(Fragmentos de mi libro La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo. Editorial Icaria, España, 2010).

 I .En pocos años los productos financieros derivados (futuros, opciones, forwards, swaps, etc.) con fines especulativos o supuestamente destinados a cubrir riesgos   se multiplicaron exponencialmente y su monto de hizo astronómico y totalmente despegado de la economía real[1]. Todos esos productos financieros  circulan, en los hechos,  como moneda, de manera   que el papel de la moneda de representar los valores creados en el proceso de producción se ha distorsionado totalmente, pues la relación entre los valores reales creados en el proceso productivo  y los ficticios que circulan en el mercado financiero es del orden de entre 10 a 1  y 20 a 1, según diferentes estimaciones.

Existe una sensación de euforia económica y circulan eslogans tales como “¿qué espera para hacerse rico?”, hasta que, inevitablemente, estalla la crisis.

Es en ese marco que se producen las crisis financieras, como la que comenzó en 2007 y estalló a escala planetaria en 2008,  que son diferentes de  las crisis cíclicas clásicas del capitalismo en las que,   después de un período más o menos largo de crecimiento económico, la producción sobrepasa las posibilidades del mercado  (sobreproducción).

Esta modalidad especial de crisis específicamente financieras, no son crisis de sobreproducción  pero producen graves “efectos colaterales” sobre la industria y el comercio.

Estas crisis tienen como centro de gravitación el capital-dinero y que, por tanto, se mueven dentro de la órbita de los Bancos, de la Bolsa y de las finanzas. Aunque las consecuencias son similares:  las empresas  quiebran, los despidos se generalizan,  aumenta la desocupación y se acentúa la concentración monopolista  hasta que le economía se recompone sobre los escombros de la crisis que deja un tendal de víctimas entre los trabajadores y los empresarios.

Los actuales choques financieros, dice Chesnais (1) son el resultado de una configuración específica del capitalismo en su etapa actual. No es el resultado, como en las crisis capitalistas “clásicas”  hasta mediados del siglo XX, de una caída brutal de la producción y del comercio.

Se estaría en presencia -sigue diciendo Chesnais- de una interacción particular entre la esfera de la producción y la esfera de las finanzas. Por un lado  existe una disminución regular y durante un largo período  de la tasa de crecimiento en los países más industrializados, que se puede describir como una sobreproducción crónica que los grandes  grupos oligopólicos logran por lo general controlar con medidas en la esfera de la producción  e hipertrofiando la esfera financiera.

Dicho de otra manera: si la producción no aumenta a un ritmo elevado y  el desempleo aumenta, la tasa de ganancia que obtienen los capitalistas en la esfera de la producción tiende a estancarse o a disminuir y si la gente se empobrece (desocupación y salarios congelados)  consume menos, es decir que el mercado,  donde los capitalistas realizan el  beneficio, se achica.

La “solución” capitalista a estos dos problemas (descenso de la tasa de ganancia y amenaza de crisis de sobreproducción por achicamiento del mercado consumidor) consiste en la hipertrofia y desregulación del sistema financiero que les permite, por un lado, despojar a los trabajadores y a los pequeños ahorristas en la esfera financiera compensando así el descenso de la tasa de ganancia en la esfera productiva y, por  otro lado, expandir enormemente  el crédito a fin de crear un poder adquisitivo artificial en las clases más modestas que viven endeudadas y se endeudan cada vez más.

Hasta que no pueden responder por sus deudas y en ese  momento  las “soluciones” capitalistas  a las contradicciones inherentes al sistema dejan de funcionar y se producen las crisis financieras, porque el sistema real, es  decir la esfera de la producción y del intercambio y su contradicción fundamental (la apropiación privada en forma de plusvalía que se interpone entre la producción social y el consumo social) resurge: se acaba el espejismo de la prosperidad y los pobres están más pobres que antes.

El 2 de abril de 2009 se reunió en Londres el Grupo de los Veinte con el objetivo proclamado de aportar soluciones para superar la crisis pero en realidad con el doble propósito de distraer  a la opinión pública  mundial con un show demagógico titulado  “moralizar al capitalismo” y ponerse de acuerdo sobre  algunas medidas destinadas a preservar al sistema y, dentro de él,  la hegemonía del capital financiero parasitario.

La “moralización del capitalismo” consiste en los hechos en señalar a la vindicta pública algunas ovejas negras demasiado notorias, como Madoff  y a algunos  dirigentes de grandes empresas transnacionales que perciben emolumentos desmesurados (en realidad una gota de agua en el océano de las ganancias del gran capital)  y responsabilizarlos  de todas las lacras  y abusos  inherentes al sistema.

Y relanzar la gran farsa del supuesto control de los paraísos financieros.

El resultado más concreto de la reunión de abril de 2009  del G20 fue el billón 100.000 millones atribuidos al FMI, destinados a  apuntalar descalabros financieros locales que podrían propagar un nuevo caos financiero a todo el planeta. Lo demás es puro gatopardismo (cambiar algo para que todo siga igual). Por ejemplo  se mantuvo y se reforzó el papel del FMI y  del Banco Mundial, instrumentos de las grandes potencias y del poder económico transnacional.

En cuanto al control de los paraísos financieros,  la famosa “lista negra“ (ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales  fue elaborada por la OCDE hace diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc.etc.  Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las  grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además,  la “lista negra” o “gris” es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Pero  el G20 incluso dejó para más adelante el tema de las sanciones a los paraísos fiscales.

Según un autor,  el profesor Michael Krätke [2], se estima que los más ricos tienen alrededor  de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos.  Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto  de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año.

Es una buena parte del dinero que falta para reactivar la economía, aumentar el poder de compra de los más pobres y en general para mejorar la situación de las 3000 millones de personas que viven en el mundo con menos de 2,5 dólares por día.

