La planificación fiscal agresiva dentro del sector extractivo, y el impacto de estas estrategias, afectan a gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, no hay dudas de que el impacto en los países en desarrollo es mayor.[1] La creación de un órgano de toma de decisiones en materia fiscal internacional, global y de carácter inclusivo dentro de la ONU es necesaria para frenar esta extracción de recursos, conseguir justicia fiscal y ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo y reducir la desigualdad.

La historia de los grandes grupos empresariales ligados a la extracción de recursos naturales y artimañas fiscales varias es larga. En España, a mediados de los noventa, el gobierno creó un vehículo para inversores extranjeros denominado Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).[2] El objetivo era claro y sencillo: atraer inversores ofreciéndoles la posibilidad de canalizar dividendos y ganancias varias a través de este mecanismo bajo una fiscalidad nula. Desde ese momento el flujo de inversiones que reciben las ETVE ha ido aumentando, hasta el punto que en el primer cuatrimestre de 2016 éstas se han multiplicado en un 1000% en comparación con 2015.[3] Fruto de su uso y, por ejemplo, combinado con el régimen fiscal especial en las Islas Canarias –según PwC “de los más atractivos de Europa”[4]– varias empresas están trasladando su sede a territorio español.[5]  El uso de las ETVE para ‘optimización fiscal’ no es, sin embargo, un fenómeno reciente. En el año 2011 se descubrió que en Madrid la sede del gigante petrolero ExxonMobil (ExxonMobil España) logró en 2008 y 2009 casi 10.000€ millones de beneficio neto sin pagar ni un euro de impuestos[6] con un sólo trabajador.[7]

En Australia, país que alberga enormes reservas de uranio, gas y carbón, entre otros, los casos en los que grandes empresas extractivas se han visto relacionadas con ingeniería fiscal para reducir su factura en el país son varios. A consecuencia de ello, el Senado australiano estableció un comité sobre elusión fiscal.[8]

No sólo es en Australia o en España donde se dan casos de elusión y/o evasión fiscal, falta de transparencia, etc. sino que se trata de un problema global que afecta tanto a las grandes economías del mundo como, de forma especial por el impacto en sus arcas, los países en desarrollo. En estos últimos, el extractivismo se convierte en una de las principales fuentes de ingresos, hecho que acentúa aún más los problemas derivados del uso de los paraísos fiscales por parte de la industria extractiva.[9]

El sector extractivo en las filtraciones

En los últimos años, diferentes filtraciones por parte de lo que se conoce en inglés como whistleblowers han sido reveladas por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (International Consortium on Investigative Journalism en inglés) relacionadas con temas fiscales. Así en 2013 se publicó una primera filtración de cuentas de personas en una compañía de las Islas Vírgenes Británicas, el Offshore Leaks;[10] en noviembre de 2014 se revelaron los acuerdos fiscales (tax rulings en inglés) entre el gobierno de Luxemburgo y cientos de empresas firmados a través de PwC y otras firmas que reducían su factura fiscal, es lo que se conoce como LuxLeaks;[11] ya en 2015 vieron la luz el número de cuentas y las nacionalidades de individuos en un banco Suizo, el Swiss Leaks;[12] finalmente, ya en 2016, se filtraron los nombres y las conexiones de millones de cuentas de un bufete de abogados en Panamá, Mossack Fonseca, fue el Panama Papers.[13]

En todas estas filtraciones sobre marañas fiscales tanto de individuos como de empresas, el sector de las extractivas ha tenido gran relevancia. Como ejemplo en el caso LuxLeaks dos grandes empresas relacionadas con el sector de la energía aparecen en los papeles publicados, se trata de la rusa Gazprom[14] y de la canadiense Yamana Gold.[15]  En los documentos se especifica el cambio de estructura de la empresa para poder reducir la factura fiscal dirigiendo diferentes operaciones hacia Luxemburgo.

En los Panama Papers, millones de datos aún deben ser analizados con detalle a pesar de que la información revelada es escasa.  Aquí también las empresas extractivas e individuos relacionados con ellas aparecen de forma directa o indirecta.  Empresas canadienses (aunque han negado su implicación),[16] o de Tanzania[17] figuran entre los supuestos nombres incluidos en los papeles de Panamá.

El impacto en el desarrollo

Sea cuál sea el motivo de la presencia de empresas e individuos en paraísos fiscales o países que permiten artimañas fiscales, cabe decir que muchas de las operaciones que se realizan no son ilegales. No obstante los efectos son sentidos en todos los países, y los más afectados son las sociedades de los países en desarrollo. Éstos acostumbran ser grandes productores de materias primeras (hidrocarburos, minerales, cereales, etc.), hecho que les otorga un poder respecto a los países consumidores dependientes de estos recursos pero, en contraposición, los expone a los vaivenes de la inversión, inserción en la economía global y al rol de las grandes empresas transnacionales. Todo ello genera, por un lado, la concesión de diferentes incentivos fiscales a estas empresas para la extracción de los recursos naturales[18] y, por otro lado, facilita el uso de paraísos fiscales repartidos por todo el mundo que generan otra extracción de recursos enormes, en este caso económicos.

Desde la sociedad civil, hace años que se van proponiendo varias medidas para poder contrarrestar esta dinámica y poner fin a esta carrera hacia el fondo. Entre ellas, la creación de un órgano intergubernamental sobre cuestiones fiscales en la ONU; el reporte público país por país de las empresas multinacionales; la creación de registros públicos sobre beneficiarios finales o efectivos; la eliminación de incentivos fiscales o al menos el estudio de su uso; o la publicación de los acuerdos fiscales entre empresas y gobiernos.

En las manos de los gobiernos y la presión por parte de la sociedad civil y otros actores está el poder poner fin a la extracción de unos recursos que permitirían la financiación de los objetivos de desarrollo y reducir la desigualdad en el mundo.

- Hernán Cortes es analista político de Justicia Fiscal en Eurodad - European Network on Debt and Development.  Está dedicado a los temas de las industrias extractivas.

Artículo publicado en la edición de agosto 2016 (No. 516) de la revista América Latina en Movimiento titulado “El laberinto de la evasión fiscal”: coedición ALAI-Latindadd.  http://www.alainet.org/es/revistas/516