Pueblos amazónicos de Ecuador tienen una sentencia a favor por contaminación de Chevron, que no les paga. En cambio la petrolera logró que Ecuador le pagara un juicio injusto. Rafael Correa, pese al millón de firmas colectadas, no irá por otro mandato.

Vivimos en el mundo del revés, enunciado por María Elena Walsh en canciones que no solamente eran para un público infantil. Y como Ecuador es parte de ese mundo decidió pagar 112 millones de dólares a Chevron, que lo había demandado ante la Corte de Arbitraje de la Haya, que derivó el pleito a un tribunal arbitral generalmente favorable a las corporaciones. Ese tribunal falló para que el país sudamericano le abonara a la petrolera 96.3 millones de dólares que con más los intereses terminaron siendo 112 millones. Ese fallo pasó a una corte norteamericana de Columbia (Washington) y ante la apelación del gobierno de Correa, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el arbitrario fallo.

El presidencial Palacio de Carondelet debe haber evaluado que la solución menos mala era abonar, para evitarse hostigamiento judicial, mediático y sobre todo económico-financiero-político en un contexto que luce con ciertas dificultades.

El país fue sacudido por un tremendo terremoto en abril, con muchas víctimas y destrucción material. Por otro lado la economía sufre la declinación, sobre todo por la caída de los precios internacionales del petróleo, uno de los fuertes locales. La titular de la Asamblea Nacional, Rivadeneira, acaba de recibir proyectos de leyes con incentivos tributarios enviados por Correa para incentivar varias industrias, para sacarlos del parate.

Asimismo están los avatares políticos. Se elegirán autoridades presidenciales, cargos nacionales y regionales en 2017 y hay una situación novedosa desde que comenzó la gestión de Correa: él no será de la partida. Argumentó que tenía una deuda con su familia, por estos largos años en que la función pública lo absorbió. A modo de dispensa político, dijo que había muchos buenos candidatos en Alianza PAÍS que podían ganar ese comicio. Esto último puede ser una estimación política personal, pero no es compartida por las bases de su movimiento que formaron de modo espontáneo un comité “Rafael Contigo siempre” y se lanzaron a juntar un millón de firmas para que el presidente aspire a otro mandato y se corrija una disposición constitucional provisoria que lo impide.

Ese comité tenía 180 días para reunir esas firmas y en 40 días reunió 1.248.000, sobrepasando lo exigido por la ley. A los extraños les indicó que Correa tiene una base popular importantísima. Y a los propios, mandatario incluido, les implicó un mensaje de que sigue siendo un imprescindible, aún cuando el aludido diga que hay muchos que podrían ocupar su lugar.

Es el eterno dilema ideológico entre lo individual y lo colectivo, lo familiar y lo público, lo personal y lo nacional. Veremos cómo termina esta puja que dice ir ganando el “yo”.

Mundo del revés

Una historia que ha tenido un final, al menos de una etapa, mientras continúa el largo conflicto continúa, es la demanda de Chevron contra Ecuador.

Esa petrolera norteamericana operó bajo la denominación de Texaco entre 1964 y 1992, con un saldo negativo de contaminación en la zona amazónica. Según la prolija estadística del país, esa multinacional “derramó 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, vertió otros 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en los suelos y ríos, y quemó al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas; dañó dos millones de hectáreas de la Amazonia ecuatoriana y afectó a miles de personas”.

Eso motivó una demanda de un Comité de Afectados de Sucumbíos, que la justicia local acogió favorablemente y fijó en 9.500 millones de dólares la suma con que Chevron debía indemnizar. ¿Por qué Chevron? Porque en 2001 había adquirido a Texaco haciéndose cargo de todo lo vinculado con la firma.

El fallo incluía otra condición: la petrolera debía pedir disculpas de actuación tan contaminante. Si no lo hacía, la suma a pagar se incrementaba en otros 8.500 millones de verdes estadounidenses.

Lejos de acatar ese dictamen, la firma reimpulsó viejos pleitos contra gobiernos anteriores al de Correa, cuestionando la supuesta interferencia del Estado en la buena evolución de sus negocios. Y en base a los Tratados Bilaterales de Inversiones (los tristemente célebres TBI de los que el ex canciller argentino Héctor Timerman se ufanaba de que Argentina tenía firmados 60), la petrolera llevó el pleito a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La misma ordenó formar un tribunal arbitral, de los que prescriben esos TBI, con un miembro designado por la empresa, otro por el país y el restante por acuerdo de los dos anteriores.

