Hay momentos en que coinciden hechos de la realidad que inciden sobre la percepción que se construye y que tienden a generar confusión y pesimismo. Por estos días puede estar sucediendo algo de eso.

En el escenario regional, vemos que varios de los gobiernos considerados como progresistas, o pierden sus elecciones o viven fuertes crisis internas por problemas de gestión de sus políticas y en casos por problemas como la corrupción, que son utilizados en campañas internacionales de desprestigio, si es verdad, pero que reflejan situaciones reales imposibles de negar. Eso lleva en general a ver el escenario regional como uno de crisis, o por lo menos de procesos de recambio. Esto es distinto a reconocer que la lógica democrática conlleva alternación de los gobiernos y que los ciudadanos pueden castigar aquellos gobernantes o partidos políticos que no hacen bien su tarea y dar opciones a otros para asumir los gobiernos.

En lo interno, hay frente a la terminación del conflicto armado una situación cruzada por voces, mensajes y hechos contradictorios. Líderes de las instituciones estatales les envían a los ciudadanos opiniones contradictorias, que si bien son normales en un contexto democrático, es probable que a muchos ciudadanos les genere más confusión: que el Poder Ejecutivo diga que se deben refrendar por los ciudadanos los acuerdos entre Gobierno y FARC y que el plebiscito es el camino para hacerlo; la Fiscalía afirme que no se deben refrendar porque sería casi como refrendar el derecho fundamental que tenemos a la paz; la Procuraduría anote que es el referendo el único mecanismo para hacerlo y usa vocablos poco respetuosos contra el jefe de Estado y así sucesivamente. Claro que esto es propio del debate democrático, pero de nuevo la pregunta es si a los ciudadanos del común esto los ilustre o los confunde. Ojalá el mensaje que quede sea que los ciudadanos debemos refrendar estos acuerdos para que los mismos tengan legitimidad democrática; el mecanismo que lo defina el órgano competente, la Corte Constitucional.

El proceso entre el Gobierno-FARC está en su recta final; estoy seguro que al ritmo en que van las conversaciones en La Habana es probable que en semanas concluyan con la firma del Acuerdo Final y por fin, después de medio siglo, veamos la terminación del conflicto armado con la insurgencia más antigua.

Pero al tiempo las cosas con el ELN se enredan y a estas alturas no es claro qué va a pasar con el inicio de la Mesa Pública entre Gobierno y esta insurgencia. Lo que aparece en el centro es el secuestro y al respecto no hay duda que su terminación no se puede leer como una exigencia o imposición del Gobierno, es una demanda de la sociedad, colombiana e internacional, que no acepta bajo ningún argumento este tipo de práctica; esto se agrava con el secuestro de los periodistas en el Catatumbo. Ojalá el ELN lo entienda así y tome la decisión de abandonar este tipo de práctica y libere a los secuestrados, como una respuesta a la demanda social, esa que está convocando a participar en su proceso, cuando sitúa el tema de la participación en el centro de las conversaciones con el Gobierno y que estoy seguro está en disposición de participar, en su diversidad, en estas convocatorias a la participación, pero sin secuestros ni amenaza de los mismos. Claro que igualmente sería importante que una vez instalada la Mesa Pública se conforme una subcomisión para que empiece a estudiar una propuesta del ELN de dialogar en medio de un cese de fuego bilateral, que es razonable, pero que debe acordarse entre las dos delegaciones y que debería sincronizarse con el cese bilateral definitivo entre Gobierno y FARC.

Aparece igualmente en el escenario la alta polarización existente en la sociedad -que va a dificultar los necesarios procesos de reconciliación nacional, es verdad- pero lo cual no es necesariamente negativa, si hay reglas de juego que todos aceptemos: aceptamos las decisiones democráticas que se expresan a través del voto -no de los sondeos de opinión que son solo indicadores referenciales-, es decir aceptamos las mayorías, pero al tiempo respetamos las minorías y su derecho a la oposición y controversia, pero debemos todos utilizar un lenguaje respetuoso con las personas y, claro, polemizar con los argumentos y las ideas.

Qué bueno sería que los medios de comunicación contribuyeran a los necesarios procesos de cambio y consolidación de una cultura democrática, que acepta como normal la diversidad de opiniones, puntos de vista e intereses y que le da espacios a todos y no solo a unos porque los considera afines a sus intereses. Los medios de comunicación finalmente son públicos y deben actuar en concordancia.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional

Twitter: @alejovargasve

Publicado en El Colombiano, domingo 29 de mayo de 2016