Hasta qué punto una reforma constitucional puede transformar las condiciones de vida de una nación, es algo que recorre tácitamente el debate en torno a la iniciativa del Frente Amplio uruguayo (FA) en el Congreso Rodney Arismendi del próximo fin de semana. Hasta qué punto sus dirigentes y delegados están dispuestos a transformar radicalmente la política, incluyendo la distribución o limitación de su propio poder en la ciudadanía acompaña hoy algunos de los debates. La discusión no está exenta de intereses y pasión.

Dentro del FA se acrecentó exponencialmente la producción de insumos documentales resultado de reuniones y debates en los diversos ámbitos de participación, como los comités de base, los partidos integrantes y los movimientos sociales. No conozco todos los textos, pero de entre los recibidos, destaco particularmente dos. Un detallado trabajo de enmiendas al documento sobre valores y principios, suscripto por varias agrupaciones como el PVP o el Partido Comunista, además de destacados dirigentes independientes y ex integrantes del poder ejecutivo, que aporta horizontes más nítidos hacia los que transitar (además de ciertos rumbos posibles para hallarlos en caso de bruma ideológica). El otro provino del encuentro de la Unidad Temática “Derechos de las ciudadanas” realizado en La Paloma el pasado fin de semana, que arriba a conclusiones más concisas, aunque de espesura de definiciones que considero tan valorable como el anterior. Intenta propositivamente imprimir la visión de género en todas las dimensiones posibles (tanto en el lenguaje cuanto en las prácticas) y propone añadir a la autodefinición frentista antiimperialista y antioligárquica, la antipatriarcal y antirracista. Al igual que otros trabajos encomiables, discurre sobre aspectos cardinales de revisión y actualización de principios que, como sostuve en alguna otra oportunidad, resultan indispensables para orientar y fundamentar un proyecto de reforma constitucional. Pero en todos los trabajos a los que tengo acceso, el acento está puesto en los primeros 4 capítulos, que abordan cuestiones de los propios principios, tradiciones y afirmaciones ideológicas, la relación con el mundo, la agenda de derechos, el desarrollo, el Estado o el mercado. Pero declinan su potencia crítica y propositiva en el último capítulo referido a la institucionalidad y el poder. Precisamente aquel sobre el que se concentra el documento del Comité de Base Fernando Morroni, en el que participo desde Argentina.

Quizás las razones tengan que ver con la propia institucionalidad y práctica conservadora del FA. Por un lado, su reticencia a las revisiones profundas de sus limitaciones estatutarias en materia de distribución del poder. Y por el otro -más importante aún- la que corresponde a su praxis, que no viene explotando todas las posibilidades de intervención de su integrantes en las decisiones. Por ejemplo, desde 1992, el estatuto prevé institutos de democracia directa que nunca lograron ponerse en práctica. Es el caso del referéndum como instancia decisoria o el plebiscito interno a solicitud de la cuarta parte los adherentes oficialmente registrados, aunque con algunos límites respecto a la modificación del propio estatuto o bien a los documentos fundacionales. Inclusive, la democraticidad inexplorada no termina allí ya que contempla mecanismos revocatorios de decisiones a través del instituto del plebiscito o suspensivos de una decisión hasta la efectivización plebiscitaria. Hay allí, además, precisiones sobre el carácter de mandato expreso por parte de los representantes y delegados y también libertades que pueden concederse con debidas justificaciones siempre que no contradigan principios fundantes.

No sólo las normas sino simultáneamente las prácticas de los partidos o movimientos políticos reflejan concepciones del poder, y de la distribución o concentración del mismo en su mecánica concreta. Tanto como resulta una prefiguración (no necesariamente especular o perfecta, pero al menos aproximada) de lo que será su gobierno en caso de acceder a él y del tipo de sociedad que se propone construir. Los partidos son también ejercicios institucionales con los que cada parcialidad delinea una concepción del porvenir deseable y posible para el conjunto de la sociedad. Pero no me importa discutir ahora a todos los partidos, sino particularmente al único que concita mi interés y participación: el FA. Y el enfoque sobre su propia práctica permite sostener una hipótesis explicativa -al menos algún componente fundamental- de la aquiescencia frentista para con la democracia liberal-fiduciaria y la autonomía de los dirigentes y representantes.

