El objetivo de este ensayo es proponer la Unidad Agraria Social, como superación de la Unidad Económica Agraria, asociándola a necesidades socio-ambientales y políticas.

Eje temático nº1

Desempeño económico y estrategias productivas. Esquemas productivos, análisis de rentabilidad y productividad en pequeñas y medianas unidades productivas

La amplitud de la cuestión agraria comprende el campo y la ciudad,

alcanza todas las instituciones y abarca todas las dimensiones del desarrollo

Bernardo Mançano Fernandes¹

Introducción

El régimen de propiedad de la tierra debería ser un elemento básico para cualquier país, trascendiendo lo económico y proyectándose en su organización social y política. El uso y tenencia de este recurso esencial, por lo tanto, no es una materia que pueda excluirse de ninguna agenda de progreso. Ya Kautzky², en La Cuestión Agraria, refería la importancia de la propiedad para el campesinado de la época medieval, que le otorgaba una cierta autosuficiencia con respecto a la industria y las ciudades. En la época moderna esta condición se modificó, avanzando el capitalismo sobre el campo. La propiedad de la tierra, más aun que la división del trabajo, mantuvo y conserva un rol decisivo en la conformación de la estructura social. Comparativamente, empero, los sociólogos le asignaron escasa atención en sus investigaciones³

Abordar estas temáticas, sin caer en un enfoque sectorial, requiere de un reconocimiento y ponderación de los condicionantes nacionales y globales, dentro de su dinámica histórica. Con especial referencia al mundo occidental, el Estado liberal acompañó el auge industrial del siglo XIX, para transformarse en un Estado social (o benefactor) desde la última posguerra. Finalmente, hacia los años setenta, viró a neoliberal al tiempo que prosperaba el capitalismo posindustrial y globalizado. En esta última etapa, asistimos a una pérdida sensible de poder de los estados nacionales, frente al dominio económico mundial y concentrado.

Tal secuencia no estuvo exenta de conflictos recurrentes y, en las últimas décadas, se caracterizó por polarización social y una crisis ambiental y energética creciente. El paradigma dominante, desde su racionalidad instrumental, asume que con mayor eficiencia y tecnología podremos superar cualquier dificultad, sin cuestionar las limitaciones del crecimiento económico continuo. En este contexto, Beck⁴ propone sustituir la política realista del nacionalismo metodológico por una política realista cosmopolita, involucrando directamente a los estados en la tarea. Este podría ser un intento para que la humanidad sobreviva el siglo XXI, sin recaer en la barbarie. Por su parte, Robertson⁵ propone desmitificar la presunta dicotomía global-local, asumiendo la “Glocalización” como una hipótesis fecunda de trabajo.

Dentro de estas perspectivas, es pertinente posicionar e interpelar el rol que puede asumir el complejo agroalimentario hacia alternativas direccionadas a repensar la relación de la humanidad con el planeta. En esa labor es necesario, entre otras cosas, resignificar el concepto de desarrollo sustentable, ya muy gastado y vaciado de contenido hasta el punto de transformarse en un discurso hegemónico. Una superación consiste en la propuesta de un desarrollo humano sustentable, conformado en cinco dimensiones: eco-ambiental, cultural, política, económica y social. Esta es una forma de incursionar en enfoques sistémicos donde la equidad y la democracia aparecen como prerrequisitos de la sustentabilidad⁶.

Al abrigo de esta cosmovisión, el objetivo de este ensayo es proponer la Unidad Agraria Social, como superación de la Unidad Económica Agraria, asociándola a necesidades socio-ambientales y políticas.

La Unidad Económica Agraria (UEA) en la Argentina

Esta figura surgió de la preocupación por una subdivisión excesiva de los predios agrícolas y cuenta con legislación nacional y provincial. El artículo 21 de la ley 14.932, de Colonización, define la U.E.A como "...el predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa"⁷.

