La Coalición de Defensa del Maqui, presentó este lunes al Servicio Agrícola y Ganadero ( SAG), su oposición a las solicitudes de derecho de obtentor para tres variedades de maqui, Morena, Perla Negra y Luna Nueva, presentadas por la Universidad de Talca y Fundación Chile, objetando su carácter de variedades nuevas, un requisito legal indispensable. La ley 19.342 sobre Obtentores especifica que una variedad es “nueva” si no ha sido comercializada anteriormente. Es evidente que en algunos viveros y en el mercado en general, se pueden adquirir variedades de maqui así como de productos derivados.

La impugnación, iniciada por Sara Larraín y la profesora María Isabel Manzur de Chile Sustentable, y apoyada también por María Elena Rozas y Lucía Sepúlveda de RAP-Chile, una de las 400 organizaciones que integran esta Coalición, también está avalada por los senadores Eugenio Tuma y Alfonso de Urresti, junto a los abogados y profesores de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo y Carlos Urquieta.

“Chile debe detener la biopiratería, que consiste en el uso injustificado de los sistemas de propiedad intelectual, con el objeto de asegurar la legitimidad de la apropiación exclusiva y del control sobre múltiples recursos, productos y procesos biológicos, que se relacionan fundamentalmente con la diversidad genética”, dijo el senador Eugenio Tuma.

El senador Alfonso De Urresti informó que también se presentará en el Senado un Proyecto de Acuerdo para que Chile ratifique el Protocolo de Nagoya, lo que a su juicio permitirá detener la biopiratería.

Agroindustria como beneficiaria

María Elena Rozas, coordinadora de RAP-Chile comenta por su parte: “La investigación de la Universidad de Talca se desarrolló con fondos de todos y todas y por tanto ese producto debería apuntar hacia el dominio público, en lugar de ser privatizado con el objetivo de entregar su uso posteriormente a la agroindustria, reconocido públicamente por la Fundación Chile y los defensores de esta solicitud. Esta tendencia de privatización de bienes comunes comenzó el 2001 cuando el clan von Baer inscribió una supuesta variedad de quinoa, “la Regalona” a su nombre. Las organizaciones ambientales y campesinas sólo conocimos esa aberración al iniciar en 2011 la lucha contra la “Ley Monsanto”. Como el derecho de obtentor de Von Baer está vencido, sabemos que hay planes de inscribir para INIA nuevos registros de quinoa, y hoy debemos tener la fuerza para detener esta biopiratería.”

Lucía Sepúlveda, agrega que sería complejo y discutible plantear como alternativa a la privatización del maqui, la entrega de beneficios monetarios a una u otra comunidad indígena, a una deslegitimada institucionalidad pública como la CONADI o al futuro Consejo de Pueblos Indígenas ideado por este gobierno. “Ello puede generar una posible competencia por la ubicación y distribución de los beneficios. El carácter público del producto de la investigación científica de variedades tradicionales debe quedar establecido, de manera de fortalecer a las comunidades indígenas y campesinas en lugar de dividirlas, y al mismo tiempo entregar nuevas facilidades y legitimidad a la agroindustria y sus tóxicos monocultivos”, sostiene la encargada del área de semillas y transgénicos de RAP-Chile.

El abogado Salvador Millaleo presente en la entrega de la oposición reiteró los múltiples usos del maqui por el pueblo mapuche agregando que “lamentamos profundamente que una institución pretenda apropiarse de derechos que corresponden a los pueblos originarios. El Maqui no es sólo un fruto comestible con maravillosas propiedades, sino que fundamentalmente es parte de nuestra espiritualidad como pueblo mapuche, es un patrimonio ancestral”.

Santiago, 29 de agosto de 2016