Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes rindieron su segundo y último informe después laborar en México durante 14 meses y preparan maletas para retirarse del país y no incomodar hasta la irritante molestia al titular del Ejecutivo federal y su procuradora, al secretario de Gobernación y al de la Defensa, funcionarios que fraseología discursiva aparte, están interesados en abrirle paso a “la verdad histórica” de Jesús Murillo, también a que se imponga la desmemoria sobre el crimen de lesa humanidad cometido en Iguala (muertos, heridos y desaparecidos) y todo vuelva a una normalidad impensable en México, país que “va en camino a un Estado totalitario”, donde “las cosas han cambiado para empeorar”, si nos atenemos al juicio del laureado Fernando del Paso.

Tan molestos están los funcionarios con el GIEI que ni Roberto Campa asistió al Claustro de Sor Juana, aunque eso sí expresó la exigencia de escuchar un “informe propositivo”, prometido –dijo– por los informantes.

Prometer no empobrece y eso lo sabe bien quien como candidato presidencial del entonces partido de Elba Esther Gordillo, hizo muchas promesas para quitarle votos a Roberto Madrazo y ayudar así al “triunfo” de Felipe Calderón, impugnado una década después.

Más juicios que propuestas presentaron los cinco que retiró de México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque “no hay condiciones para que realicen su trabajo”. En tanto que Enrique Peña Nieto escogió Copenhague para hacer oficial que no existiría otra prorroga de un semestre como lo pidieron los padres de Los 43 y organismos civiles independientes –no los subordinados (Wallace, Morera y Martí) y patrocinados por Los Pinos–, para que los especialistas extranjeros –condición bien explotada por los halcones para estimular sentimientos patrioteros en contra del GIEI–, continuaran en las tareas de coadyuvancia en la investigación de la Procuraduría General de la República.

PGR que “dilató innecesariamente o rechazó las diligencias” propuestas por el GIEI, como los teléfonos celulares que tenían los normalistas rurales. Amén de la presencia comprobada de elementos de la Policía Federal y la cerrada negativa de Miguel Ángel Osorio y Salvador Cienfuegos a que entrevistaran a elementos del 27 Batallón de Infantería.

Y lo principal, que “no cremaron a los normalistas en Cocula”, como postula la tesis central de la “verdad histórica”, porque “no ha visto (el GIEI) una sola evidencia”, además de que “no alcanza los estándares mínimos ni cuenta con los elementos científicos para ser considerado por un tribunal”. Para apuntalar la verdad prefabricada, la PGR dio a conocer el tercer peritaje realizado en el basurero por el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego y en el que asienta que en ese lugar sí se incineraron algunos cuerpos. Dictamen hecho público sin mediar consulta a los Investigadores Independientes, violentando acuerdos firmados y con el marrullero invento de “mayoría” como un significado mexicano de “consenso”.

Todo para ocultar que “existió una perfecta coordinación entre diferentes corporaciones policiacas (la Federal incluida) y presuntos integrantes del crimen organizado con la finalidad de tender un círculo de control para evitar la salida de los autobuses de Iguala”. Para que todo quede en el ámbito municipal.

Retirado o corrido del país el GIEI, el Estado mexicano no se libera de la observación de la CIDH en el caso Ayotzinapa, surgirá un mecanismo de ambos para dar cumplimiento a las recomendaciones del primero.

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