La pérdida del empleo, tanto en el ámbito público como privado, es consecuencia de una olla a presión que venía hirviendo y que el gobierno de Cambiemos resolvió abrir. Pero además responde a la lógica empresarial de la rentabilidad y eficiencia que el macrismo aplica en diversos ámbitos de la política.

El freno de la actividad económica de los últimos años sumado a la precarización laboral (trabajo no registrado, tercerizaciones, contratos de servicios sin estabilidad laboral) y al aumento del empleo público, precipitaron en poco tiempo de gobierno macrista los despidos que habían podido contenerse durante el kirchnerismo.

Y esto es así porque resulta claro que las medidas tomadas por el actual gobierno empujaron hacia un deterioro de la actividad económica y por ende al desempleo.  ¿Cuáles podrían ser sino las consecuencias de la liberalización de las licencias de importaciones industriales que reemplazan a la producción local, del aumento de tarifas a usuarios industriales, del aumento de las tasas de interés que encarecen el crédito productivo pero además tientan a inversiones especulativas, del freno de la obra pública y el achicamiento del mercado interno por el deterioro del poder adquisitivo?

La devaluación, la quita de retenciones a productos que son parte de la canasta familiar (los cereales), el aumento de los precios de alimentos, el incremento de los combustibles con el efecto de traslado a los precios de bienes de consumo, los tarifazos de luz, gas, agua y transporte, tienen como consecuencia inmediata la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En síntesis, el desempleo es la consecuencia inmediata de la crisis en la actividad económica que se profundizó en estos meses de gestión macrista pero que venía gestándose desde el 2009. Pero es además una herramienta que tira a la baja el salario.

Por eso la exigencia de una ley que prohíba los despidos  tiene para los trabajadores la importancia que trasciende el debate de si sus consecuencias ayudarían o no a crear más puestos de trabajo. Evitar los despidos es, además de una situación de supervivencia, no caer en un escenario donde deberían aceptar cualquier salario con tal de no quedarse sin trabajo.

Pasando revista

Según datos de la consultora Tendencias Económicas, suman 127.000 los despidos desde principios de 2016 hasta el mes de marzo, solo tomando los empleos registrados. De ese total casi dos tercios corresponden al sector privado.

El último dato oficial del que se dispone en materia de desocupación es el dado a conocer por el INDEC en el tercer trimestre de 2015. Allí se establece que con una Población Económicamente Activa (la PEA reúne a ocupados y desocupados que buscan empleo) de 17.305.143 personas, estaban desocupados poco más de un millón (5,9 %). Sin embargo este dato es cuestionado desde diversos sectores porque, además de considerar que quienes reciben planes sociales son ocupados, está calculado sobre una tasa de actividad (quienes buscan trabajo) que para las estadísticas casi no varió. De haber considerado que el deterioro en el poder de compra supondría la mayor búsqueda de empleo, la desocupación hubiese alcanzado a poco más de 1.600.000 personas a fines de 2015. Por lo tanto, la desocupación actual (incorporando el dato de la consultora) rondaría las 1.800.000 personas.

Para tener una real dimensión del problema de la desocupación resulta interesante mirar diversas etapas de la historia reciente.

En su trabajo sobre “El mercado laborar antes y después del kirchnerismo”, el  Centro de Estudio e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS) retoma algunas cifras para analizar el tema de la desocupación  partiendo de la definición de retorno al “modelo productivo” que planteó el gobierno anterior.

Allí compara el peso del empleo en la industria respecto a otras actividades. “Entre las décadas 1950-1960 la ocupación en la industria constituía en promedio un 20% del conjunto de los trabajadores, mientras que el empleo estatal aportaba un 11,4%. En los ‘80 y ‘90, el trabajo en la industria ocupó en promedio un 14,7% del mercado laboral. Y el empleo público un 14,22%. Por último entre los años 2003 y 2009 los industriales aportaron solo un 10,5% promedio, mientras que el empleo en el Estado trepó al 16% sobre el total de personas ocupadas”.

