El triunfo inesperado de Donald Trump en las elecciones de EEUU, ha puesto nervioso a varios gobiernos del mundo, en Asia, Europa y Latinoamérica. El nerviosismo se apodera de los inmigrantes y sus familiares. El señor Trump habla de deportaciones masivas de indocumentados y construir un muro en la frontera con México para no permitir la entrada de personas al país del norte. Considera que se ha estado jugado mal por cuanto se envía lo peor a EEUU, siendo responsables los que ingresan en forma ilegal de la delincuencia, tráfico de drogas y violaciones.

Este es quizá una de las preocupaciones del nerviosismo, ya que en el caso del “patio trasero” no solo México se considera responsable, sino también Honduras, Guatemala y el Salvador que, según este discurso, permiten el trasiego de personas y drogas hacía EEUU.

Una estrategia supuestamente ideada en estos países centroamericanos con apoyo de los EEUU, es la Alianza del Triángulo Norte, donde se espera que los problemas anteriores disminuyan, pero además se generen espacios de participación social más efectivos entre actores como las organizaciones defensoras de derechos humanos, Oficinas de protección al migrante e instituciones de seguridad; y se otorguen mayores grados de transparencia a las actividades que ejecutan los gobiernos a través de las instituciones públicas.

El Plan todavía no ha sido concretado por los EEUU, ya que está pendiente el desembolso de 250 millones de dólares para cumplir con los objetivos y metas propuestos; en el caso de Honduras espera 55 millones de dólares para 2017, un año político con Juan Orlando Hernández a la cabeza en las encuestas para mantenerse en el poder. Los gobiernos deben cumplir con una lista de requisitos para acceder a dichos fondos, siendo uno de ellos mostrar avances sustanciales en el combate de la corrupción. Existe la creencia que las instituciones de gobierno de estos países están coludidas por la corrupción, y otorgar más recursos es como votar sal en el mar. En tal sentido, es de esperar que Donald Trump revise el Plan y, en caso de ratificar su aprobación, pida un control más estricto en el uso de los recursos por los gobiernos.

De su discurso de campaña se desprende que él no cree en las instituciones de los gobiernos y agencias de cooperación externa responsables de controlar y supervisar los fondos asignados, por lo que puede recomendar la creación de comisiones anti-corrupción lideradas por su gobierno con empleados de nacionalidad norteamericana. Donald Trump da a entender que el dinero robado es un duro golpe a los bolsillos del ciudadano norteamericano de clase media y obreros, y una pérdida de su bienestar material.

En Guatemala se ha avanzado más en el combate de la corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), donde se llevó a la cárcel a un presidente de la República y altos funcionarios de gobierno, pero todavía falta camino por recorrer. Lo mismo puede decirse del caso salvadoreño, donde han sido llevado a los tribunales de justicia a varios expresidentes de la República. En Honduras, con la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), se pensó que sucedería lo mismo, o sea meter presos a los autores intelectuales de la corrupción e impunidad, cosa que no ha sucedido. Es más, hay evidencia que estos autores incrustados en los partidos políticos, empresa privada, congreso nacional y el gobierno son los que nombran a los empleados públicos responsables de auditar el uso y destino de los dineros del pueblo hondureño y cooperantes, sin respetar los procedimientos establecidos y avalados por la sociedad civil, agencias cooperantes y la propia Maccih.

Otro tema de importancia es la revisión o posible derogación del tratado de libre comercio (CAFTA-RD), entre Centroamérica, República Dominicana y USA. Aunque Trump se refirió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre EEUU, Canadá y México, que según él es el causante del cierre de fábricas y aumento del desempleo, pero también se pronunció en contra del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que afectará la industria y economía norteamericana y su relación comerciar con Europa. El argumento con el CAFTA-RD sigue siendo la pérdida de empleos por la instalación de fábricas maquiladoras y la migración del capital a estos países por la mano de obra más barata y las exoneraciones fiscales otorgadas por los gobiernos que afectan sus finanzas públicas.

Sin embargo, la revisión del CAFTA-RD puede ser una oportunidad para los países de la región, por las asimetrías de las economías y el problema del creciente déficit comercial que enfrentan con EEUU. Varios de los productos llamados “sensibles” no han podido ingresas al mercado estadunidense por las exigencias de control sanitario y fitosanitario impuestas, igual por los problemas de competitividad de la industria agroalimentaria de la región. En el caso de Honduras el déficit comercial con EEUU se estima en más de 1,600 millones de dólares anuales, pero todavía los productores de carne y lácteos tienen serios problemas estructurales para exportar y competir en igualdad de condiciones. Al acercarse la fecha de la liberalización de los productos sensibles, o sea su ingreso libre de impuestos a los países de la región, los gobiernos deben pedir la ampliación del trato preferencial ya que en su mayoría se convertirán en países de dependencia alimentaria permanente.

Contrario a países como Costa Rica y Nicaragua, donde el sueño americano no les quita el sueño, ni el gane de Trump les pone nerviosos, en Honduras la cosa es distinta. Por un lado, las deportaciones masivas anunciadas y el impuesto a las remesas tendrán un impacto directo en la economía y las familias que dependen de esta fuente de ingresos para soportar el ajuste neoliberal ejecutado después del golpe de Estado. Esto implica que más de 120,000 hondureños serían deportados de entrada, y alrededor de 20,000 niños migrantes. Este año, según Casa Alianza, unos 17,000 niños hondureños migrantes fueron devueltos de la frontera México-EEUU, por lo que se espera que con Trump las cifras aumenten.

La economía hondureña se sostiene por cerca de 4,000 millones de dólares que envían los hondureños que viven en EEUU, lo que representa 4.2 meses de importaciones y una relativa estabilidad (devaluación programada) de la tasa de cambio. Una caída pronunciada de las remesas afectas los ingresos, consumo, empleo de las familias, pero también la producción nacional y la estabilidad de la moneda.

Hay que esperar si Trump cumple con lo prometido en campaña, pero ante todo los países de la región que conforman el patio trasero deberían, como lo hicieron para diseñar el Plan de Alianza para la Prosperidad, definir las bases de una estrategia propia para enfrentar estas amenazas que, como en el caso de CAFTA-RD, puede convertirse en una oportunidad para pensar un modelo de desarrollo económico y social más nacional.

Tegucigalpa, DC, 10 de noviembre de 2016