La exigencia del Consejo Coordinador Empresarial con sus siete organismos “asociados” –incluida la Asociación de Bancos de México formada por firmas trasnacionales–, y sus cinco “invitados permanentes” –como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, los amos y señores del comercio–, lograron que el grupo gobernante asuma un claro compromiso con las soluciones de fuerza frente al movimiento magisterial y popular.

Conflicto que tiene como epicentro las secciones de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca; presencia en una veintena de estados más y referentes autónomos pero convergentes con la Coordinadora Nacional en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sonora, por los desatinos del titular de la Secretaría de Educación Pública a la hora de aplicar su reforma educativa, como no pagar a tiempo las quincenas o hacer descuentos arbitrarios a los trabajadores de la educación, incluidos los del Sindicato Nacional que administra Juan Díaz de la Torre con gran éxito económico personal.

Ante la insistencia de Joaquín López-Dóriga –fatuo como es pero posando para que la entrevista pareciera conversación improvisada–, Enrique Peña Nieto prometió a los dueños de México y su base social: “El gobierno de la república no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y sobre todo, hacer valer el Estado de derecho”.

El presidencial es el tercer aviso o amenaza –antes hubo dos a cargo de Miguel Ángel Osorio–, del que se autodenomina gobierno de la república, pero que en rigor es un grupo cerrado que demostró hace una década, en San Salvador Atenco, de lo que es capaz con los que luchan por sus derechos con todo y errores que cometen, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que pagó tal osadía con dos asesinados –Alexis Benhumea y Javier Cortés–, la detención de 207 personas –entre ellas 10 menores de edad–, 146 encarcelados, la expulsión de cinco extranjeros previa tortura y 26 mujeres violadas por agentes policiacos que portaban condón y antes les exhibieron películas de sexo explícito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga el caso de las mujeres y el “Estado mexicano” (los emisarios de Peña) buscan un “arreglo amistoso” con dinero en la mano, lo que es rechazado por las víctimas.

La Suprema Corte determinó que se cometieron “violaciones graves de garantías individuales” por elementos policiacos mexiquenses y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictaminó que “hubo un uso excesivo de la fuerza”. Con todo, Enrique Peña defendió ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana “el uso legítimo de la fuerza del Estado” (11-V-12), lo que provocó el #Yosoy132 que estuvo cerca de hacerlo perder la elección presidencial, lo que se evitó con la presunta compra de 4 millones de votos y la inducción de todas las encuestas como favorables.

A qué viene esta remembranza, pues a que el presidente con todo y su enorme falta de apoyo ciudadano –que mal justifica con las reformas estructurales y los “intereses afectados”–, su evidente debilidad, o por ambas, no puede y no quiere resistir las presiones y exigencias empresariales, multiplicadas hasta la náusea por el oligopolio mediático. Y asume un compromiso con las “soluciones” represivas, pues la Policía Federal y las estatales, el Ejército y la Marina no tienen capacidad para aplicar la “violencia legítima del Estado” sin violar derechos humanos, herir y asesinar como lo demostraron en Nochixtlán, Oaxaca. Y la generalizada repulsa los obligó a dialogar con la CNTE.

Utopía 1716. El uso de la fuerza “para poner orden”. 17-VIII-16

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