Las marchas de los indignados contra la corrupción y la impunidad concluyeron con la llegada al país de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La propuesta inicial de parte de la dirigencia indignada era la llega a Honduras de una Comisión de las Naciones Unidas al estilo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tuviera facultades no solo de acompañar el trabajo de los operadores de justicia sino también perseguir el delito, formular y reformar leyes y decretos y, sobre todo, llevar a los delincuentes de “cuello blanco” a los tribunales de justicia.

Y esta es quizá una de las principales diferencias entre la MACCIH y la CICIG, ya que la primera es una Misión de acompañamiento y la segunda puede incluso investigar y llevar a los Tribunales de Justicia a funcionarios responsables de impartir justicia. La CICIG “puede ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciativa del Ministerio Publico en el caso de delitos presuntamente cometidos por miembros de aquellas estructuras criminales que son objeto de mandato de la Comisión”, y que abarcan incluso a altos funcionarios de los poderes de Estado constituidos. Aunque ambas gozan de autonomía política, organizacional y financiera, es obvio que la MACCIH tiene que compartir e integrarse a los procesos de reforma institucional liderados por el Congreso de la Republica, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía.

El cambio de CICIG por MACCIH fue una estrategia del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y la OEA, en especial su presidente, Luis Almagro, que tuvo éxito. No solo se debilitó en sus competencias y funciones, sino también en su capacidad de incidencia en las instituciones de gobierno y poderes legislativo y judicial, para mejorar el sistema de partimiento de justicia y efectividad en las acciones contra la corrupción e impunidad. Ello fue acompañado de una máscara internacional de apoyo por los gobiernos agrupados en el G-16, en especial de la Embajada Americana al financiar EEUU la mayor parte de su presupuesto.

Desde la dirigencia indignada, fueron pocos los que vieron en la MACCIH una trampa en su lucha contra la corrupción e impunidad, otorgando un compás de espera a sus acciones. Parte de esta dirigencia fue “becada”, en el sentido genérico del término, ya que se otorgaron visas para viajar a EEUU y otros países, conocer de las experiencias y recibir formación básica en ciencias políticas.

Hoy que cumplen cerca de 7 meses de la llegada de la MACCIH, con Juan Jiménez Mayor, un abogado peruano con una sólida formación académica y práctica pública puesta a prueba (Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú), la frustración es evidente. Organizaciones de Sociedad Civil miran a la MACCIH como otro esfuerzo frustrado, pero también como el afianzamiento institucional de un sistema corrupto en el país. Otras, ligadas a los partidos de oposición y al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), como una “tomada de pelo” por el gobierno y la dirigencia política. En el caso de la ciudadanía y pueblo en general, la respuesta es que es más de lo mismo.

Y para la mayoría de diputados, es un ente burocrático sujeto a las leyes y decisiones de las autoridades públicas, aunque estas fomenten la corrupción e impunidad. La dirigencia de los partidos políticos también participan de este circo, ya que por un lado invocan a la MACCIH para combatir la corrupción del gobierno y, por el otro, se benefian de las acciones tomadas que conspiran en su contra.

Recién el Congreso de la República aprobó la Ley que regula el monto del financiamiento de las campañas políticas, aunque todavía no se ha reglamentado. Curiosamente, el mayor beneficiario de esta Ley, es el Partido de Gobierno que controla los fondos públicos utilizados para compensar efectos negativos del ajuste económico neoliberal avalado por el FMI y los países del G-16. Entre estos programas destacan el de “Vida Mejor”, que otorga bonos a las familias en situación de pobreza bajo un control por parte de casa de gobierno; se habla de más de 400,000 mil familias beneficiadas en 2015.

También se nombraron los nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (¿cuentos?), donde el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libre, se repartieron los cargos sin que se siguiera los procedimientos establecidos, lo que motivó el retiro de organizaciones de sociedad civil y un desacuerdo con los miembros de la MACCIH. En consultas al presidente Hernández, manifestó que si estas organizaciones de sociedad civil no participan habrá otras que si lo harán. La selección fue una componenda de la dirigencia de los partidos anteriores, no el resultado de un proceso de selección transparente. Con ello, los nuevos Magistrados responsables de auditar los fondos asignados a las instituciones de gobierno (incluyendo municipalidades) responden a la dirigencia de los partidos no a los intereses de la colectividad nacional.

De acuerdo a la MACCIH la “Comisión Especial del Congreso Nacional nombrada para integrar la nómina de candidatos a ocupar el cargo de Magistrados del TSC, debería autorizar la participación de observadores de la sociedad civil, representantes de la cooperación internacional, la prensa, y público en general, durante todo el proceso, lo que incluye la necesidad de brindar el mayor conocimiento a la población sobre los postulantes, sus hojas de vida, las actas de las reuniones de la Comisión, los resultados de las evaluaciones practicadas y los informes que reciban de los órganos o instancias que consulten para la toma de sus decisiones.”

Otros temas pendientes, es la investigación del asesinato de la líder indígena y defensora de los derechos humanos Bertha Cáceres, donde todavía existe indecisión acerca de las competencias de la MACCIH, aunque sus familiares exigen el nombramiento de una Comisión Internacional de las Naciones Unidas. Hay pocos avances en el caso del asalta a los fondos del Seguro Social (IHSS), el sistema certificado de denuncias de los funcionarios públicos, las prácticas corruptas en las licitaciones públicas, tráfico de influencias y el uso de los fondos del Estado como patrimonio de una persona.

Varios analistas políticos consideran que la MACCIH tiene serios impedimentos para realizar su trabajo y cumplir con las metas propuestas, además del error de fábrica. Estos impedimentos provienen de las dirigencias de los partidos políticos y sus componendas, y de los mismos operadores de justicia, que no respetan e incumplen los procedimientos definidos previamente. Pero además, es manifiesto la falta de apoyo y acompañamiento de un grupo de organizaciones de sociedad civil a su trabajo, por considerar de antemano una muerte anunciada de sus acciones ya que tiene limitantes para actuar.

Aunque los miembros de la MACCIH manifiestan que no se irán de Honduras, y lucharán de la mano del pueblo hondureño contra la corrupción e impunidad, se abre la posibilidad de un escenario pesimista: el retiro del país de la Misión por múltiples causas.

Tegucigalpa, DC, 17 de noviembre de 2016