Respecto al empleo no registrado, entre 1991 y 1999 significó un 33,23% ascendiendo entre 2003 y 2014 a poco más del 39% para pasar a estabilizarse en un 33% (4 millones de personas). Esto da cuenta que el llamado empleo en negro es un fenómeno estructural que oficia de mecanismo para abaratar la fuerza de trabajo. Un dato que refuerza esta afirmación: durante el año 2014 en el sector agropecuario (uno de los pilares del modelo) el 61% de sus empleados no estaban registrados. Y en la construcción (otro de los sectores de mayor actividad) ese porcentaje trepó al 69%.

Con relación al empleo registrado en el sector privado, la investigación marca la existencia de un crecimiento abrupto hasta el 2008 para luego entrar en un período de estancamiento o aumento a menor ritmo. Lo que destaca es que las ramas donde había mayor cantidad de asalariados registrados y de mayor creación de empleo son las que peores salarios pagan (construcción, comercio y hoteles y restaurantes). “Esta tendencia ya existente en los ´90 no hizo más que profundizarse en la última década”, afirman, ya que “en 1996 los asalariados registrados peores pagos en el sector privado eran un 56% y ese porcentaje se incrementó a un 62%”.

La mirada puesta en un espejo retrovisor nos muestra que después de cada crisis político-económica (1975, 1982, 1989, 2001) el salario inició una tendencia a recuperar su poder adquisitivo pero siempre a un ritmo menor respecto del momento previo al estallido de la crisis. “El salario real promedio de los últimos 10 años constituye un 88,3% respecto del que rigió en toda la década menemista y se encuentra muy lejos del poder de compra del conjunto de los asalariados en los años previos a la instauración de la última dictadura militar (un 66,7% respecto del período 1970-1974)”. Este descenso del salario real se acentúa entre los trabajadores no registrados. “Mientras que en el período 1991-1999 el promedio del salario de bolsillo del empleo no registrado constituyó un 59% respecto del salario de los trabajadores registrados, en la última década ese porcentaje se redujo al 44%”, concluye el informe.

De mal en peor

La compleja situación de desocupación, precarización y pérdida del poder de compra de los asalariados ha empeorado desde la asunción de la gestión Cambiemos cuyas medidas económicas han beneficiado al capital más concentrado y extranjerizado de la economía (aumentos en el precio de los combustibles que favorecen a las petroleras, quita de retenciones a las mineras, quitas de retenciones al agro y la industria exportadora)  y a los sectores financieros locales (bancos) y extranjeros (fondos  buitre).

“El resultado del estancamiento en los niveles de productividad junto a una menor retribución al trabajo, tiene como efecto una mayor apropiación del excedente generado por parte del capital”, afirma el trabajo “Los excesos de Macri”, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

Se estima que la mayor rentabilidad empresarial producto de estas medidas significó cerca de 39.000 millones de dólares para estos sectores empresarios.

“El signo que consideramos que se expresa hoy con mayor fuerza es el de la instalación de un nuevo sentido redistributivo, que en términos regresivos, implica la transferencia de ingresos desde el segmento de los asalariados al capital, por considerar tan solo el ámbito de la producción y el empleo”, se afirma en el trabajo del IPyPP.

Está claro que cuando una situación de crisis puede poner en peligro la ganancia empresarial, la variable de ajuste inmediata es el trabajo, vía despidos y ajustes de los salarios.

Juan Carlos Sacco, secretario general de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió que “por el impacto de la crisis en Brasil y por el tarifazo puede haber una pérdida de entre 100.00 y 200.000 puestos de trabajo”.

“No es cierto que haya gente que sobre. Sobra para el capitalismo, no para la población. Hay muchas tareas que faltan: asistentes en hospitales, porteros en colegios, trabajadores para obras públicas, para viviendas, asistentes sociales, enfermeros, acompañantes terapéuticos y sigue la lista”, afirma el CEICS.

Un documento titulado “El Estado del Trabajo”, elaborado por la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo, considera que la nueva gestión desarrolló una mirada instrumental del trabajo y que “desconoce al trabajador o trabajadora como un sujeto del empleo, y en tal medida, como un sujeto de derecho”. La prueba de esto: de las 149 primeras resoluciones firmadas por el secretario de Empleo en los meses de enero, febrero y marzo, 96 tienen como destinatarias y beneficiarias a empresas privadas.

Jueves 19 de mayo de 2016    

Fuente: Red Eco Argentina

http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/18770-resistirse-a-los-despidos