El apoyo a los diálogos de paz y la necesidad de llevar a amplios sectores sociales los acuerdos alcanzados en La Habana, es un compromiso no solo del movimiento social sino de todo ciudadano dispuesto a asumir su rol como constituyente primario; el único sujeto político que puede garantizar el cambio histórico de una nación que busca dejar la guerra para siempre.

Los apoyos a los diálogos como medio para la solución del conflicto armado, se fortalecen con el anuncio oficial de los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Ello no solo le da mayor respaldo al proceso que se adelanta entre las FARC-EP y el gobierno, sino que genera confianza en aquellos sectores sociales y políticos aún incrédulos o pesimistas respecto a la solución política.

En este orden de ideas, la pedagogía para la paz, un concepto más político que académico, la entendemos como el proceso político, social y pedagógico que contribuye a la socialización de los acuerdos. Proceso que se lleva a cabo en todo el país a partir de foros, manifestaciones culturales, consejos comunales, redes sociales, videos, debates académicos, conversatorios, asambleas populares, movilizaciones sociales, videoconferencias o cualquier medio que suscite la comprensión y conocimiento de los acuerdos y su significado, con el propósito de avanzar hacia una sociedad donde reine la convivencia, el respeto por la vida del opositor, la apertura democrática y las condiciones para disputar por medios democráticos el poder.

Sin embargo, la pedagogía de paz también apunta a la cohesión y unidad del movimiento nacional en favor de la paz con justicia social; que no se logra sin el empoderamiento del constituyente primario, sujeto político esencial en la conformación de un bloque alternativo de poder.

Sin duda, el momento que vive el proceso de diálogos demanda de los diversos sectores políticos, sociales y comunidades un mayor compromiso, unidad y articulación que blinden el proceso en esta fase final, donde el cese bilateral al fuego definitivo se convierte en una de las más importantes demandas.

Ahora bien, hay un conjunto de temas fundamentales que tendrían que ser asumidos desde el campo popular y democrático. Como la exigencia al Estado para que derogue la doctrina contrainsurgente o del enemigo interno con la que han formado y entrenado a las fuerzas armadas y de policía, principales causantes junto a la estrategia paramilitar, de la inmensa tragedia humanitaria y violación de derechos humanos en Colombia. La reunión del Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, con las delegaciones de paz en Cuba recientemente, es una señal en ese sentido.

Es bien sabido que el paramilitarismo es hoy, como fue ayer, la principal amenaza al proceso de paz. Exigir su desmonte y el reconocimiento por parte del gobierno de su existencia, y denunciar los ataques que viene cometiendo contra líderes del movimiento social, contra defensores de derechos humanos, indígenas, afros y estudiantes, es una tarea urgente de todos los aliados que tienen los diálogos como solución política para que el proceso llegue a buen término. Si no cesan los asesinatos y la persecución contra los líderes de los movimientos sociales no habrá paz en Colombia.

Sabemos que el proceso de diálogos tiene poderosos detractores en la extrema derecha, que se opone abiertamente a la restitución de tierras a los legítimos dueños y reclamantes, quienes vienen siendo asesinados por sectores vinculados al paramilitarismo.

Tal es el caso de la alianza conservadora y restauradora que encabeza el Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez, recalcitrante opositor a los diálogos de paz y defensor de la estrategia paramilitar, con el Centro Democrático que sigue las orientaciones del ex presidente Álvaro Uribe, y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien representa los intereses de los grandes terratenientes y ganaderos en el país. Alianza que junto al paramilitarismo es la más peligrosa amenaza a los acuerdos, convocando marchas, paros armados y actos políticos en contra de la paz, con el objetivo de ganar adeptos contra la refrendación.

Finalmente, de los seis puntos que contemplan los acuerdos de La Habana: 1. Política de desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas; y 6. Implementación, verificación y refrendación; hay acuerdos sobre cuatro de ellos, y se avanza en el del Fin de conflicto, que contempla el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas por parte de la guerrilla y su conversión en movimiento político legal, garantías de seguridad para sus integrantes; y el último punto, Refrendación, implementación y verificación (6) aún no se ha cerrado.

En manos de quienes comprenden la magnitud del momento histórico que vive la nación, está no solo el futuro de los diálogos por el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sino el compromiso de llevar a todos los rincones del país, a través de una amplia pedagogía de paz, el mensaje de lo que significa salir de la guerra. Este inaplazable compromiso implica, de igual modo, convocar al constituyente primario, el único sujeto político capaz de generar el cambio en Colombia y dotarlo de la legitimidad que careció el intento anterior.

Medellín, 22 de abril del 2016

Oto Higuita

Licenciado en Historia Económica de la Universidad de Estocolmo.

Ensayista.

oto.higuita@gmail.com