El pasado 24 de agosto del 2016, se concluyó en Colombia un Acuerdo de Paz entre el gobierno liderado por el presidente Juan Manuel Santos y la más antigua guerrilla de Colombia y América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo reviste una importancia mayor porque la guerra entre los militares y la guerrilla no sólo ha creado víctimas entre estos dos ejércitos sino que las poblaciones rurales donde la guerrilla se ha asentado han sufrido todo tipo de hostigamientos militares y paramilitares que han dejado innumerables víctimas, huérfanos, viudas y poblaciones obligadas al desplazamiento y a la pérdida de sus tierras y de su cultura.

Como toda guerra deja desolación, por lo tanto este acuerdo de paz aunque sea imperfecto es mejor que una guerra perfecta. La necesidad de que los colombianos tanto víctimas directas como indirectas de esta guerra comprendan la importancia de este acuerdo reside en que bajo un estado de guerra los únicos beneficiarios son el ejército y los que en medio del caos logran hacer negocios y apropiarse de las tierras. La presencia de la guerrilla en diferentes regiones del país justificó el surgimiento de grupos paramilitares financiados por grandes propietarios agrícolas y ganaderos.

El presupuesto nacional de Colombia desde la existencia misma de la guerrilla ha derivado enormes sumas en la defensa nacional en detrimento del sector de educación y salud bajo el pretexto de la guerra a las guerrillas.

Gobiernos anteriores instauraron el estatuto de seguridad nacional bajo el pretexto de la guerra a la guerrilla y al narcotráfico; por lo tanto los derechos cívicos de los colombianos fueron supeditados a dicho estatuto, permitiendo las detenciones arbitrarias, los allanamientos y las desapariciones de líderes sindicales y miembros de las organizaciones de campesinos e indígenas. Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que la existencia de una guerrilla puede generar en la dirección del país.

Intentos anteriores realizaron los gobiernos anteriores al del presidente Santos para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla sin que se lograra un consenso de las partes implicadas en esta guerra. El éxito de este acuerdo de paz del gobierno Santos, reside en que se nombró a un grupo de negociadores civiles y militares eficaces, de gran formación y bien documentados que junto con los líderes representantes de la guerrilla negociaron durante cuatro años este acuerdo en la ciudad de la Habana, Cuba, haciendo frente a todos los altibajos que trae consigo la negociación entre dos partes que se habían opuesto durante cincuenta años pero que tenían en común la necesidad de terminar con la guerra. Este acuerdo es un logro político e histórico para Colombia.

Los colombianos no pueden dejar de apoyar el 2 de octubre este acuerdo cuando el presidente Santos lo someterá a un referendo ante la población colombiana. Para este fin, el gobierno colombiano ha publicado el documento del acuerdo para que los colombianos voten con conocimiento de causa.

Hay algunos sectores de la sociedad colombiana que se han opuesto a este diálogo entre el gobierno y la guerrilla desde el comienzo de las negociaciones en la Habana. Estos sectores liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez tienden a desprestigiar la validez de los acuerdos y a generar miedos a través de rumores de lo que un acuerdo como éste implique con respecto a la participación de los guerrilleros en la vida política. Estos miedos infundados corresponden bien a aquellos que han aplaudido la intervención militar como único miedo para eliminar la oposición o la rebeldía. Si algo tenemos que superar en Colombia es como enfrentar el problema de la pobreza y las desigualdades sociales a través de la tolerancia y dando espacio a la participación social y política de los sectores marginalizados durante décadas. El fortalecimiento de las instituciones democráticas se logra con la participación de personas provenientes de todos los sectores de la sociedad que sean capaces de aportar con conocimientos, imaginación y creatividad, ahí reside el éxito de una sociedad democrática.

Si este acuerdo de paz se firma y es refrendado positivamente por la sociedad colombiana, es el fin de una guerra pero es el comienzo de consolidar las bases para un proceso de paz en la sociedad colombiana. Esto implica varios retos. Por una parte el económico porque se requiere una inversión social del estado para atender al desarrollo rural de aquellas regiones donde los ex guerrilleros van a implantarse. Por ahora son regiones rurales que han carecido de una presencia estatal tanto a nivel de servicios sociales y públicos como de apoyo al desarrollo agrícola para la suplantación de los cultivos de coca. De otra parte, el aspecto de la justicia para impartir las penas por los delitos cometidos durante esta guerra de cincuenta y dos años. Hubo secuestros, asesinatos, masacres, desapariciones por parte de todos los actores armados: guerrilla, fuerzas militares colombianas y paramilitares. Éstos últimos financiados por terratenientes y ganaderos que aprovecharon el clima de violencia en las regiones para realizar una contra reforma agraria es decir acaparar más tierras.

Siendo el tema de la justicia un tema tan delicado y que es el más cuestionado por la población colombiana, el acuerdo de paz promueve la creación de un tribunal paz y las comisiones de la verdad que tendrán por mandato realizar los procesos judiciales y establecer las sanciones. La calidad de formación de quienes conformen estas comisiones y teniendo en cuenta el código legal tanto nacional como internacional permitirá sancionar lo que debe hacerse sin dejar de omitir que todas esas atrocidades se cometieron bajo un contexto de guerra.

Los colombianos estamos en un momento histórico sin precedente y vamos a perder el tren si respondemos de manera negativa a este acuerdo de paz que se nos presenta como una alternativa para terminar una guerra que ha tenido un alto costo humano, social y económico.

Clara Rodríguez

Periodista independiente.