No afirmo que su dinámica sea equiparable a la de los partidos del régimen, sino en todo caso que está a mitad de camino entre la conservación del mismo y su superación. Justamente porque el FA no es un partido de líderes profesionales que se involucran mediáticamente con electores manipulando sus preferencias a través de la publicidad o los slogans dejando a la ciudanía en su pasivo rol receptivo de las iniciativas gubernamentales. Tampoco apuesta a la molicie ciudadana y la despolitización. Por el contrario, es un movimiento político de cuadros movilizados, insertos en los territorios, los movimientos sociales y de la sociedad civil que no consideran al voto más que un momento de la actividad política. Su objetivo no es electoralista, aunque concentre buena parte de sus intervenciones políticas en conquistar el voto con fines transformadores y movilizadores.

Es deseable, pero no indispensable, conquistar altos niveles de igualdad material para expandir las libertades civiles, para liberar a la ciudadanía del desaliento de la representación fiduciaria y sus posibles estafas. Las experiencias históricas que lograron reducir drásticamente la desigualdad, lo hicieron lamentablemente a costa de la concentración del poder de oligarquías partidarias y burocráticas, amparadas en el mito ideológico que postula que la democraticidad creciente llegaría como un producto mecánico de la igualdad material. No importa discutir aquí mitologías sino sobre realismo. Aquel de lo imposible que inspiró al mayo francés y que reverbera aún en la indignación popular, aunque en ocasiones se tiña de indiferencia y hasta de repulsión por los asuntos de la polis y la organización política.

A la vez, no creo factible a corto o mediano plazo que Uruguay pueda superar las relaciones de producción capitalistas con su salvaje carácter depredatorio, sin que tal transformación se internacionalice y lo cuente como un protagonista más. No deprecio por ello cada paso que pueda darse para mitigar las inequidades, violencia y miserias que el capitalismo reproduce en su devenir. No por apoyar entusiastamente toda medida reformista que logre arrancar alguna conquista material al capital podemos olvidar que se trata de paliativos. La utopía igualitaria requiere además de una alternativa emancipatoria, es decir de un conjunto de estrategias que puedan hacer viable una aproximación gradual a esa sociedad ideal que evoca la utopía. Lo que es indispensable reconstruir hoy es esa alternativa, cosa que probablemente estimulará a la recreación del ideal utópico.

Para eso se necesita transformar radicalmente la institucionalidad en un sentido distributivo del poder, que en otros textos llamé “revolución política”, forzando una analogía con la conclusión de Trotsky respecto a la URSS. Él sostenía que el poder político le había sido expropiado al proletariado por la burocracia estalinista requiriendo de tal revolución para democratizar la sociedad soviética aunque conservando las principales conquistas revolucionarias. No se trata aquí de sustituir a los dirigentes y representantes por el espontaneísmo basista. Tampoco de reunir a la ciudadanía en una asamblea cotidiana sino de circunscribir el rol de los representantes al de adopción de las decisiones, acciones y disputas para las que han sido explícitamente mandatados por sus electores a través de un detallado programa. O bien organizar la información, las deliberaciones y los mecanismos institucionales para el ejercicio de la democracia directa en aspectos no contemplados en el programa por cualquier razón. Que se sometan a la vez a evaluación y control de sus mandantes sobre las acciones para las que han sido mandatados. En otros términos, que incluya institutos como el mandato imperativo y la revocación del mandato.

El FA habría ganado en legitimidad para proponer el camino de una reforma constitucional desde cero, si “por casa” hubiera adoptado estas orientaciones y prácticas. Posiblemente también hubiera contenido parte de las atonías y deserciones de la participación de base y la movilización en general.

La alternativa emancipatoria a cultivar, no se siembra sin las semillas de la utopía.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en Diario La República, 20/11/2016