Finalmente fue anulada, por la Corte Suprema de Justicia, la ominosa Ley de Amnistía que cubría con un manto de impunidad las graves violaciones a los derechos humanos de la guerra civil cometidos mayoritariamente por el ejército, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte de la extrema derecha.

La pro oligárquica Sala Constitucional no tuvo más opción que ratificar lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos y sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos como el magnicidio de Monseñor Romero, la masacre de El Mozote y la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz: que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables y que, por tanto, la infame Ley de Amnistía debía ser derogada.

La mal llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz fue aprobada en 1993 por la derecha parlamentaria (ARENA, PCN y PDC) para otorgar “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a los responsables intelectuales y materiales de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, especialmente los mencionados en el entonces recién publicado Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.

La vergonzosa normativa violentó los Acuerdos de Paz que planteaban como objetivo prioritario el conocimiento de la verdad y la reparación moral de las víctimas como condición necesaria para la reconciliación. Y se sabe que fue promovida por el entonces presidente arenero Alfredo Cristiani y la cúpula militar responsable de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA y otros crímenes horrendos.

Así fue como criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad y graves violadores de los derechos humanos quedaron impunes y las heridas de la guerra nunca se cerraron. A pesar de no ser un obstáculo jurídico real, fiscales y jueces utilizaron la amnistía como pretexto para rechazar las demandas de investigación presentadas por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Por eso la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es un triunfo de la lucha por la justicia, el conocimiento de la verdad, la memoria histórica, la dignificación de las victimas y la verdadera reconciliación. El país siente menos vergüenza ahora sin esa ominosa ley; pero falta que Fiscalía y Sistema Judicial investiguen, no como venganza contra nadie, sino para hacer justicia, conocer la verdad y reivindicar a las víctimas: los victimarios deben irse preparando para pedir perdón por los crímenes que cometieron.

Con la derogación de la Ley de Amnistía inicia el triunfo de las victimas, sus familiares que exigen justicia y las organizaciones progresistas que lucha contra la impunidad. No es regalo de los magistrados de la Sala, sino el resultado de una lucha histórica.