Tras la concreción del segundo acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) las organizaciones integrantes del movimiento político y social Marcha Patriótica reportaron el asesinato de tres dirigentes campesinos en los departamentos de Caquetá y Meta, solo en un fin de semana, lo que refleja la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición política. Mientras, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito se demoran por manipulaciones del gobierno.

Los colombianos han sobrevivido los últimos 52 años soportando guerras, torturas, asesinatos, desapariciones, masacres… Millones de colombianos fueron desplazados de sus tierras, sus querencias, miles y miles fueron muertos, otros muchos tuvieron que exiliarse. Toda esta realidad fue, generalmente, invisibilizada y ocultada por los medios masivos de comunicación, bajo la muletilla de la “democracia más longeva del continente”.

Y en este marco, la prensa hegemónica, concentrada como en casi todos nuestros países, cartelizada como en pocos, impuso el clima de guerra, de represión, que solo beneficiaba a los dueños de las tierras y de los negocios, fueran éstos legales o no, no importaba. Los medios han jugado un papel central en la disputa (más bien en la imposición) de sentidos, construyendo un relato de país democrático con una de las economías más sólidas de la región –argumento por demás rebatible, con grandes mayorías empobrecidas, excluidas de la educación, de la salud, de la nutrición, de la vivienda; con 40% de pobreza rural- legitimando sus acciones.

La verdad de la economía

Como a otras economías latinoamericanas, los altos precios de las materias primas (sobre todo el petróleo -48% de las exportaciones pese a sus escasas reservas- y los minerales) en la primera década del milenio hicieron crecer los datos macroeconómicos de la economía a un promedio del 5% interanual entre 2002 y 2013.

Hoy, presidente y vicepresidente, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, junto al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, hablan de una crítica situación y de graves problemas fiscales, argumento para una nueva reforma tributaria, reducción de más de 5.500 millones de dólares en el presupuesto nacional y un déficit del 6,5% en la cuenta corriente del PIB, junto a una notable retracción (de más del 35%) a junio de este año.

El programa de Santos no es diferente al de Álvaro Uribe: profundizar el ajuste neoliberal, suscribir tratados de libre comercio, exención impositiva a grandes empresas, esgrimiendo el acuerdo de paz de la guerrilla como zanahoria para la seguridad de futuras inversiones. Mientras, se resiste con una economía de guerra, militarista, y continúan los despojos de tierras y la aniquilación de quienes se opongan a ello. Quizá haya matices que los diferencian: el modelo uribista es autoritario, tradicionalista y conservador, el santista tecnócrata y pragmático, pero ambos se retroalimentan.

Las medidas neoliberales, alertan desde los sectores populares, no cambiarán las realidades sociales de un país ubicado séptimo entre los más desiguales del mundo, donde el 1% de la población más rica es dueña de más del 20% de la riqueza, situación que se agrava fuera de las grandes metrópolis.

Desde la puesta en marcha de los acuerdos de paz con las FRAC y el ELN, los sectores populares se lanzaron a disputar los sentidos de la construcción de la paz, con la lucha por la justicia social como bandera, pero lejos está de construirse un proyecto político, un proyecto unívoco, alternativo y unitario de país y mucho menos con posibilidades electorales, de cara a las presidenciales de 2018.

La izquierda no ha logrado interpelar la ideología y praxis neoliberal, ni explicar el papel de justiciero social que puede desempeñar la redistribución de la riqueza a favor de las mayorías, de la mano de una producción y exportación de la producción con valor agregado, y no solo de sus agotables recursos naturales. La fortalezas de la derecha son la unidad en torno a un camino económico neoliberal y una hegemonía mediática, basada en la concentración en manos de pocos y poderosos grupos económicos, que han lucrado con la guerra.

La prensa hegemónica está encabezada por varios grupos empresarios, que tiene a sus medios como cabezas de playa de sus intereses económicos y políticos: Organización Luís Carlos Sarmiento Angulo (El Tiempo, City TV entre otros), Organización Ardila Lulle (RCN, NTN24), el Grupo Santo Domingo (Caracol TV, El Espectador, Cromos, radio Blu), la Organización Radial Olímpica, Felipe López Caballero (Revistas Semana y Dinero) y el grupo español Prisa, propietaria de Radio Caracol.

Ellos escribieron el relato de la larga noche de la guerra, de acuerdo a sus intereses y a los de sus patrocinadores y crearon el imaginario para permitir la instalación de nueve bases estadounidenses en el país.

La llamada gran prensa, la comercial, mostró como único camino el de la paz romana o la paz de los sepulcros, que no es otra que defender la guerra para vencer a la insurgencia y llevarla en condiciones de derrota a la claudicación en la mesa de diálogo.

Ya son varias las generaciones que han nacido y se han criado en Colombia en el contexto de la guerra y han tenido que acostumbrarse a magnicidios, violencia, desapariciones, desplazamientos, secuestros, torturas. La falta de un posconflicto por más de 50 años hizo que los colombianos no pudieran “vomitar sus muertes” (Saramago dixit) o sea, no han podido analizarse, en una situación pacificada, para aprender de sus errores y no volver a repetirlos.

Una comunicación para la paz

Y en una guerra, la primera víctima es la verdad. En una nación sumida desde hace más de cinco décadas en un conflicto social y político de expresión no solo violenta sino también armada, la peor parte de esa política de satanización de los medios recayó en el eslabón más débil de la cadena: los medios no comerciales, alternativos o independientes, populares, étnicos y/o comunitarios.

Y la mejor parte la llevó por varias décadas una alta burguesía que, en su afán por el lucro, siempre se opuso a una política de paz que mermara sus ganancias. Quizás por temor a los cambios democráticos y sobre todo a ser afectados en sus intereses económicos y de influencia en la opinión pública, es que los dueños de los medios han definido por décadas una línea adversa a las negociaciones de paz y hostil a toda iniciativa y propuesta de la guerrilla.

¿Cómo hablar de una comunicación para la paz en un país donde hasta no hace mucho tiempo el gobierno negaba la existencia de un conflicto, donde los periodistas y los medios se abstenían de hablar de los falsos positivos y de las masacres de campesinos e indígenas? ¿Cómo hablar de paz en un país que aloja bases extranjeras? ¿Cómo se hace para cambiar el chip? ¿Será que los grandes medios se volvieron democráticos? ¿O será que la guerra ya no es negocio y que ahora para los negocios hace falta la paz?

El éxito de los acuerdo de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y del ELN abrirá la posibilidad de construir una democracia con garantías básicas para el respeto a la vida y la libertad de expresión, y los compromisos en materia social, política y económica generarán un ambiente democratizador de los escenarios políticos, económicos y culturales del país. La derecha sabe la importancia simbólica y práctica de los acuerdos de paz. Por un lado es una opción para salir de la crisis económica y política y por ello tratan de cercenar el contenido social y democratizador de los mismos.

Aram Aharonian y Álvaro Verzi Rangel

Analistas e investigadores del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico