El Centro CEPA presenta su Informe laboral al 16 de junio 2016. Según figura en este documento, al 30 de junio de 2016 se contabilizan 179.285 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 2015. Esta cifra indica un incremento de 6,99% en el mes de junio respecto del relevamiento presentado al 31 de mayo que había arrojado un total de 167.564 despidos y suspensiones.

Se manifiesta una continuidad de los despidos en el mes de junio, contradiciendo el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales grupos económicos empresarios el pasado 9 de mayo, que suspendía los despidos por seis meses.

Seguidamente, se constata un aumento de despidos en el sector servicios, representando casi el 25% de los despidos del mes en concomitancia con el menor incremento de despidos en la industria.

 En tercer lugar, cabe indicar que si bien en numerosos casos las denuncias y movilizaciones estuvieron encabezadas por la representación sindical correspondiente, también se han detectado diversos casos de despidos que han salido a la luz por denuncias de trabajadores que, al mismo tiempo, han señalado la connivencia del sindicato con la patronal.

Como cuarto elemento, es interesante remarcar que las empresas que ajustan planteles son reconocidas marcas de cada rubro, información que se ubica en línea con los datos provistos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en torno a la destrucción de puestos de trabajo en grandes empresas (de más de 5.000 ocupados) y confirma una hipótesis sostenida en informes anteriores: la ola de despidos del sector privado significó una virtual habilitación al poder económico local y extranjero para reducir bruscamente los costos laborales.

En efecto, el virulento debate público en torno a la ley antidespidos y la movilización de cinco centrales sindicales permitieron, hacia fin de abril, una relativa mitigación de la avanzada empresarial, que no obstante hasta hoy mantiene como objetivo la reducción de planteles.

Cabe indicar como elemento adicional que algunos casos son paradigmáticos sobre el recrudecimiento en las relaciones laborales: la decisión coordinada entre Techint y Acindar de incumplir el acuerdo paritario metalúrgico para los trabajadores siderúrgicos (que eventualmente aceptaron 29% contra el 35% que debían homologar como se hizo los años anteriores), los sendos despidos encubiertos que rememoran a los retiros voluntarios de Domingo Cavallo en la década del 90, la crecientemente aplicada política de suspensiones que sólo en contadas situaciones se acuerda con pagos salariales al 85% y trabajo rotativo (en muchos otros casos el salario de los suspendidos es más bajo –del 50%, 60%- y en los hechos opera como reducción de plantilla laboral) y la recientemente feroz represión en Ingenio Ledesma del Grupo Blaquier a trabajadores azucareros que llevaban adelante un paro por tiempo indeterminado por mejora salarial y de condiciones de trabajo.

Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

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