Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones -aprobadas el pasado 5 de mayo- entraron en vigencia la semana pasada, tras ser publicadas en el Diario Oficial. Ahora viene la elaboración de reglamentos para viabilizar su aplicación.

Las reformas reconocen a los medios comunitarios, y establecen el concurso público y la asignación directa como mecanismos alternos a la subasta para otorgar frecuencias. También eliminan la prórroga automática de las concesiones radioeléctricas y establecen un procedimiento para su renovación.

Las reformas incorporan las tecnologías de información y comunicación, establecen los contratos de concesión y actualizan las tasas anuales. Además, redefinen las funciones de la SIGET para la reorganización y reserva de espectro, liberación de frecuencias y otros aspectos relacionados con la gestión, administración y vigilancia del espectro radioeléctrico.

Estas reformas, sin embargo, son sólo el paso inicial del cambio integral a la Ley de Telecomunicaciones: hay aspectos fundamentales de la democratización de las comunicaciones que aún están pendientes.

Por tanto, paralelo a la aplicación de las reformas aprobadas, ARPAS y la ReDCo impulsarán una segunda generación de reformas orientadas a profundizar el proceso de cambio al marco legal de las telecomunicaciones para la construcción de un modelo de medios que garantice mayor pluralidad y diversidad de voces en la deliberación democrática.

Una de estas reformas se refiere a límites a la propiedad mediática para desmontar la concentración, porque -como dice la Relatoría de la OEA en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión- la existencia de oligopolios y monopolios “conspiran contra la democracia”.

Otra reforma tiene que ver con la reserva de una porción significativa del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, como lo establecen los Estándares para una Radiodifusión Libre e Incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y una tercera reforma está relacionada con el reconocimiento y fortalecimiento de los medios públicos: medios de propiedad estatal, pero pluralistas e independientes de los gobiernos de turno, que propicien el debate serio sobre los temas de país y promuevan la cultura nacional. Así los define la UNESCO en sus Indicadores del Desarrollo Mediático.

La democratización de las comunicaciones es un proceso continuo, por tanto, a las actuales reformas debe seguir esta nueva ronda de modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones.

Que así sea.