Desestimada la obtusa ocurrencia del homólogo negro del inspector Cluzot (ver El regreso de la pantera…negra I) de infundar dislates contra dirigentes populares y la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner acerca de la muerte del fiscal Nisman, la táctica macrista-empresarial-imperialista sigue su curso en cuanto a su objetivo: la destrucción y el saqueo del país y la superexplotación de los trabajadores y el pueblo todo.

La táctica comprende diferentes ítems, relacionados entre sí aunque dispersos en lo que hace al entendimiento común:

1) Incentivar la “horizontalización de la violencia”, o sea, fomentar la guerra de pobres contra pobres y de todos contra todos. Justicieros de mano propia, tan pobres como sus víctimas, son honrados con el visto bueno del presidente. Este es el prolegómeno de la puesta en escena de los ‘saqueos’ que presuntamente ya se están anunciado a través de medios de información y que no cuesta mucho comprender en su esencia: crear pobres y hambrientos para luego obligarlos a vulnerar “el orden”, a fin de justificar la represión.

2) Judicializar la política. En un trabajo( inédito)producido por quien esto escribe en marzo de 1995 y en el marco de hipotetizar sobre las contradicciones antagónicas existentes entre la Estructura Económica y la Superestructura Jurídico-Política en un contexto de economía neoclásica (neoliberal) que se instituyó en los años 90, se sostenía: “la competencia intermonopolista por mayores ganancias- que implica la valoración de éstas como, sino el único, incentivo- conlleva a la reducción de gastos estaduales de todo lo que no sea redituable económicamente. Esto, lógicamente, quita margen de maniobra a los políticos, que deben conceder a fin de lograr consenso para mantener sus gobiernos. Así se produce el distanciamiento entre ‘empresarios’ y ‘políticos’, que es un signo visible de la crisis y, por demás, insalvable”. La judicialización de la política es una forma de fracturar y desnaturalizar el papel de lo que Antonio Gramsci llamaba “intelectuales orgánicos”, los partidos políticos. Las denuncias por corrupción contra opositores y funcionarios oficiales, aun cuando parecería jugar en contra de unos y en detrimento de otros, es una espada de Damocles que les cae a todos los políticos por igual, según la creencia popular. La ‘sociedad civil’, hoy modelada por los medios de información que responden a este esquema, se halla por encima de la “sociedad política” según los estrategas del regreso a los años 90. Y la Justicia, aunque forma parte de la superestructura jurídico-política del Estado, se halla colonizada por los empresarios. De esta manera, la Corte Suprema y demás integrantes del cuerpo parecen ser los Salomones de las disputas interpoder del país. Así se prepara, a través de sus magnos funcionarios, el cambio de timón del barco cuando su capitán pierda el turno. (Ver La Jugada, en Nac&Pop, 19 de julio).

3) Preparar el camino hacia la represión, selectiva y/o masiva, según convenga. El Documento de Santa Fe II, titulado “Una Estrategia para América Latina en la década de 1990”, pergeñado por ultraconservadores norteamericanos para imponer en los 90 el ‘modelo neoliberal’ establecía, en su Primera Parte, denominada “Una Estrategia para el Régimen Democrático”:

“Para promover realmente los derechos humanos, EEUU debería ayudar a fortalecer los sistemas judiciales en la región. También debería diferenciar entre los grupos de los derechos humanos que apoyan al régimen democrático y los que apoyan al estatismo.”

“Los derechos humanos sólo pueden comprenderse correctamente como el derecho de los hombres a hacer que los sistemas de justicia estatal sean responsables. Un sistema ineficaz, atrasado tecnológicamente y con personal insuficiente no es responsable jurídicamente. La marcha del progreso en América Latina hacia el régimen democrático será cuando el sistema estatal de justicia -tanto los tribunales como la policía- sean debidamente financiados y rindan cuenta ante funcionarios responsables. EEUU debería estar ayudando a ese proceso directamente en una escala mayor que la actual.” (citado en ‘Volveremos? No!’, 17 de mayo 2016, lapaginadeclaudio.blogspot).

Y más adelante continuaba: “Los principales pilares de los gobiernos permanentes de los regímenes latinoamericanos son las fuerzas armadas y el poder judicial. La política hacia un régimen pro-democrático debe reconocer que tanto las instituciones militares como judiciales soportan cargas pesadas al abordar los conflictos de Baja Intensidad (LIC) y los narcóticos mientras se acostumbran a las exigencias democráticas para la responsabilidad ante administraciones temporales. Las iniciativas bilaterales de EEUU en el fortalecimiento de estas instituciones deberán ser apoyadas multilateralmente a través de la OEA”.

La colonización imperial de la Justicia, la utilización de las Fuerzas de Seguridad para reprimir al pueblo hambreado y saqueado, y de las Fuerzas Armadas para combatir la “delincuencia organizada” en el ámbito interno (léase narcotráfico), tal como la conciben el macrismo y sus aliados, calzan a la perfección con las recomendaciones de este “Documento”, calificado como de ‘doctrina permanente’.

El arribo de inspectores del FMI para relevar el “ajuste” que está en marcha y profundizarlo, y la invasión bárbara de CEOs que hace poco pidieron disciplinamiento de los trabajadores, con todo lo que implica (flexibilización laboral, despidos, baja de salarios, obtención de plusvalía absoluta para las empresas multinacionales( aumentando las horas de trabajo), liquidación de las Pymes( a fin de dejar sin trabajo a millones que en el mercado de trabajo cumplen la función de ejército de reserva permanente, etc.) y la consiguiente extranjerización de la economía y apropiación presente y futura de territorio son signos de la época a la cual pretenden regresar los panterísticos negros, que de simpáticos no tienen nada.

Nada de nada.

Jorge Luis Ubertalli

Adjunto a cargo de la Secretaría de Defensa Estratégica de MILES TTT