La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó sus ejes de trabajo. Entre estos destacan la elaboración de un nuevo plan anticorrupción, reformas institucionales al código penal, nueva legislación sobre la regulación del financiamiento a las campañas políticas, protocolo para la selección y certificación de jueces y fiscales anticorrupción y revisión de la ley de secretos.

Las organizaciones de sociedad civil no alineadas con el gobierno de la República y la llamada línea progresista del movimiento de indignados han denunciado que todavía la Maccih no tiene identificados los casos emblemáticos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), saqueo de las instituciones de previsión social como INPREMA e IMJUPEM, compra de cámaras de seguridad, lanchas y medicamentos en salud, uso de los fondos de la tasa de seguridad y el blanqueo de fondos por los bancos frente a una débil Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) altamente politiza y controlada por el gobierno y los mismos bancos.

Esta preocupación es compartida por la dirigencia del partido anticorrupción y su líder Salvador Nasralla, igual por la diputada Doris Gutiérrez del PINU-SD, no así por los diputados del Partido Liberal en alianza todavía con el partido de gobierno y la cúpula del partido LIBRE que se muestra timorata frente a las demandas de la población hondureña porque se destape toda la podredumbre existente en estos casos.

Los miembros de la MACCIH confían que la depuración de la policía avance y que la Comisión creada por el gobierno cumpla con su cometido, aunque la ciudadanía organizada en defensa de los derechos humanos y protección de recursos naturales, y la mayor parte de la población hondureña tiene sus dudas por el control que se ejerce desde el Ejecutivo de los órganos operadores de justicia y la débil capacidad técnica y conocimiento que tienen los miembros de dicha Comisión sobre el tema.

Estas dudas abarcan a los operadores de justicia ya que  el riesgo es que no jueguen limpio, en sentido de tratar de imponer los casos de corrupción y adelantarse en el nombramiento de jueces sin consulta a los miembros de la Misión, para desviar la atención del objetivo buscado como es reducir los altos niveles de corrupción e impunidad y fortalecer la institucionalidad para que los culpables paguen por sus delitos cometidos sin importar rango, color, partido político, estatus social  y bienes y recursos económicos que poseen.

Un tema que no recibió el tratamiento adecuado en la propuesta de trabajo de la Maccih, es el concepto de red de corrupción y su institucionalización en el país, aun cuando su vocero, Juan Jiménez Mayor, se refirió en un sentido marginal. Una red de corrupción se define como una integración de las acciones que realizan varias instituciones del Estado y funcionarios, en conjunto con otros actores económicos, sociales y políticos con el propósito de ejecutar una práctica de trabajo que violenta la legislación vigente para  obtener beneficios personales por sobre los beneficios de la colectividad nacional. La red es dirigida en cierto momento por destacados miembros de la empresa privada y la banca, y en otros casos, por altos funcionarios de gobierno que buscan un estatus económico y social a semejanza de los primeros. En Nicaragua por ejemplo se acusó a la familia Ortega por convertirse en empresarios para asemejarse a la oligarquía industrial y comercial liderada tradicionalmente por pocas familias, usando el poder para ello.

En Honduras, estudios recientes (ICEFI 2015 y Suazo: 2106)  demuestran la presencia de una élite económica y financiera ligada al capital transnacional que controla  gran cantidad de empresas y recursos con el apoyo de funcionarios públicos, diputados y jueces, beneficiándose con exoneraciones fiscales, evasión de impuestos y proyectos de infraestructura económica y social. Hay instituciones que tienen relación directa con dicha élite como la Secretaria de Economía, Finanzas, Agricultura, Ambiente, Dirección Ejecutiva de Ingresos, y CNBS. Esta élite, incluso hace negocios con el narcotráfico y proporciona servicios para el lavado de activos y ocultamiento de ingresos. Una muestra que salió a luz en la prensa nacional es el caso Rosenthal (no ha sido aún juzgado)  y su relación supuesta con el grupo de los “Cachiros” acusados de narcotraficantes por EEUU en el negocio de la venta de carne y prestación de servicios bancarios.

A lo interno del gobierno, la red integra el trabajo de empleados de segunda categoría como abogados, registradores, auditores, policías de tránsito, policías de frontera, subcomisionados, etc., pero también el de ministros, diputados y altos jerarcas policías y militares. En esto último, la preocupación de la Maccih es que los oficiales separados de la policía no rindan cuentan de sus bienes adquiridos y más bien sean premiados con la separación de los cargos, incluso aquellos que ya se fueron pero que aparecen implicados en la muerte de fiscales y expertos dedicados a combatir el narcotráfico.

La Red también involucra a instituciones públicas responsables de practicar las auditorías  a funcionarios de gobierno, policías y militares, cuestionadas por realizar un maquillaje contable y financiero de dichos informes que no permite documentar los juicios sobre enriquecimiento ilícito y uso de los fondos del Estado; en Guatemala hay evidencia que muchos de estos informes fueron maquillados para permitir el ocultamiento de información y de los bienes adquiridos incluso por los altos personeros  del gobierno.

Es importante que el trabajo de la Maccih sea integral no fragmentado.  Está bien trabajar de entrada (periodos cortos) en las urgencias: Ley de regulación del financiamiento de las campañas políticas, certificación de jueces y reformas al código penal, pero es más importante atender los casos emblemáticos en los aspectos de cómo se cometió el ilícito o robo, quiénes lo cometieron, cuándo lo cometieron, contra quien o quienes, quiénes están involucrados, quiénes han sido apresados, quiénes andan huyendo, quiénes faltan, cuáles han sido los errores de procedimiento administrativo y jurídico cometidos, cual fue el papel de la banca y  CNBS, del Tribunal Superior de Cuentos, quiénes son los diputados, empresarios y banqueros involucrados, cuál ha sido la actuación de los operadores de justicia y su grado de responsabilidad; etc.

Es una visión más amplia de delito, los responsables y acciones a realizarse para llevarlos a los tribunales y condenarlos. Se necesita un enfoque interdisciplinario y el concurso de expertos que deben acompañar el trabajo de los miembros de la Misión, pero también de la participación ciudadana y sus organizaciones no contaminadas con el discurso de la corrupción e impunidad de “medio término”, o sea aquél que denuncia estos flagelos pero que no sube en escala al no referiste ni dar seguimiento a hechos que involucran a actores intelectuales del delito, como ha sido el caso de altos funcionarios públicos, diputados, grandes empresarios de la elite económica, comisionados y generales de la policía y ejército.

Tegucigalpa, 25 de abril de 2016