San Juan, Puerto Rico, 6 de junio de 2016 (NCM) – La radicalización del anexionismo y del autonomismo, con el triunfo de Ricardo Rosselló en el Partido Nuevo Progresista y el avance de los “disidentes”, con Manuel Natal en el Partido Popular Democrático, propician acciones rebeldes desde el seno de las formaciones políticas históricamente conservadoras.

Por un lado, los anexionistas –que en las votaciones primaristas del domingo demostraron su superioridad numérica aplastante sobre los autonomistas- tienen ahora un líder que promete enviar el año próximo “congresistas” electos sin autorización de Estados Unidos a exigir en Washington que se admita a Puerto Rico como Estado de la Unión.

En la otra cara, un documento confidencial de la jefatura autonomista plantea convocar una elección especial para una asamblea constitucional de estatus este mismo año, para desatar la demanda de una solución a la condición política colonial de Puerto Rico. El documento, entregado a NCM Noticias por una fuente de alto nivel en el PPD, fue radicado por el ex senador Eudaldo Báez Galib una semana antes de las primarias.

Las dos acciones, sin embargo, dependen de la reorganización de fuerzas políticas internas con miras a los comicios generales de noviembre. Pero también serían influenciadas por la decisión que se tome en Washington en las próximas semanas sobre si imponerle a Puerto Rico un gobierno mediante una junta de control territorial, que le cobraría a este país cerca de 370 millones de dólares para sus gastos y que implicaría también cientos de millones de dólares adicionales que tendrían que desembolsar las agencias del gobierno insular por los requerimientos que haga el organismo.

Los cálculos sobre los costos para Puerto Rico para sostener la junta y cumplir sus órdenes están contenidos en un informe rendido por la Oficina de Presupuesto del Congreso el día 3 de este mes, en momentos en que se dan los toques finales para la votación del proyecto en la cámara baja del Congreso.

El gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado a Washington Pedro Pierluisi, son defensores de esa subordinación directa del gobierno electo a los poderes dictatoriales de la junta, como forma de lograr que EEUU restructure la impagable deuda pública. Pero ambos están fuera del panorama electoral porque el primero no busca un nuevo término y Pierluisi fue derrotado en su intento ser candidato a gobernador, mientras que tanto Rosselló, ahora candidato a gobernador por el PNP, como su adversario del PPD, David Bernier, se oponen a la implantación de la junta.

Para los nuevos jefes políticos de los partidos que por decenios habían sido incondicionales a EEUU, la situación tampoco es cómoda ni clara, debido a la implosión evidenciada en sus propias maquinarias políticas.

En la primaria del domingo, contadas más del 90 por ciento de las mesas, el PNP movilizó poco más de 454,000 electores, lo que se queda muy corto de la ocasión anterior en la que seleccionó mediante primarias un candidato a gobernador, en 2008, cuando recibió 759 mil sufragios. En el PPD el panorama es peor, pues mientras en 1999 sus primarias movilizaron más de 508,000 y en las sucesivas de 2003, 2008 y 2012 obtuvo sobre 268.000, 279.000 y 270.000 respectivamente, el domingo pasado se tuvo que conformar con apenas poco más de 154.000.

Ese descalabro se ha evidenciado también en la sustitución apresurada de máquinas para los conteos de votos –debido a la escasez de voluntarios- con lo que se produjo masivamente la votación papeleta abierta de cientos de miles de electores, debido a que no hubo dinero para adquirir los protectores del voto secreto que incluye esa tecnología. Tampoco hubo colegios suficientes para la primaria para escoger delegados a la asamblea del Partido Demócrata de EEUU, que resultó en una victoria de Hillary Clinton sobre Bernie Sanders, pero con escasa participación.

En ese contexto político tan difícil, Rosselló tiene ahora la tarea de convencer al electorado de que en noviembre no sólo le elija gobernador, sino que avale que designe cinco enviados a la Cámara y dos al Senado en Washington para que reclamen que el Congreso acepte que Puerto Rico se convierta en un estado de EEUU, estrategia conocida como “Plan Tenesí” y que ha sido usada varias veces para la incorporación de territorios que no lograron de otra forma ser admitidos.

En el otro plan, sometido por Báez Galib a la jefatura del PPD, se apunta que lo que pasa es que con el planteamiento de la Casa Blanca y sectores del Congreso para imponer una junta “deja al descubierto un obvio distanciamiento entre PR y EEUU –sea o no intencional, o sea una estrategia política”.

“Hoy, nuestro futuro es el pasado”, dice el documento y agrega que el país está “de vuelta a ese síndrome estadounidense de prejuicios neo-imperialistas en su etapa de expansión territorial, de ‘pertenecer a, pero no ser parte de’ EEUU. Ahora con el caveat congresional: y alejados de”.

Báez Galib se refiere también a la situación interna de descalabro del PPD, que describe en términos de “profundamente afectado y fragmentado” por la inestabilidad y que sufre algo “más destructivo” por haber perdido “el sentido de ‘nosotros’ que dio vida al popularismo. Por eso, afirma que “legislar una asamblea de estatus, le devolverá al PPD credibilidad” en el país, propiciará un buen debate ideológico “y enviará un potentísimo mensaje al gobierno federal y sus partidos políticos de que en Puerto Rico sí hay honor”.

Todavía es incierto si Puerto Rico optará por el “Plan Tenesí” para impulsar la anexión o si se convocará la “asamblea constitucional” este mismo año, pero no es sólo aquí donde hay incertidumbre. El presidente del Partido Demócrata de EEUU en Puerto Rico, el abogado y cabildero Roberto Prats, explicó el domingo que espera que la cámara baja del Congreso se manifieste a favor de la junta de control esta semana, pero que lo que pase en el Senado no es predecible ahora y el tiempo se está acabando.