Y en 2012 ese tribunal emitió un fallo favorable a Chevron, condenando al estado ecuatoriano a abonar 96,3 millones de dólares por haber afectado las condiciones de la inversión. El TBI entre Quito y Washington entró en vigencia en 1997, y los hechos argumentados por Chevron habían ocurrido como límite máximo en 1992, cuando cesó su actividad en Lago Agrio. Aunque el TBI no era retroactivo, la petrolera norteamericana fue favorecida por ese fallo arbitrario, hecho a su medida.

Los tribunales estadounidenses fueron convalidando esa sentencia tan oscura como las piletas contaminadas en la Amazonia. Y como colofón negativo, la Corte Suprema yanqui de ocho miembros la ratificó, decidiendo no avocarse; en esto repitió su conducta buitre de 2015 cuando no quiso considerar la apelación de Argentina ante el fallo de Thomas Griesa favorable a Paul Singer.

El gobierno ecuatoriano se la veía venir. Por eso fue que hace un par de años impulsó la campaña “la mano sucia de Chevron”. Llevó a personalidades del mundo a la zona contaminada y éstas se sacaron fotografías con la mano negra luego de meterla en las piletas abandonadas.

Sin embargo, en este mundo injusto, el partido lo va ganando la contaminación. La firma logró cobrar en junio pasado 112 millones de dólares, logrando salir del banquillo de acusados y sentando allí a la víctima.

Y, en cambio, el juicio del Comité de Afectados, a pesar de tener fallo favorable de la justicia ecuatoriana, incluyendo su Corte Suprema de Justicia, está trabada en la norteamericana. Primero fue por Lewis Kaplan, un juez amigo de Chevron y del JP Morgan, luego la Corte de Columbia. Y seguramente la Corte Suprema terminará por abrochar este expediente: si ya falló una vez a favor contra Ecuador, ¿qué duda cabe que reincidirá? Es la segunda mayor petrolera de EE UU y la sexta del mundo. Su riqueza contamina agua, tierra, aire y también mentes y expedientes judiciales.

¿El candidato oficialista?

El 8 de agosto Correa ratificó que él no será el candidato de Alianza PAÍS. “Mi gratitud a los jóvenes, pero mi decisión está tomada. Lo importante es que se reelija la Revolución Ciudadana, tenemos la fe en nuestro pueblo que así va a ocurrir”, dijo al agradecer el millón de firmas colectado por “Rafael Contigo Siempre”.

Si se mantuviera ese punto de vista se estaría dando una cierta chance a la oposición, porque de cara a los comicios de 2017 hoy Correa luce imbatible. La encuesta de Perfiles de Opinión realizada entre el 30 de julio y 1 de agosto en Quito, Guayaquil y Cuenca, estimó que el 61 por ciento de ecuatorianos apoya su gestión y solo 6,4 por ciento la considera mala.

Después de casi diez años de gobierno es una marca muy difícil de alcanzar, como las de Phelps o Bolt. El lote de políticos opositores viene muy rezagado y quedará fuera del podio, sin medallas, pero si el actual inquilino de Carondelet se bajara entonces las chances de aquéllos tienden a crecer.

Eso no es mecánico porque Correa haría campaña por alguno de los dirigentes de PAIS para presentarlo como el hombre o la mujer apta para reemplazarlo, de modo que su ausencia no será absoluta.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó anteayer que en los comicios nacionales y provinciales podrán inscribir candidaturas propias o en alianza las 16 organizaciones políticas de carácter nacional y las 54 provinciales. La primera vuelta está prevista para el 19 de febrero de 2017 y la segunda para el 2 de abril, para elegir el binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales, y parlamentarios andinos.

Esa cantidad de organizaciones políticas habilitadas para participar “es el reflejo de una democracia participativa directa”, declaró el CNE, valorando la democracia de la Revolución Ciudadana. Esta ha sido muy vilipendiada por EE UU, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Banco Mundial y, por obvias razones, multinacionales como Chevron.

No es esa sin embargo la opinión que tiene la mayoría de los ecuatorianos, que valora las conquistas alcanzadas en la década. El desempleo es bajo, del 5,3 por ciento y el subempleo del 16,3 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de junio de 2016. Un dato más. El Ministerio de Telecomunicaciones informó el 11 de agosto que “Ecuador vive una nueva realidad en las TIC pues cuenta con más de 14,5 millones de abonados a la telefonía móvil y existe una cobertura poblacional del 49,63 por ciento con servicios de 4G”. Es una década ganada en serio, aunque el paso al costado de Correa para 2017 abre interrogantes.