El gobierno colombiano y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) anunciaron el pasado 24 de agosto, el acuerdo que pone punto final a cuatro años de negociaciones y más de medio siglo (52 años) de conflicto armado, casi un millón de muertos y millones de desplazados. Ahora sí se puede hablar de América latina como territorio de paz.

Pero la paz no es un concepto que depende de la firma del acuerdo, ni se resuelve con votar el sí en el referendo del 2 de octubre próximo. La paz no es la victoria militar de nadie, sino la recuperación del reconocimiento del derecho humano que le pertenece a 50 millones de colombianos y colombianas, que ahora pueden soñar con construir la vida digna que merecen y por la que lucharon.

El acuerdo del cese al fuego no es el último paso del proceso paz colombiano, pero es el más importante porque las partes se comprometen a cesar las operaciones militares ofensivas y dar por terminada la confrontación y uso de las armas en la política. Históricamente el Estado colombiano y las élites políticas han incumplido todos los pactos de paz, lo que ha llevado al asesinato a quienes se han desmovilizado.

“Es el momento de convencer a los colombianos de que la paz no es gratis y nos toca asumir el costo. Esta es la alternativa lógica: deje las armas y trate de hacer con política lo que busca con las armas”, afirmó Ernesto Samper, expresidente colombiano y hoy secretario general de Unasur.

Los puntos que hasta ese momento estuvieron pendientes fueron las condiciones de participación política de las FARC, la amnistía a los guerrilleros que no han cometido delitos graves o de lesa humanidad, la reincorporación a la vida civil y los mecanismos de verificación de los acuerdos.

Los que no quieren la paz

Votar No a los acuerdos de La Habana en el plebiscito es votar Sí a la guerra, que ha costado 280 mil muertos en la última mitad (1980-2015) y que ya había costado otros 500.000 en la primera mitad (1946-1980). Y en sabotear la paz están quienes se han beneficiado de la guerra, como los hacendados terratenientes y el pro narco-expresidente Uribe.

José Félix Lafaurie presidente de la Federación Nacional de Ganaderos grita a voces que “No nos vamos a dejar quitar las tierras”. Es el mismo problema sobre el cual ha cabalgado la violencia en Colombia desde los años 1920, la tenencia de la tierra. La concentración de la tierra aumentó en los últimos 25 años, lo que costó 280 muertos y seis o siete millones de desterrados.

El poder fáctico y su vocero, el expresidente Uribe, no quieren abrir el juego. Las Farc se han comprometido a transformar su poder de fuego -que nadie ha podido quitarles- en un poder político electoral. Eso mismo era lo que temían los terratenientes en el año 1984 cuando se fundó la Unión Patriótica y fueron asesinados cinco mil colombianos para impedirlo.. Detrás del No a los acuerdos está el sí a esas sangrientas prácticas para impedir que la oposición participe en política.

El sociólogo Alfredo Molano señala que ese problema de la concentración de la tierra fue lo que obligó a los liberales en 1899 a levantarse en armas contra Caro, Marroquín y Sanclemente, y obligó al liberalismo a apoyar a los guerrilleros del Llano en los años 50 del siglo pasado Y esa exclusión es la que ha sostenido por más de medio siglo, a las guerrillas de la Farc y el ELN.

Uribe pretende que sólo las víctimas de las guerrillas sean reconocidas y accedan a la verdad, la justicia y la reparación, pero las víctimas del Estado, las que han hecho sus mecanismos y sus aparatos armados legales e ilegales, esas víctimas no cuentan para él. Los uribistas han adoptado la consigna de lucha contra la impunidad, pero defienden a rajatabla la corrupción y genocidio cometidos por sus amigos, en la repetición de más de 50 años de sabotear y obstaculizar la paz.

En materia de críticas al proceso de paz hay posiciones frustrantes, cínicas, abiertamente mentirosas. Es ilustrativo que el chileno José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, opine a nivel internacional que el acuerdo alcanzado es grotesco desde el punto de vista de la desproporcionalidad entre los delitos cometidos y las futuras sanciones. 

Pero periódicos tradicionales, canales de televisión y radios como RCN, NTN, Caracol, que durante medio siglo han construido el imaginario colectivo colombiano, junto a sus redes sociales asociadas, han venido bombardeando la pretensión de un país por empezar a vivir el derecho negado a la paz. Es de mentirosos permanentes falsear la información, alterar las imágenes, descontextualizar las opiniones, pero en eso la prensa hegemónica colombiana tiene casi todos los premios.

Los titulares de esta prensa, basados en encuestas sin rigor, preguntas tendenciosas e ideologizadas y respuestas incoherentes, anuncian mensajes confusos, oscuros y tramposos. Son los mismos medios que durante el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, insistieron en la “verdad” del gobierno, de que en Colombia no se vivía ningún conflicto.

