Con los últimos hechos de violencia busca instalar el miedo en las comunidades y el disciplinamiento a las organizaciones, asegura la analista Marielle Palau.

La muerte de ocho militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el pasado 27 de agosto en el asentamiento Arroyito, a poco más de 400 km al Norte de la capital paraguaya, está siendo utilizada por el gobierno de Horacio Cartes para encabezar una ola de persecución ideológica a nivel nacional.

El gobierno atribuye el ataque al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aunque como muchos otros casos similares, la hipótesis oficial registra contradicciones y elementos que no cierran.

Lo que es certero es que este hecho de violencia desvió la atención de la opinión pública sobre muchos temas incómodos para el gobierno, que en las semanas anteriores llenaban la agenda política.

Entre ellos resaltan la crisis interna del Partido Colorado en torno a la re-elección presidencial, el paro de médicos y de estudiantes, la corrupción y cuestionamiento a la FTC por los nulos resultados en su combate al EPP, el intento de modificación del sistema de previsión social hacia un modelo más individualista, el desalojo al asentamiento campesino San Juan de Puente Kyha y la causa de la masacre de Curuguaty.

Inmediatamente después de lo sucesivo en Arroyito el mismo gobierno, especialmente a través de su ministro del Interior, empezó una serie de acusaciones hacia referentes parlamentarios de la oposición, con la “evidencia” de viejas fotografías de estos parlamentarios con supuestos miembros del EPP.

Las acusaciones se multiplicaron y el clima de persecución ideológica y criminalización, especialmente hacia las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, empezó a inundar varios espacios de la sociedad.

“El gobierno, en lugar de investigar seriamente los hechos ocurridos en Arroyito, está utilizándolo para lanzar una campaña más de criminalización contra organizaciones del campo popular, evidenciando nuevamente su profundo autoritarismo, en el que la reivindicación al stronismo vuelve a estar acompañada con la persecución ideológica. Si bien, está buscando instalar el miedo en las comunidades y el disciplinamiento a las organizaciones en lucha, lo cierto es que han logrado despertar la indignación -y hasta la burla- de importantes sectores”, dijo la socióloga Marielle Palau sobre el ambiente político actual.

Esta persecución oficialista también parece estar orientada a desprestigiar electoralmente a la izquierda electoral, encabezada por el ex presidente de la República Fernando Lugo.

Los medios de comunicación de la familia presidencial, especialmente los diarios Hoy y La Nación, fueron los principales en canalizar esta caudal.

Un comunicado a la opinión pública del gremio de empresarios del país, articulados en la Unión de Gremios de la Producción(UGP), junto con cuatro centrales obreras plantearon “un gran pacto social que nos permita unir todas las fuerzas vivas del país en pos de una campaña de exterminio de estos sectores indeseables de nuestra sociedad”, en referencia al EPP.

Antes de esto calificaron al grupo criminal como “delincuentes, protegidos por sectores del narcotráfico, adoptando ideologías y estrategias criminales de uso común en otros países de la región y en abierta complicidad con algunos sectores políticos de nuestro país”.

En medio de este clima político, el ministro de Educación, Enrique Riera, anunció que analizarían las medidas contra la escuela Gaspar Rodríguez de Francia, que funciona dentro del asentamiento Táva Guaraní de Santa Rosa del Aguaray, a poco más de 250 km de la capital, donde según las informaciones con que cuenta el ministro, la escuela tiene “asesores cubanos”.

Periódicos de circulación nacional afirmaban en sus páginas que en la escuela rinden homenaje al Che Guevara y Fidel Castro o realizan marchas “donde la consigna es la lucha de clases”.

Esto se registra en la comunidad del dirigente campesino y concejal local Elvio Benítez, que encabeza una protesta nacional para la segunda semana de setiembre, en reclamo de promesas no cumplidas por el gobierno en torno a la condonación y refinanciación de deudas de familias agricultoras.

El diputado del mismo partido del presidente Cartes, Óscar Tuma, habló de adoctrinamiento comunista en relación a la escuela de Tava Guaraní, y aprovechó para acusar al ex presidente de la República, Fernando Lugo y al obispo Mario Melanio Medina de ser los responsables de adoctrinar a miembros del EPP en el pasado.

“Desmantelemos supuestas organizaciones de Derechos Humanos. Estos son los protectores de asesinos. Basta ya de joda”… “Estoy podrido de los supuestos defensores de los derechos humanos. Estos son los principales cómplices de los asesinos. Digamos las cosas” y “Basta de Derechos Humanos para criminales. Dejemos de joder ya con eso”, twitteó el legislador nacional en su cuenta el día de la muerte de los militares.

“Lo llamativo de esta campaña es que está dirigida en simultáneo a múltiples sectores: organizaciones campesinas, parlamentarios, sectores políticos no solamente considerados de izquierda, la Pastoral Social, organizaciones de derechos humanos. Es un ataque que aparece en las voces de ministros del Poder Ejecutivo, de algunos parlamentarios y de sectores empresariales, al tiempo que la Fiscalía una vez más, detiene a campesinos utilizando como evidencias materiales políticos y otros que rayan el absurdo”, analizó Palau.

“No se puede desconocer lo peligroso que puede tornarse el accionar del gobierno en la coyuntura actual, ya que ante la pérdida de legitimidad muchas veces buscan mantener su liderazgo a través del uso de la fuerza, intensificando las persecuciones y represiones. Ante esto las organizaciones ya saben que la mejor estrategia es intensificar las solidaridades”, dijo la analista.

Asunción, 2 de setiembre de 2016 (Base Is)

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)