El historial del instrumento lo podemos rastrear desde 1940, año en que se instituyó el Consejo Agrario Nacional (CAN). Este organismo llegó a crear 120 colonias, con un total de 1.266.358 hectáreas subdivididas en 7841 unidades económicas. Casi a las puertas de la democracia, en 1980, el organismo fue derogado por el entonces ministro de economía, alegando su alto costo.

Resulta claro, de acuerdo con su definición, que la UEA responde a las distintas zonas y regiones del país. Menos previsibles y estables son sus variaciones, en un mismo ambiente, a través del tiempo. Esto explica buena parte de las dificultades de las pymes agropecuarias para permanecer en el sector. En la zona de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) la superficie modal de los establecimientos, evaluados en 2012, fue de unas 630 ha (Tabla 1).

Tabla 1. Estimaciones de las superficies (ha) de la Unidad Económica Agraria (UEA) en el periodo (2001-2013) y déficit del valor modal (630 ha) de los predios para el partido de Bahía Blanca y zona circundante.

• año	UEA	déficit del valor modal
  2001	1770	1140
  2003	770	140
  2004	836	206
  2008	1155	525
  2013	1200	570
  media	1146	516

Adaptado de Torres Carbonell, y col. ^{8, 9 y 10} y Foco y Antonelli ¹¹.

En los últimos años, por otro lado, se verificaron una serie de iniciativas para modificar la UEA, con epicentro en la provincia de Santa Fe¹². Las discusiones giraron en torno a su utilidad, vigencia o relación con la tecnología. En las argumentaciones, se apela a la sustentabilidad, protección de los recursos naturales o la función social de la tierra, pero sin profundizar, integrar ni operacionalizar ninguno de estos conceptos.

Agricultura y ruralidad latinoamericana

La evolución de los cambios en esta región, en las últimas décadas, fue radical más que de grado. La transnacionalización y concentración de lo agroalimentario, a través de grandes corporaciones, se verificó a escala mundial. Sus beneficios se maximizan, entre otros, con paquetes tecnológicos (cerrados) para monocultivos (soja) y ganadería intensiva (feed lots). Los crecientes niveles de primarización y extractivismo, respondiendo a la renovada división internacional del trabajo, fue independiente de la orientación política de los gobiernos. Las cadenas de valor, por otra parte, quedaron dinamizadas por un escaso grupo de empresas multinacionales.¹³

Desde hace muchos años, el mundo rural permaneció expuesto a un ambiente cada vez más hostil para los campesinos y pequeños agricultores. Los flujos de capitales globalizados, con perfil productivista, tienden a la destrucción de formas clásicas de producción -con diversidad biocultural- comprometiendo a las comunidades y al ambiente. De esta forma, las posibilidades de un desarrollo endógeno, humano y sostenible, encuentra serias restricciones. Los gobiernos nacionales, más allá del discurso, aparecen funcionales a este modelo de acumulación, desestimando los derechos de las poblaciones establecidas en sus territorios.¹⁴

Una de las variables críticas del desarrollo agrario son las unidades productivas que la componen, factor humano incluido. Para diagnosticar su condición de sustentables no pueden eludirse indicadores que responden al componente social¹⁵: entre otros, propiedad (de la tierra), residencia (del productor), tamaño (superficie) del establecimiento, dedicación (económica) y arraigo (permanencia y sucesión familiar). El hecho de que ellos sean muy poco mencionados o problematizados, subraya su fuerte connotación política, además de su relación -directa o indirecta- con el resto de las componentes.

En resumen, el modelo de producción agraria que se está promoviendo, en la región, es una agricultura o ganadería de tipo industrial que no internaliza -en su ecuación económica- los costos sociales o ambientales. De ello resulta que tales unidades tienen una rentabilidad ficticia y de corto plazo. Frente a este panorama, cabe priorizar nuevas formas de desarrollo local, horizontales y participativas, desde la base y a partir de proyectos territoriales. Al respecto, la apreciación crítica de los sistemas productivos resulta estratégica.

Uso del suelo, servicios ecosistémicos y sociedad

El tratamiento efectivo de este tema, como otros, no puede eludir la integración de las ciencias naturales con las sociales, reconociendo el carácter transdisciplinar de lo rural. Entre las nuevas disciplinas híbridas, de interés, cabe mencionar la “Sociología Ambiental” que puede definirse como el estudio de la interacción entre la sociedad y el ambiente¹⁶. De hecho, los sistemas agroalimentarios exceden largamente cualquier enfoque meramente ambiental: “…la relación que se establece entre una determinada sociedad y su base natural, es un problema eminentemente social”¹⁷.

La actual crisis ecológico-ambiental responde al hecho que el desarrollo económico (crecimiento del PBI), frecuentemente ha soslayado el conocimiento y manejo adecuado de la complejidad de los sistemas ecológicos. Este proceder provocó una alteración general de las relaciones sociedad-naturaleza, con altos pasivos ambientales y sociales. Resulta indispensable, por lo tanto, asociar el ambiente al territorio, incluyendo al hombre como parte de esa entidad espacial e integrada a la naturaleza, privilegiando un paradigma biocéntrico.

Los servicios ecosistémicos (SE) son todos aquellos beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas. Según el MEA¹⁸ existen veintiocho SE, que pueden ser clasificados como de provisión (alimentos, agua dulce…), de regulación (procesamiento de residuos, clima…), de soporte (polinización, ciclado de nutrientes…) y culturales (recreación, valores estéticos…); muchos de ellos son esenciales para la vida en el planeta.

El uso de la tierra ya no es más sólo un problema local: sus implicancias son nacionales y globales. La gran expansión de la producción primaria y la urbanización están generando un excesivo uso de energía fósil, fertilizante, plaguicida, agua y otros insumos, con pérdida sensible de la biodiversidad y el normal funcionamiento de los ecosistemas. Urge, en consecuencia, gestionar un equilibrio entre las necesidades actuales de la humanidad y el largo plazo.

Esquemáticamente, podemos comparar la relación del uso del suelo con la producción y los SE: en una condición natural, la mayoría de esos servicios se mantienen altos pero la producción de alimentos es baja; un uso intensivo de cultivos exhibe una alta producción de alimentos (al menos en el corto plazo) a costa de la disminución de otros SE; por último, un cultivo gestionado en forma explícita para producir y mantener otros SE permite compatibilizar y estabilizar, a niveles razonables, ambos objetivos¹⁹.

Una gran fortaleza para el buen funcionamiento de los SE, incluyendo la biodiversidad, radica en la promoción de un uso de la tierra basado en la diversidad y la granja, más que en la escala del campo²⁰. A la vez, las prácticas agrícolas afectan una amplia gama de estos servicios, incluyendo la calidad del agua, la polinización, el ciclo de nutrientes, la estabilidad del suelo y la retención de carbono, entre otros. De ahí la relevancia de instalar buenas práctica agrícolas (BPA), en las unidades productivas, a fin de potenciar la vigencia y funcionalidad de estos SE²¹.

Los beneficios humanos, obtenidos de la estructura del paisaje, están mediados por la salud de los ecosistemas. Cada zona posee factores más o menos permanentes (geología, suelos, clima) y factores modificables (por el hombre) como la vegetación, la genética o la producción animal. Dado que los cultivos y pastos ocupan un 25 % de la superficie terrestre, el perfil agroalimentario tiene una alta potencialidad para incidir en la funcionalidad de los SE y en el bienestar de la sociedad. Un esquema resumido, de esta secuencia, se expone en la tabla 2.

Tabla 2. Relación entre el paisaje, los servicios ecosistémicos y los beneficios humanos. Adaptado de Dosskey, et al.²²

Es evidente, entonces, que los sistemas y prácticas agrícolas tienen un efectivo impacto sobre una gama relevante de SE y estos, a su vez, afectan a la productividad agrícola y la calidad de vida posible, en sociedad. Buena parte de los resultados depende de la promoción (política) de modelos de producción y ruralidad implicados en altos niveles de sustentabilidad.

Escala productiva, factores socio-ambientales y políticos

La dinámica y el equilibrio de cualquier proceso son altamente dependientes de la escala adecuada. Siendo así, ella resulta determinante para todas las dimensiones del desarrollo. Ya hace varias décadas, Schumacher²³ lo había advertido convincentemente, en su libro “Lo pequeño es hermoso”. Leopold Kohr también lo percibía, con elocuencia, desde mediados del siglo pasado²⁴.

A nivel nacional, lo que está operando es una concentración de la tierra con pérdida creciente de pymes, agropecuarias y de las economías regionales. La agricultura familiar, por ejemplo, cede la tierra a los agentes que pudieron organizar su estrategia de escala.²⁵ En el sudoeste bonaerense, el tamaño de la UEA actual tracciona en el mismo sentido, generando -además- deslocalización económica. Bajo esta lógica, la mayoría de los establecimientos de la zona serían “inviables” como ya fuera explicitado -sin comillas- por un funcionario de los años noventa.

Hasta aquí, la UEA se fundamentó solo en un criterio económico y de rentabilidad espacio-temporal. Desde los últimos veinte años esta unidad oscila, exclusivamente, a instancias del mercado. Las cuestiones sociales, ambientales, institucionales, culturales y políticas, sin embargo, son vinculantes al tamaño del módulo productivo. Esta complejidad debería ser interpretada y gestionada por el Estado, con participación de los actores locales y en beneficio de toda la sociedad.

La dimensión de un predio, per se, puede contribuir a cuestiones tan sustanciales como equidad social, umbrales críticos de densidad humana, empleo local y generación de servicios, agrícolas y no agrícolas. Pero si a esta superficie la dotamos de otros atributos (promovidos) como producción familiar, diversidad productiva y un conjunto de BPA, alcanzamos la multifuncionalidad agrícola (MFA). Ella contempla, además de la producción de alimentos (bienes privados), la presencia de externalidades positivas (bienes públicos) que aportan al paisaje, al desarrollo y la protección de la naturaleza. Esta modalidad se ha ejercitado -desde hace 25 años- en países de la Comunidad Europea (CE), pero en Latinoamérica aún no califica en ninguna agenda pública²⁶

En el SO bonaerense se implementaron, desde fines de los 90, distintos programas de desarrollo rural, formalizados por el INTA. Los rasgos sobresalientes de estos emprendimientos fueron de índole tecnológica, reingeniería organizacional, gestión comercial, asociativismo o intensificación. En minifundios también se incorporaron objetivos sociales (vivienda, educación, alimentación)²⁷. En ningún caso, empero, se abordó críticamente el perfil de los sistemas productivos, desde su carácter conflictivo y político, para una puesta en valor -por ejemplo- de la agricultura familiar.

La hipótesis consiste en diseñar una figura que podríamos llamar, tentativamente, Unidad Agraria Social (UAS), asociada con la MFA. En esa unidad, la superficie óptima podría fluctuar en un 50 % de la UEA actual, tomando el caso del partido de Bahía Blanca. El menor ingreso de producto (por menor escala) se compensaría con el reconocimiento de la sociedad por su aporte al paisaje, al ambiente y al desarrollo. De este modo, la norma sería una herramienta estratégica, social y cualitativa, donde el tamaño predial opera en un rango más flexible y vinculado a otros atributos.

Multifuncionalidad y Unidad Agraria Social

La MFA responde a distintas aproximaciones, que van desde la naturaleza del sistema productivo hasta los impactos socio-ambientales y la reproducción de familias que pueden ocupar un determinado espacio social agrario²⁸. Se deduce, por lo tanto, una ligazón bastante directa con la sustentabilidad agrícola y el ordenamiento territorial. En este último caso se requiere, entre otras cosas, un equilibrio de las configuraciones urbanas y rurales. Sin embargo las inversiones públicas (además de las privadas), frecuentemente, son asignadas a los centros urbanos, retroalimentando el éxodo rural²⁹. Al respecto, Argentina es un caso emblemático de geodemografía asimétrica y polarizada.