El compromiso de ambos actores –gobierno e insurgencia- se encamina de ahora en adelante a darle cumplimiento a lo pactado, pues la firma de la paz requiere de plazos para el comienzo de la desmovilización, la destrucción del armamento, la entrega de menores reclutados a Unicef, la acción de la Justicia Transicional y la convocación a un plebiscito en el que el pueblo colombiano decida si avala o no los acuerdos.

Hoy Colombia está cerca de un destape político sin precedentes con la creación de un movimiento de oposición al establecimiento. Con el fin del conflicto armado saldrán a flote ideas, intereses, sueños que ahora son sancionados como heréticos y subversivos.

La extrema derecha -y una parte considerable de la Iglesia católica y de las Iglesias– trata ahora de confundir a la opinión, afirmando que promueve el No para renegociar, lo que dejaría en entredicho la capacidad del Estado de mantener la palabra empeñada. Y, simultáneamente salen a defender las “buenas costumbres” sexuales y señalan que los acuerdos de La Habana serían una maniobra para volver a todos los niños y niñas homosexuales, y convertir a criminales en senadores y representantes. Y en parte es cierto, porque la democracia plena pondrá contra la pared las represiones sexual y política.

Una carrera de obstáculos

Lo acordado en La Habana abarcó los temas de Reforma agraria integral, Participación política, Solución al problema de drogas ilícitas,  Víctimas y Justicia Transicional, Cese al fuego bilateral y definitivo, Garantías de seguridad, y Protocolo para el cese al fuego bilateral y definitivo. El proceso había comenzado el 19 de noviembre de 2012 y pocos apostaban a este final.

El país no se va a transformar de manera mágica, será una carrera de obstáculos para que no se tuerza el camino trazado para la paz. El primer obstáculo será el plebiscito del 2 de octubre, el segundo, la implementación  de los acuerdos de paz.

Hay temas trascendentes cuyo diagnóstico quedó plasmado en las más de 200 páginas del acuerdo y que hoy se transformar en retos inmediatos: pedagogía para entender los acuerdos, su cumplimiento, el paramilitarismo y su desarme, y la solución de un sinfín de conflictos sociales, económicos y políticos relacionados con la falta de garantías en salud, educación, inversión social, empleo y servicios públicos.

Todavía existe el riesgo de que gane el NO en el plebiscito pautado para el 2 de octubre próximo. El ejemplo de lo ocurrido con el brexit en el Reino Unidos sirve como ejemplo. Es necesaria una estrategia para la explicación de los acuerdos: la mayoría de las personas están tomando decisiones basándose en información de medios de comunicación –que refleja los intereses del poder fáctico- y no en una lectura y análisis de los acuerdos

Hasta hoy, el gobierno ha incumplido el 87% de los acuerdos con diversos sectores sociales luego de paros en exigencia de condiciones dignas de salud, educación, trabajo y desarrollo agrario, principalmente.

El concepto mismo de paz debe llegar a toda la ciudadanía tanto: las comunidades rurales y urbanas, incluidos a quienes han sido víctimas directas del conflicto armado así como los que han vivido la guerra a través de las pantallas de sus televisores. El número de circunscripciones especiales, curules directas para las Farc en el Congreso o el número de hectáreas de que dispondrá el fondo de tierras, fueron algunos de los temas que sólo se resolvieron en el acuerdo final y que hasta hoy la ciudadanía desconoce.

El Estado debe brindar las garantías necesarias para la integridad de los guerrilleros que se reintegren a la vida civil y para ellos es imprescindible el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares que hacen presencia en 22 departamentos de Colombia y que ubican en situación de riesgo extremo a 88 municipios, teniendo en cuenta que durante el 2015 cometieron 1064 violaciones a los derechos humanos, entre amenazas, atentados, ejecuciones, torturas y violaciones sexuales.

El paramilitarismo no es solamente una amenaza para los y las integrantes de las FARC, sino para defensores de derechos humanos que temen que se pueda presentar una situación similar al genocidio de la Unión Patriótica, así como que continúen las amenazas contra quienes denuncian la persistencia de la violación de los derechos humanos, contra quieren recuperar las tierras o simplemente quieren trabajan por la paz.

Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad se acordaron medidas relacionadas con la atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros, apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad.

Y también apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (Ecomún)

Asimismo, se creará el Consejo Nacional de Reincorporación, que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, la cual tiene como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de esa guerrilla. 

El futuro político de las Farc

Para poder transformarse en partido político, los integrantes de las FARC deberán haber dejado las armas. Tendrán una representación asegurada en el Congreso, con cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, por dos períodos, participando en las elecciones con un umbral especial, y se creará un Consejo Nacional de Reincorporación.

El nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso: cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. Se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria, y que no se encuentren en armas.

Volviendo al comienzo: La paz no es la victoria militar de nadie, sino la recuperación del reconocimiento del derecho humano que le pertenece a 50 millones de colombianos y colombianas, que ahora pueden soñar con construir la vida digna que merecen y por la que lucharon, y sentirse parte de esta América latina, único territorio de paz en un mundo convulsionado.

- Álvaro Verzi Rangel es Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico