La denuncia formulada por el Alejandro Solalinde a la reportera Sanjuana Martínez es sumamente grave: Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca de diciembre de 2004 a noviembre de 2010, “sigue teniendo poder y tiene escuadrones de la muerte; sigue manejando grupos de policías que controlan todo y lo hacen ‘limpiamente’, sin dejar huella”.

Solalinde Guerra sabe muy bien de lo que habla, no sólo porque vive en tierras oaxaqueñas desde hace 36 años, sino además es Premio Nacional de Derechos Humanos, galardón que le entregó Enrique Peña Nieto el 10 de diciembre de 2012 por su trayectoria en la materia, en la que destaca que encabezó la Comisión de la Verdad para investigar la represión ocurrida en 2006, cuando el prominente priista (“cacique”, le llama) gobernaba Oaxaca y como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario perdió en junio la elección por la gubernatura de Quintana Roo.

Hace cuatro meses que el sacerdote y maestro en Terapia Familiar Sistémica entregó las recomendaciones del informe Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca, que documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 2006 y 2007, durante el movimiento que aglutinó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca para hacer frente a un desalojo de profesores de la Sección 22, al asesinato de activistas y dirigentes, la fabricación de delitos para encarcelar a otros, las malversaciones de fondos cometidas por Ruiz para apoyar la campaña presidencial de Roberto Madrazo –que en 2006 quedó en tercer lugar, traicionado por dirigentes del Institucional como Beatriz Paredes quien, según testimonio José Carlos María Abascal, trabajó por el triunfo de Felipe Calderón–, así como para exigir la renuncia del gobernador como condición para concluir las movilizaciones y llegar a un acuerdo sobre la situación educativa en la entidad.

Historia resumida que cobra singular actualidad con el gobierno de Gabino Cué, mismo que para José Alejandro Solalinde “dio lo mismo que fuera de un partido o del otro” porque “las cosas siguieron igual”. Y el conflicto magisterial y popular es preciso agregar que se multiplicó y volvió más complejo, aunque parte de los poderosos del dinero y los cacicazgos locales optan por simplificaciones que no sirven más que para hacer propaganda primitiva y linchamientos peligrosos.

“La Comisión de la Verdad entregó resultados –informa el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano–, pero tal parece que en México no pasa nada. Hay un cinismo de parte de los políticos y también una impunidad del sistema, una cobertura, una complicidad”.

Las recomendaciones todavía no se cumplen “cayeron en tierra de nadie”, como si no existieran porque el Estado es “cínico e impune”. Detalla que Acción Nacional “cubrió a Ulises Ruiz”, pero “ya no importa”, porque “la impunidad es sistémica”.

La Comisión de la Verdad fue asfixiada por el mismo gobierno de Cué, pues de acuerdo con el decreto legislativo 2056 le destinaban 18 millones 173 mil pesos de presupuesto, y terminó con dos terceras partes menos antes de finalizar; el último mes de trabajo no se pagó.

Y los 38 perpetradores de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, “se mantienen en la impunidad”, la mayoría sigue “ocupando puestos en la administración estatal”. Da nombres como el de Daniel Camarena Flores inspector en el municipio de Oaxaca. Mas el mayor perpetrador es Ulises Ruiz y mientras Solalinde considera que “debería estar en la cárcel”, opera como un distinguido funcionario del tricolor.

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