Acusado en su país por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de las víctimas durante la devastadora dictadura stronista, el canciller paraguayo Eladio Loaiza, se da el lujo hoy de hablar del respeto a los derechos humanos.

Desde mayo de 2016 se convirtió en el ariete de la desestabilización regional de Venezuela. “El Gobierno paraguayo cree posible aplicar el Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del Mercosur (2005) al régimen de Nicolás Maduro… nos preocupa enormemente la situación que pueda derivar en hechos violentos que sufra la población”. Obvió decir, entre otras cosas, que Venezuela no suscribió ese tratado.

Poco después, Loizaga afirmó que la identificación ideológica de algunos países retrasa el fortalecimiento del Mercosur, pero no atacaba solo a Venezuela y Bolivia, sino también a Uruguay. “No hay que olvidar que en Uruguay hay un partido, el Frente Amplio, que está en ejercicio del gobierno en este momento y lógicamente debe haber una cercanía importante con Venezuela. Lastimosamente la identificación ideológica retrasa al Mercosur”, criticó Loizaga.

“La presidencia del Mercosur no puede estar en manos de un gobierno que viola los derechos humanos, mantiene presos políticos y restringe la libertad de sus ciudadanos, expresa el canciller Eladio Loizaga. (…) Mercosur no es un grupo de países que se unen para luchar contra el imperio”.

Y mientras se creía que lo de Loizaga se debía exclusivamente a sus posiciones reaccionarias, a un enfrentamiento “ideológico”, la prensa paraguaya informó que la estatal petrolera venezolana Pdvsa recurrió a la Cámara de Comercio Internacional para iniciar un proceso arbitral reclamando el pago de 265 millones de dólares por provisión de combustible durante años, en base a acuerdos firmados de refinanciamiento de deuda y adendas.

Estas declaraciones del canciller paraguayo son paralelas al juicio que en Paraguay contra los campesinos víctimas de una masacre. El 15 de junio del 2012 se produjo la llamada “Masacre de Curuguaty, donde murieron 17 personas en un operativo policial-judicial que nominal y formalmente no se trataba de un operativo de desalojo de una propiedad privada sino de tierras fiscales, en este caso reclamadas por un gran terrateniente, la familia Riquelme, personero del aparato político-económico en el poder.

Y aunque murieron 17 personas, el sistema judicial paraguayo solo investigó la muerte de seis policías. Los campesinos fueron condenados por “Invasión de Inmueble ajeno.

En Paraguay se habla del “mito fundador”, una historia fantástica de personajes, tiempos y lugares que solo existen en el relato justificador de un grupo que al imponer su poder por la fuerza, va construyendo su discurso ideológico para justificar una relación de dominación determinada.

Para la oligarquía paraguaya la Masacre de Curuguaty se constituye en el mito fundacional de la operación de Restauración conservadora que concluyó el 22 de junio del 2012 con la destitución de Fernando Lugo por la vía de un Juicio Político, que fue en realidad un golpe parlamentario.

Horacio Cartes, presidente paraguayo, habló sobre la condena a los campesinos de Curuguaty. “No estuve en el gobierno que cayó, no estuve en el que asumió tras el golpe”. O sea, admitió que fue un golpe, afirmación que cayó muy mal en el gobernante partido Colorado, factótum del golpe de 2012 y destruyó la estrategia de su canciller Eladio Laoyza, basada en solicitar la aplicación de la carta democrática contra Venezuela, pese a que no hubo ninguna interrupción democrática.

“Nuestros jueces y fiscales bien remunerados con nuestros impuestos dejan solos a los campesinos y naciones originarias forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen. Obviamente esto ocurre es un rémora del pasado porque la Justicia durante la dictadura fue simplemente un apéndice de la policía política y ahora es apenas un resorte del Poder Legislativo”, señaló el premio Nobel Alternativo, Martín Almada.

Un largo servicio al stronismo y la embajada

En octubre de 1967, el promisorio bachiller de 18 años Eladio Loizaga, egresado del colegio jesuita Cristo Rey de Asunción, ingresó al cuerpo diplomático de la dictadura del general Alfredo Stroessner, desde donde se garantizó el título de abogado en 1973, militando en el oficialista partido Colorado.

Apenas graduado de abogado, fue nombrado Primer Secretario de la Embajada del Paraguay en Washington. y ante la Organización de los Estados Americanos, en épocas de estrechamiento de las relaciones políticas y militares entre Washington y la dictadura stronista. En enero de 1979 fue asistente del Sub-Secretario de Estado de la cancillería y dos años más tarde Director del Departamento de Organismos, Tratados y Actos Internacionales de la misma, En setiembre de 1983 alcanza el cargo de Director General, al que renuncia en junio de 1988, tras lanzar desde allí su carrera política.

Cabe recordar que en 1965, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la denominada “Resolución Selden”, mediante la cual se autorizaba el envío de tropas de ese país a Paraguay en caso de “amenaza de comunismo internacional directa o indirectamente”.

En abril de 1989 fue electo Diputado Nacional por el Partido Colorado, y en mayo del mismo año solicita permiso a la Cámara para ejercer el cargo de Jefe de Gabinete del Presidente Gral. Andrés Rodríguez. Para sorpresa de muchos, en la madrugada del viernes 3 de febrero de ese año Rodríguez, consuegro y socio comercial de Stroessner, lo derrocó mediante un golpe de Estado, con apoyo de la iglesia católica y del gobierno estadounidense.

