Ante el avance de este acuerdo internacional, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) hace un llamado a la sociedad civil, especialmente a las comunidades educativas, a que presionen a sus gobiernos a rendir cuentas sobre estas negociaciones y sus impactos negativos para los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación

En el año 2012, un grupo de países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se constituyó bajo el nombre de Really Good Friends of Services – RGF (en español, “Auténticos Buenos Amigos de los Servicios”) para promover la adopción de un un nuevo tratado de servicios: el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TiSA por sus siglas en inglés), dando inicio de esta forma a una serie de negociaciones secretas extraoficiales, tendientes a liberalizar más el comercio y las inversiones en los servicios, incluidos los servicios públicos. Con este tratado de libre comercio, se proporcionaría a los proveedores extranjeros acceso a los mercados nacionales en condiciones “no menos favorables” que las de los proveedores nacionales, y se limitaría la capacidad de los gobiernos de regular, adquirir o prestar servicios.

En este proceso no fueron incorporados los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), manteniendo en cambio desde el inicio una estrecha relación con los grandes lobbies del sector de servicios, como la Coalición de Industrias de Servicios de los Estados Unidos (en inglés, Coalition in Services Industries). En marzo de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó las directrices para que la UE entrara en la negociación del TiSA, quedando facultada para negociar en nombre de sus 28 Estados miembros.

Actualmente se encuentran negociando este acuerdo 23 partes, las que representan el 70 por ciento del comercio global de servicios: Australia, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea. A su vez, Brasil y Argentina recientemente señalaron su interés en aproximarse a estas negociaciones.  El proceso también es acompañado y promovido por el “Team TiSA”, coalición de empresas multinacionales entre las que se encuentran Citigroup, Google, IBM, Liberty Mutual, MetLife, UPS y Walmart.

A pesar de que el TiSA ha pasado ya su décima octava ronda de negociaciones (esta última celebrada entre el 26 mayo y el 3 junio 2016), las mismas se han caracterizado desde sus inicios por la falta de acceso a la información y transparencia sobre el contenido de los acuerdos que se están adoptando, en particular para la ciudadanía en general e incluso los parlamentos de los países involucrados.

El contenido de lo que se está negociando no se encuentra disponible a través de mecanismos y documentos oficiales, y han sido las diversas filtraciones de WikiLeaks las que han expuesto algunos de los contenidos claves de este acuerdo, permitiendo una mirada sobre sus alcances. En base a las mismas, se ha señalado que el verdadero objetivo de este acuerdo no es únicamente la apertura de los mercados de servicios, sino también reducir la capacidad normativa de los Estados para regularlos, con fuertes impactos sobre los derechos sociales, medioambientales, culturales y laborales, por la reducción de la capacidad estatal para responder a los intereses de la ciudadanía

Nuevas filtraciones de documentos por parte de WikiLeaks durante el pasado mes de mayo han puesto de relieve otros puntos que se estarían negociando, como la obligación de los Estados de informar al resto de los países (y empresas) miembros del TiSA, antes de aprobar normas que puedan afectar a sus intereses económicos y financieros, lo que se aplicaría para regulaciones que se pretendan adoptar en cualquier nivel de gobierno. Todo lo cual ha incrementando aún más la alarma de los diversos actores, organizaciones y sindicatos que se oponen a este acuerdo.

El TiSA ha sido considerado por Jocelio Drummond, Secretario Regional de la Internacional de Servicios Públicos para las Américas, como la peor amenaza a los servicios nunca antes vista, en razón de que en base a las cláusulas que se estarían negociando, lo que verdaderamente se verá afectado es el propio concepto de democracia, la libertad de elegir cómo debe funcionar el Estado y sus prioridades en la oferta de servicios básicos, así como para definir su modelo de desarrollo. Según él, los contenidos del acuerdo apuntan a:

1. Listas negativas: los países solo establecen el listado de servicios que les gustaría excluir del acuerdo, lo que ofrece mucho más riesgos, dado que en principio todo queda incluido.

2. Status quo: con la firma de este acuerdo, se preservará, como mínimo, el nivel de liberalización vigente. Ningún servicio privatizado, aunque no funcione, podrá ser re-estatizado.

3. Cláusula “trinquete”: cualquier desregulación que se promueva en un país que forme parte en el acuerdo, se volverá permanente, sin posibilidad de revertirse;

4. Cláusula para el futuro: los términos del acuerdo tendrán validez para los servicios que existen actualmente y también para cualquier otro que pueda existir en el futuro.

5. Prohibición de normas nacionales y restricción a regulaciones locales: ningún servicio podrá estar sometido a ninguna norma de preferencia nacional, estableciéndose la completa apertura a la competencia internacional para su prestación.

6. Liberalización no diferenciada: siempre tendrá validez para los países que formen parte en el TiSA el acuerdo más liberalizador que los mismos establezcan con cualquier otro país.

7. Bases jurídicas sólidas y paneles arbitrales independientes: la resolución de controversias entre empresas y Estados se realizaría en paneles independientes, sin ninguna subordinación a las leyes nacionales ni a los tratados internacionales.

8. Leyes no necesarias: cualquier empresa o Estado miembro del TiSA puede argumentar que una ley nacional o una política de Estado perjudica a la libre competencia. A su vez, en caso que se adopten políticas públicas nuevas, las mismas deberán abrirse a la opinión de los Estados-miembros y sus empresas, no pudiendo ser implementadas hasta escuchar a las partes.

9. Divulgación del acuerdo recién cinco años después de su firma: las cláusulas permanecerán en secreto de Estado, sin divulgación pública por un plazo mínimo de cinco años desde la firma del acuerdo.

Diversos cuestionamientos a este tipo de acuerdo de libre comercio e inversión, y a sus procesos de negociación, han sido expresados recientemente por Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien ha señalado que los acuerdos comerciales preparados y negociados en secreto, con exclusión de las principales partes interesadas, tales como los sindicatos, las asociaciones de consumidores, profesionales de la salud y educación, expertas/os en medio ambiente y los parlamentos, no tienen ninguna legitimidad democrática. “Los Estados no deben entrar en acuerdos que retrasen, eluden, dificulten o hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones de los tratados de derechos humanos”, afirma.

Abordando los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio, Zayas subraya que la función principal del Estado es actuar en interés del público y que las empresas y los inversores deben establecer vínculos de colaboración con los Estados en vez de entablar ante ellos relaciones asimétricas. Considera que los Estados deben mantener de manera fundamental e inalienable la soberanía y el espacio normativo, y que se debe reconocer a los parlamentos la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados y a la población los derechos a la participación pública, al debido proceso y a la democracia.

Si los avances en las negociaciones del TISA continúan, una de sus amenazas más inminentes, se encontraría en las serias limitaciones a la prestación directa de servicios públicos por los Estados que formen parte del tratado, e incluso su liberalización total. Los mismos podrían pasar a la órbita de las empresas privadas y del mercado internacional. Servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la gestión de residuos, los servicios de agua, entre otros, podrían ser privatizados y comercializados con producción de lucro, impactando negativamente en su universalidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad, y afectando por tanto los derechos humanos asociados a los mismos.

“Se dejará a la educación  fuera del ámbito de las personas, de la política electoral y de los debates más amplios, en lo que respecta al propósito de la educación, cómo se regula, quiénes se benefician, y qué  mecanismos reguladores y de otro tipo se establecen para asegurar que se den las condiciones para una sociedad más igualitaria, respetuosa, con cohesión y justicia social”, advierte Robertson. Susan Robertson, profesora de Sociología de la Educación en la Universidad de Bristol, afirma que el TISA se propone una agenda política desreguladora radical que supondrá serias restricciones sobre las empresas estatales e involucrará los derechos y servicios públicos, como es el caso de la educación. Alerta que las más recientes rondas de negociaciones de tratados comerciales que se han puesto en marcha, como el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés), el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) incluyen a la educación en el marco del sector de servicios y no como un derecho humano.

Considera, además, que se podría estar estableciendo un conjunto de regulaciones que comprometerán la educación a futuro, sin participación de las partes interesadas, sin consultas, ni debates, o votaciones a favor de ello, no siendo ello susceptible de ser recusado o cambiado. “Si se requiere que la educación juegue un rol en nuestras sociedades como una de las instituciones sobre las que las personas tienen derecho a exigir cuentas, a causa de sus efectos distributivos y relacionales, entonces tenemos que oponernos a las propuestas de los ‘buenos amigos’ y llamar a sus tácticas por su nombre: anti-democráticas, corruptas y egoístas. Insistimos que los servicios públicos, como la educación, son precisamente eso. ¡Son públicos y nuestros y deben ser protegidos como una empresa estatal de propiedad pública que le rinde cuentas al pueblo!”, afirma Robertson.

En este contexto, la CLADE hace un llamado de Alto al TiSA y alienta a la sociedad civil organizada a intensificar la presión pública sobre los gobiernos, en particular de aquellos países que se encuentran involucrados en estas negociaciones, para que rindan cuentas sobre el contenido de las negociaciones, y para que se realicen análisis sobre sus consecuencias e impactos en los derechos humanos y el desarrollo democrático de los Estados, con una amplia participación de todos los sectores y actores involucrados, parlamentos, ministerios, sindicatos, sociedad civil, partidos políticos y la comunidad educativa, ente otros.

Asimismo, exhorta a estos actores a seguir incidiendo hacia el establecimiento de sistemas públicos educativos debidamente consolidados, fortalecidos y anclados en una perspectiva de derechos humanos.

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Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Fuente:

http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/alto-al-tisa-tratado-de-libre-comercio-pone-en-riesgo-la-garantia-de-los-derechos-sociales-y-a-la-democracia/