pretexto la ceremonia por el 106 aniversario del inicio de la Revolución mexicana, convertida por el anterior y el actual grupo gobernantes (panista y priista), en El buen fin de los corporativos mexicanos y multinacionales para incrementar ventas y utilidades. Para que los consumidores aumenten sus deudas y el respectivo pago de intereses a la banca trasnacional, gananciosa como ninguna en la aldea global tras la “modernización” (de ayer) de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Como hoy sucede con los energéticos.

Y México no tenía por qué ser una excepción. Mientras Vidal Francisco Soberón defendió con un discurso de tono subido, exigente, en el Campo Marte, que las fuerzas armadas participen en acciones de seguridad pública, “pese a las dudas e inquietudes de quienes consideran que ésta no es nuestra misión”; Salvador Cienfuegos avalaba la iniciativa de ley del Partido Revolucionario Institucional para crear una ley de seguridad interior, que otorgue un marco jurídico al Ejército y la Marina para “el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, como el narcotráfico e incluso la corrupción (sic)”.

La iniciativa del coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, y la legisladora Martha Tamayo, contempla “distinguir la seguridad nacional de la interior”, y prevé la participación de las fuerzas armadas “en acciones de orden interno”.

La propuesta de Camacho Quiroz y Tamayo prevé que “militares y marinos puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información” y obligaría a las instituciones del gobierno y órganos autónomos “a proporcionar información”.

En tanto que el almirante y titular de la Secretaría de Marina, al que varios colegas critican el uso de un escritorio valuado en más de 500 mil pesos de antes de su pronunciada devaluación de los últimos cuatro años, demandó formular un marco jurídico que impida el estado de incertidumbre en el que soldados, pilotos y marinos hemos permanecido, que brinde certeza jurídica a nuestro actuar y descarte cualquier vacío legal.

El fantasma de la rendición de cuentas por las muchas tropelías realizadas en el combate al narcotráfico con Felipe Calderón y Enrique Peña, tiene demasiado nerviosa a la cúpula castrense porque sabe mejor que nadie sobre los atropellos cometidos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas y robos, documentados por organismos civiles mexicanos y globales, además de la Organización de las Naciones Unidas.

Es decir: Por un lado se “exige” en la plaza pública, ajena constitucionalmente a los hombres de armas, y por otro se negocia con el partido del grupo gobernante, nuevas y mayores posibles responsabilidades del Ejército y la Marina en tareas de seguridad interior reservadas a los civiles. Además del uso de una práctica facciosa, no abierta a los partidos, el general secretario y el almirante auspician una mayor militarización de la vida pública, para que las fuerzas armadas operen “incluso (contra) la corrupción (sic). ¿Y quién se ocupará de la corrupción en las secretarías de Marina y de la Defensa?

En ese ominoso panorama legislativo, el presidente Peña Nieto presumió la “unidad de las fuerzas armadas” como para que “todos los mexicanos sigan su ejemplo”. Unidad sustentada en la disciplina, su naturaleza vertical y la operación en base órdenes. ¿Eso quiere de sus paisanos?

http://www.forumenlinea.com/site/

https://www.facebook.com/forumenlinea

@IbarraAguirreEd

forum@forumenlinea.com