En el plano exterior Rodríguez tomó pasos decisivos encaminados a insertar al Paraguay en el concierto latinoamericano de naciones, cuyo colofón fue la acogida en Asunción el 26 de marzo de 1991 a sus colegas de Brasil, Fernando Collor de Mello, Argentina, Carlos Menem, y Uruguay, Luis Alberto Lacalle, para la firma del Tratado constitutivo del Mercado Común del Sur (Mercosur). Otro importante logro de su gobierno y de su jefe de gabinete Loizaga fue la recuperación del estatus del Paraguay ante Estados Unidos como país beneficiado con la cláusula comercial de nación más favorecida.

Cabe recordar que Rodríguez, en el poder con aval de Washington, fue investigado por EEUU por ser sospechoso de tráfico de droga y en su país por el asesinato en octubre de 1994 del secretario antidrogas general Ramón Rosa Rodríguez. Era dueño de varias empresas en el Paraguay entre ellas una casa de cambio de moneda extranjera. El 6 de diciembre de 1996 la Cámara de Senadores invocó la inmunidad parlamentaria de Andrés Rodríguez -senador vitalicio por haber sido presidente- y negó que pudiera ser procesado por narcotráfico o asesinato.

Entre abril de 1995 y junio de 1988 ejerció como Representante Permanente ante la ONU en Ginebra y ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde julio de 2001 hasta mayo de 2009, se desempeñó como Embajador, Representante Permanente del Paraguay ante la ONU en Nueva York. Desde agosto de 2009 hasta diciembre de 2010, fue Asesor del canciller, hasta que se acogió a la jubilación. Pero, en agosto de 2013 asumió la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Horacio Cartes.

Hombre del Plan Cóndor

Durante los años 1960-70, Stroessner promovió el método de la “represión preventiva” para prolongar su gobierno, método denunciado en una reunión de la Junta Interamericana de Defensa (asesora a la OEA) realizada en Washington en 1972. Allí, altos mandos estadounidenses y latinoamericanos, se adoptó la doctrina de eliminar a la oposición por todos los medios concebibles.

En este contexto se enmarca el Plan Cóndor, el cual surgió en una reunión realizada en noviembre de 1975 en Santiago de Chile entre el líder de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de ese país y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay; con el fin de desarrollar operativos de inteligencia que permitían el libre desplazamiento por sus territorios para reprimir, perseguir, secuestrar o asesinar a la oposición política de los regímenes dictatoriales.

En esta misma ideológico-represiva, en 1975 el dictador boliviano Hugo Banzer - en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense-formuló un plan dirigido a reprimir y eliminar a la disidencia católica de izquierda adepta a la llamada Teología de la Liberación.

Dentro de este cuadro de situación no puede olvidarse que el 8 de marzo de 1979 se celebró el 12º Congreso de la Liga Anticomunista Mundial en Asunción, una organización internacional de extrema derecha caracterizada por su antisemitismo y el reclutamiento de elementos nazi-fascistas. De la reunión participaron jefes de los principales aparatos de inteligencia del dictador Stroessner; quienes mantenían estrechas relaciones con la CIA), el FBI y la Secretaría de Defensa estadounidenses.

Un año antes, en 1978, la Delegación paraguaya había elevado una moción ante la Conferencia Mundial de la Liga, dirigida a proceder con el Plan Banzer en América Latina.

Según investigaciones del juez paraguayo José Fernández en 1992, quien descubrió los denominados “Archivos del terror” donde se detallan los casos de secuestros, torturas y asesinatos por parte de estos servicios de seguridad del Cono Sur, se reveló la cooperación de la Liga Anticomunista Mundial con la ejecución del Plan Cóndor.

Los documentos revelados de los Archivos del Terror” señalan a Eladio Loizaga como miembros del Comité Organizador y coordinador de los preparativos del 12º Congreso de la Liga.

En el año 2005, el ahora Canciller Loizaga estuvo incurso en una denuncia genérica realizada ante el Ministerio Público contra el Partido Colorado, por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: La denuncia no prosperó. En 2008 se presentó el informe de la “Comisión de la Verdad y

Justicia sobre las violaciones de Derechos Humanos” cometidas durante la dictadura, y entre los delincuentes aparece mencionado el hoy canciller, entonces

Representante Permanente ante la ONU en Nueva York

A principios del año 2012, el gobierno del presidente Fernando Lugo -depuesto ese mismo año- dio a conocer una lista de beneficiarios de la dictadura stronista, en la que figuraba Eladio Loizaga con grandes extensiones de tierras, que debieron ser destinados a los campesinos como parte de la reforma agraria. Loaiza aseguró que las compró legalmente al Instituto de Bienestar Rural (IBR) en el año 1980.

Pese a las acusaciones por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de las víctimas durante la devastadora dictadura stronista, y luego de haberse acogido a la jubilación en el año 2010, el Presidente Horacio Cartes lo designa Ministro de Relaciones Exteriores en agosto de 2013, evidenciando así la influencia de esta cuestionada figura en la política exterior de ese país.

Además de ser cómplice de crímenes de lesa humanidad, Loizaga hoy quiere asesinar la integración, demoliendo el Mercosur.

Álvaro Verzi Rangel

Sociólogo. Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia