El sistema de producción agrícola, como variable estratégica, sigue siendo el eslabón perdido del complejo agroalimentario, de la ruralidad y de un ordenamiento territorial. La puesta en agenda de esta problemática demanda un rol más protagónico de nuestra profesión, en términos de diseño curricular, investigación, extensión y docencia.

Introducción

La receta agronómica es un documento que se implementa para la utilización de productos fitosanitarios, atendiendo a los aspectos económicos, ambientales, higiénicos y de salud de los operarios o de la población. Sería importante extender y adaptar el concepto a todas las buenas prácticas agrícolas (BPA) con el fin de jerarquizar el rol del ingeniero agrónomo y -de paso- alentar el ejercicio liberal de la profesión. En este caso, la actuación se podría desdoblar en diagnóstico más recomendaciones (asesoramiento) y en la verificación de prácticas realizadas (certificación).

Cuando se trata del uso de agroquímicos, algunos efectos son inmediatos. Por eso hay una aparente mayor predisposición a pagar la receta, por esa práctica, en tanto la norma lo exija. En cambio, cuando se adopta una técnica con efectos a un plazo mayor - y ya no solo sobre la producción sino sobre el ambiente, el paisaje y la sociedad - entramos en un campo más difícil para validar nuestra tarea.

La modalidad del uso de la tierra y otras tecnologías, al igual que los agroquímicos, también tiene impactos y riesgos variables sobre el establecimiento y la comunidad. Entre 44 incumbencias del ingeniero agrónomo, solo seis aparecen vinculantes al sistema de producción. En todas ellas, sin embargo, no se lo reporta como materia de análisis. Vale recordar que nuestra profesión actúa primordialmente en ese primer eslabón -fundante- de cualquier cadena de valor.

El objetivo de esta nota es impulsar un debate para que las incumbencias del ingeniero agrónomo incluyan explícitamente el diagnóstico y la caracterización de los sistemas de producción, en términos económicos, sociales y ambientales.

BPA, sistemas y modelos de producción

Más allá de lo estrictamente productivo, equiparar y jerarquizar todas las BPA implica una puesta en valor de las competencias del ingeniero agrónomo. En las tareas de extensión o asesoramiento agronómico, público y privado, deberíamos luchar por incorporar esas técnicas con el mismo rigor (legal y protocolar) que las vinculadas con la aplicación de productos químicos. El cambio que se describe involucra varios aspectos. Entre otros, generar un consenso que ubique nuestra profesión en un rol relevante sobre la viabilidad de los sistemas productivos, la vida rural y el desarrollo, por todo concepto.

En ese marco habría que redefinir las BPA. Ellas incluyen todas las tecnologías de insumos y de procesos, disponibles, que aporten a la conservación de los recursos naturales y/o a la calidad y cantidad de la producción. No se trata, empero, de cualquier tecnología: para calificar como “buena” debe exhibir coherencia con la sustentabilidad del sistema. En ese sentido, la significación y procedencia de las prácticas remiten a las características y objetivos del predio en cuestión y de la comunidad que integra: se trata de una agricultura territorial, superadora de la comercial.

El criterio de BPA no debería ser común -por ejemplo- a sistemas multifuncionales y productivistas. Esto se desprende del hecho que si el sistema no es conducente a un proyecto territorial determinado, las buenas prácticas no pueden remediarlo. Lo que interesa aquí, por lo tanto, es priorizar su adopción en aquellas unidades que mejor aporten al desarrollo local endógeno. También es oportuno recordar en este punto que la opción del paradigma productivo excede lo sectorial y aun lo nacional. De eso trata, precisamente, la sustentabilidad.

Al conectar las BPA con el desarrollo no podemos soslayar la gravitación de las unidades productivas como artífices primarios del mismo. Una relación virtuosa entre prácticas y sistemas tiene una alta potencialidad -política mediante- para promover una ruralidad saludable. Resulta una incoherencia evidente omitir el perfil de las unidades productivas al hablar de biodiversidad y desarrollo rural. El diseño, selección y promoción de estos módulos, básicos para cualquier estructura rural, están deliberadamente fuera de la agenda mediática y política actual. Probablemente el hecho de que el predio representa la complejidad mínima, para que la sustentabilidad se torne operativa, explique parte de esta omisión.

Hay varios indicadores que modelan un sistema sustentable pero en muchos casos este atributo depende de la utilización de BPA. Las tecnologías en uso están centradas en la producción y el corto plazo, subestimando -metodológicamente- los factores sociales y ambientales del propio sistema y de la sociedad. Esto deriva de la multiplicación de empresas de tipo agroindustrial, homogéneas y de escala, en detrimento de una agricultura diversa y familiar. Las consecuencias se miden en menor diversidad biocultural, con desertificación social y ecológica de los territorios.

Para revertir esta tendencia regresiva, a escala nacional y global, es necesario internalizar las variables sociales y ambientales, en la ecuación económica de los predios agrícolas. Solo cuando esta interacción triple tiene lugar, el criterio de la sustentabilidad entra en escena. Incorporar este instrumento, como un proceso continuo, tiene un costo que excede a las unidades productivas y el ámbito rural. En efecto, se trata de una demanda y un beneficio de y para toda la sociedad. Por eso determinadas prácticas agrarias, de mediano y largo plazo, deberían recibir compensaciones especiales que, al mismo tiempo, puedan viabilizar unidades valiosas para promover un territorio poblado, vital y más resiliente.

Competencias profesionales para la sustentabilidad agrícola

Una incumbencia profesional escasamente explorada, pero crítica para el desarrollo rural y nacional, es el diagnóstico de unidades en términos de sus características y atributos sustentables. De hecho, paradójicamente o no tanto, hasta el presente nadie se adjudica esa potestad. No existe la sustentabilidad sin las buenas prácticas y viceversa. Además, tenemos que remover el reduccionismo conceptual y deliberado de asociar aquel atributo sistémico solo con el ambiente.

Para los que podrían descalificar esta postura, argumentando que esto es político y que nosotros somos técnicos, tengo algunas respuestas que solo pueden habilitar un debate largamente postergado. En primer lugar la tecnología nunca es neutral por lo que sin querer o sin saberlo estamos involucrados en determinadas políticas. Gestionar el tema sustentabilidad, en principio, es de sentido común y se puede recorrer en la teoría y en la práctica. Tiene componentes científicos y tecnológicos pero no resigna su carácter “irremediablemente normativo”. Por último, nuestra condición ciudadana habilita referenciar la profesión con el bien común.

El rescate de esta herramienta vital, largamente desvirtuada y vaciada de contenido por intereses corporativos o comerciales, no admite la validez de una opción. Oportunamente debe calificar como un insumo para Políticas de Estado cuando el país emprenda alguna dirección. La sola mención de la sustentabilidad -bien entendida- incomoda automáticamente a grandes intereses económicos y concentrados. Estamos hablando, empero, de seguridad alimentaria y ambiental, salud y equidad social, intra e intergeneracional. En términos más directos, se trata del aporte que puede hacer la agricultura (genéricamente) a la justicia y a la supervivencia de la humanidad.

A modo de conclusión

El tránsito de la receta agronómica hacia el desarrollo rural (y nacional) importa un paso enorme que, entre otras cosas, implica un cierto balance entre la calidad y la cantidad, el corto y el largo plazo, valorizando elementos intangibles sobre los materiales. También podemos sintetizarlo como la recuperación de la noción de futuro, dentro de una construcción desde el presente. Seguramente habrá muchos más instrumentos y ponencias para retomar el camino de una ruralidad viable y funcional al conjunto de la sociedad. La pregunta que surge de estas líneas pretende comenzar a dilucidar cuál es el rol que le cabe a nuestra profesión en este noble emprendimiento.

Ese rol no pretende ser excluyente pero si de un protagonismo significativo, dentro de un grupo interdisciplinario. Esto demanda crear o reforzar las competencias necesarias, desde los contenidos curriculares de las facultades de agronomía: enfoques sistémicos, desarrollo, sustentabilidad, entre otros. Especializaciones de posgrado, en esas capacidades, aparecen como pertinentes: muchos más saludables, para el país y el mundo, que la proliferación de maestrías en gestión de agronegocios.

- Tomás Loewy es Ingeniero Agrónomo (Mg. Sc.) ex investigador de INTA Bordenave

Artículo publicado enRevista Agrouns. Año XIII, N° 25:12-14 http://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/1_AP_0_87.pdf

Bibliografía

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Loewy, T.; Milano, F. A.; Ángeles, G. R.; Saldungaray, M. C.; Campaña, D. H. y M. A. Álamo. 2015. Buenas prácticas agrícolas con desarrollo local para el sudoeste bonaerense EdiUns. Serie Extensión Colección Ciencias. 105 p. http://www.proyectodepais.com.ar/?p=392

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