Es verdad: el 26 de septiembre de 2016 debe quedar como un día de algarabía no solo para los colombianos –aunque principalmente para ellos-, sino también para los ecuatorianos, los latinoamericanos y caribeños y para el mundo en general,, porque a partir de él deberían cambiar algunas variables de la geopolítica local, regional y mundial, en beneficio de los pueblos.

Para comenzar, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), a firmarse en esa fecha deberá eliminar algunos de los argumentos que esgrime Estados Unidos para desarrollar su geopolítica intervencionista en el continente americano. No hay que olvidar que detrás de sus argumentos de lucha contra el narcotráfico, o junto con ellos, se esconde el propósito de acabar con todo proceso de cambios en el continente.

En ese documento, la fuerza guerrillera se compromete a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado” con el narcotráfico. Este fue uno de los primeros temas sobre los que las partes llegaron a un consenso en los diálogos de paz de La Habana, que comenzaron en octubre de 2012. Con ello, los insurgentes hicieron una de las primeras demostraciones de su voluntad política de llegar a un acuerdo de paz, después de dos intentos fallidos en décadas pasadas y, echaron por tierra las acusaciones de que su verdadera razón de ser era el negocio del narcotráfico y no la lucha por los marginados

El narcotráfico es uno de los más graves problemas no solo de Colombia, sino de América y del mundo, por la cantidad de dinero que mueve en el planeta (más de 30 mil millones de dólares anuales) y por el poder político que han acumulado los cárteles de la droga. El país vecino es el primer productor de cocaína en el planeta y las FARC-EP, aunque no han sido ni productoras de base ni comercializadoras de esa droga, según ha reconocido el propio gobierno colombiano, se han financiado del cultivo de la coca, al cobrar tributos por la protección de las plantaciones.

A comienzos de este año, al inaugurar en su país un foro sobre narcotráfico, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anticipó que el acuerdo de paz permitirá un viraje de 180 grados en el papel de las FARC-EP en la lucha contra el narcotráfico, porque ellas se convertirán en “aliadas” en esa cruzada. Además, el mandatario reconoció que el Estado colombiano, por sí solo, es incapaz de emprender un efectivo plan de sustitución de cultivos ilícitos por otros lícitos en su país.

En razón del acuerdo, también pierde fuerza la cesión colombiana de siete bases militares a Estados Unidos, que data del acuerdo firmado en 2009, entre los presidentes Álvaro Uribe –de triste recordación para Ecuador por el bombardeo de Angostura- y Barak Obama, con el argumento de esa estrategia es necesaria para combatir el narcotráfico.

Ese acuerdo incluye la Base de Palanquero, en el Magdalena Medio, respecto de la cual, el general Héctor Velasco, antiguo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, dijo a la agencia AFP que su posición “es estratégica en Sudamérica. Su importancia radica además en ser una base para aviones de alto rendimiento”. Allí, según informes de prensa, están ubicados, aviones E.3 Awacs, dotados de radares que tienen una cobertura de 300.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos planeaba invertir allí 46 millones de dólares para renovar sus instalaciones.

El acuerdo entre Washington y Bogotá tiene 10 años de duración. Por lo tanto, es posible suponer que, si no se denuncia el acuerdo con anticipación, podría no renovarse a su expiración (el Presidente de Ecuador, Rafael Correa lo hizo, en 2009, en el caso de la Base de Manta). Ello disminuirá la presencia militar estadounidense en América Latina y El Caribe, que se expresa en más de 30 bases militares asentadas en diversos países de la región, pese a que muchos gobiernos y organizaciones sociales y políticas de la región las consideran como una amenaza a la paz en la región. De hecho, el tema ha sido objeto de intenso debate a nivel presidencial en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

El acuerdo de paz también podría incidir de manera positiva en el tema de los refugiados. Ecuador es el mayor receptor de colombianos que han huido de la guerra interna en su país. Un total de 57.325 ciudadanos de la nación vecina viven aquí, con el estatus de refugiados y otros 233.049 esperan que se atienda su solicitud, según la cancillería ecuatoriana. El gobierno de Quito destina alrededor de 60 millones de dólares a atender las necesidades vitales de los refugiados, de los cuales, un 25 por ciento provienen de la cooperación internacional.

La paz en Colombia también debería disminuir el esfuerzo económico y logístico que realiza Ecuador para vigilar su frontera norte, justo en un momento en el que los recursos financieros le son escasos. A raíz del bombardeo colombiano de Angostura se divulgaron cifras según las cuales, entre siete y ocho mil soldados ecuatorianos habían sido desplegados en el territorio limítrofe con Colombia. De manera adicional, el gobierno de Quito debió realizar urgentes gestiones para instalar radares en su frontera, a un costo que finalmente se calculó en 80 millones de dólares, para controlar el narcotráfico.

Igualmente, en el caso de Ecuador, podría suponerse que si Colombia emprende con mayor fuerza la sustitución de cultivos de coca por otros lícitos, finalmente desaparecerían las aerofumigaciones con glifosato, que tanto daño han causado a la salud de los habitantes ecuatorianos de la frontera, y que fueron motivo de tensiones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Despejados así los obstáculos debería también ser posible una más intensa cooperación en la ejecución de proyectos binacionales de desarrollo social y económico de las poblaciones de uno y otro lado de frontera, de la que tanto necesitan sus habitantes.

Claro que la paz total en Colombia depende también de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra corriente insurgente en el país. Y, si eso se logra, el camino habrá quedado totalmente despejado. Entonces, los beneficios de la paz dejarán de ser un enunciado lírico para convertirse en un beneficio concreto para los pueblos de ambas naciones, y la lucha contra el narcotráfico podrá ser más efectiva y transparente.

26 septiembre, 2016

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