La MFA implica una superficie óptima, dentro de ciertos límites, que permite una adecuada ocupación del territorio, en términos del paisaje y densidad social. También debe satisfacer una producción de bienes privados (alimentos o fibras, atendidos por el mercado) con saldos económicos positivos para el sustento familiar. La adecuación a un tamaño, con adopción de BPA, significan una inversión en el desarrollo y equidad social, intra e inter generacional. Estos aportes extra productivos (bienes públicos, frecuentemente ignorados por el mercado) deben ser reconocidos a través de políticas activas, acordados por el Estado en sus distintos niveles.

Hace veintitrés años, Coninagro³⁰, aun lamentando el perjuicio comercial de los subsidios de la CE, para nuestro país, incluye en un documento el siguiente comentario:

La razón de esta política reside en el hecho que la CE no considera a su agricultura desde un punto de vista económico competitivo sino enmarcada dentro de una política social, ecológica, de ocupación territorial, entre otras. Las consideraciones económicas son inferiores a estas premisas. Por el contrario, hay un especial reconocimiento al productor, no solo como productor de alimentos sino como administrador del medio rural. Este concepto es sorprendente y quizás poco comprensible para la actual cultura liberal competitiva que predomina en nuestro país y en muchos de América Latina

La diferencia de la UAS con la UEA no es solo cuantitativa sino, y especialmente, cualitativa. La resignación del tamaño o escala económica de mercado, para su autonomía, es compensada o sustituida por la bonificación de sus prestaciones sociales y ambientales. Una posible implementación de este modelo podría girar en torno a la ponderación de las BPA, especialmente tecnologías de procesos, algunas de las cuales implican retornos -internos y externos- en un plazo bastante mayor que los ciclos agrícolas y ganaderos.^{31 32}

La función de la UAS rescataría algunos fundamentos de la UEA, pero bajo criterios mucho más abarcativos. Demandaría una legislación, para su definición, cálculo y modalidades de uso, en las etapas de transición y mantenimiento de la MFA. Debería enmarcarse, idealmente, en un proyecto de desarrollo nacional, pero en su defecto puede ser activado -inicialmente- desde lo regional, provincial o local.

Conclusiones

La Unidad Económica Agraria, desde hace unos veinte años, ya no cumple los roles para los cuales fue impuesta. El criterio meramente económico, con prescindencia del Estado, queda expuesto a variaciones constantes. Incluso las pymes agropecuarias llegaron a quejarse por no poder vender una fracción, saldar una deuda y seguir trabajando. Muchas empresas familiares se tornan en minifundios, de hecho, al tener que competir con adecuaciones de escala y producción homogénea: la concentración de la tierra y el éxodo rural exhiben plena actualidad en el territorio nacional.

La Unidad Agraria Social se presenta como una superación de estas limitaciones, desde una visión agroecológica y multicriterial, promoviendo un desarrollo no sectorial. Para que la figura tenga real competencia en un parámetro tan sensible como el tamaño de los establecimientos y sus roles, debe estar atada al perfil de los modelos productivos y su gestión tecnológica. Al respecto, la multifuncionalidad agrícola no es una curiosidad de la Comunidad Europea: responde a principios universales. Su adopción, a nivel global, resulta de estricto sentido común, sea invocando lo alimentario, ambiental o social. Obviamente también por lo económico, a mediano y largo plazo.

En Argentina aun estamos en la etapa de incorporar, en el espacio público, temas estructurales. Entre la unidad agraria social y la unidad económica agraria se propone una ventana de discusión a nivel periodístico, académico y político, como insumo relevante para otra ruralidad, pensando en otro país.

- Tomás Loewy – Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca)

tloewy@bvconline.com.ar

Jornadas “La viabilidad de los ´inviables´. Estudios, debates y experiencias sobre formas de producción alternativas al modelo concentrador en el agro”

12 al 14 de noviembre de 2014

Universidad Nacional de Quilmes