Como señaló recientemente Eva Joly, más que controlar a los paraísos fiscales habría que controlar directamente las finanzas de las grandes empresas, los grupos financieros  y los bancos que los utilizan.

Eva Joly, que  fue hasta 2002 jueza de instrucción en Francia a cargo de la investigación de grandes “affaires” y renunció a causa de las presiones políticas que recibió destinadas a trabar su acción, escribió: “...yo pensaba que estábamos ante una criminalidad superficial, marginal, accidental, una especie de falta de moral individual. Hoy tengo la certidumbre de que la criminalidad financiera está incrustada en la economía y que ensombrece nuestro porvenir” (nuestro el subrayado) [3].

El G20  prometió la ayuda de los organismos financieros internacionales para renovar la deuda, no para abolirla, se olvidó del calamitoso cambio climático y de las políticas agrícolas, pese a que la crisis alimentaria mundial recomienza después de una muy corta pausa.

En el G20 se habló de inyectar  5 billones de dólares  en la economía mundial, lo que implica, como con el plan Obama, fabricar dinero desmesuradamente.

El 17 de junio de 2009 Obama  anunció las modalidades de un plan de regulación del mercado financiero, frente al cual la prensa especializada como The Economist y el Financial Times se mostraron escépticos. Ya la ley  Corporate Auditing Accountability aprobada en  2002 demostró en los hechos ser totalmente ineficaz.  En el plan de Obama la Reserva Federal  (FED) será directamente responsable de los grandes Bancos denominados “too big to fail” (demasiado grandes para que quiebren).  Es decir la FED (formada por lo grandes Bancos) se controlará a sí misma y en su propio beneficio.

Sumando el plan  Obama de marzo  y los precedentes de Obama y de Bush de salvataje del capital financiero se han puesto en juego –por lo menos-  dos billones de dólares.

El plan Obama y las decisiones del G20 permiten prever  una profundización de la crisis económica y/o su repetición cada vez más frecuente y la probabilidad de  una fuerte inflación con recesión (stagflación), con  las  graves consecuencias  sociales que ya se conocen.

II. La corrupción es un fenómeno mundial, en el que las grandes sociedades transnacionales ocupan un lugar importante como corruptores activos. La corrupción es un  delito que requiere dos autores: el que corrompe (corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción pasiva).Tiene graves consecuencias económicas y sociales y es un justo motivo de preocupación para quienes se interesan por una gestión honesta de la administración de los Estados y porque haya  un  control democrático de dicha gestión.

Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos) el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONGs, de medios de comunicación de masas, etc.

La promoción de la lucha contra la corrupción no es siempre inocente y a veces  obedece también a intereses particulares bien definidos.

En la lucha sin cuartel por los mercados nacionales e internacionales (de servicios, de armamentos, de bienes de consumo industrial y civil, etc.) hay empresas que están en posición ventajosa (por su poderío económico, porque su oferta es mejor en precio y/o calidad, porque el espionaje industrial y comercial les permite tener mejor información para negociar los contratos [la red anglosajona de espionaje Echelon] o porque simplemente cuentan con el respaldo [económico, político y militar] de algunas grandes potencias).

Las empresas que no cuentan con estas ventajas, para poder competir con ciertas posibilidades de éxito, tienen que recurrir con más frecuencia a la corrupción de los funcionarios públicos y de los dirigentes de empresas privadas que representan a la contraparte en sus negociaciones comerciales.

La corrupción puede neutralizar así esas ventajas comparativas que hemos mencionado, de que gozan grandes empresas transnacionales.

De ahí que sobre todo las grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, estén interesadas en imponer internacionalmente medidas anticorrupción (aunque no es seguro que se propongan respetarlas ellas mismas) para seguir beneficiándose de las aludidas ventajas comparativas (véase Bernard Cassen, Arrière-pensées dans la lutte anticorruption, en Le Monde Diplomatique, mayo 2001, pág. 8).

Es sintomático que se interesen particularmente en la lucha contra la corrupción el Banco Mundial y una ONG dedicada específicamente al tema: Transparency International.

El papel del Banco Mundial en la economía planetaria y qué intereses sirve son temas suficientemente conocidos y no vale la pena extenderse.

No obstante, cabe comentar que el ex  Director del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, obligado a renunciar el 17 de mayo de 2007 por haber aumentado indebidamente el salario a su amiga funcionaria en el Banco, antes de ocupar ese cargo en 2005, en su condición de Secretario adjunto de defensa de Estados Unidos participó en la política de Estados Unidos para la reconstrucción de Irak, que incluía multimillonarios proyectos cuestionados por corrupción y mala gestión.

Escribe   Emad Mekay, corresponsal en Washington de Inter Press Service   en un artículo difundido el 26 de abril de 2006 (« Corrupción : las pocas nueces del ruidoso Wolfowitz ») : …« Desde que asumió la presidencia del Banco Mundial, Wolfowitz evitó examinar proyectos de la institución en Iraq, a pesar de la existencia de numerosos informes sobre fraude en la nación ocupada y dentro de su gobierno, patrocinado por Estados Unidos. Por ejemplo, un préstamo del Banco Mundial por 100 millones de dólares destinado a la construcción de 82 escuelas se resolvió en noviembre pasado sin las debidas diligencias en materia de control de la corrupción.  Lo mismo ha sucedido con proyectos en los que el Banco está involucrado, relativos al suministro de agua, los servicios sanitarios, el desarrollo urbano y las emergencias de salud de Iraq, al igual que otros de asistencia técnica, los que suman de 500 millones de dólares, según los críticos ».

En cuanto a Transparency International, citamos a continuación fragmentos de una nota aparecida en la página 23 de Le Monde Diplomatique de noviembre del 2000 (nuestra la traducción) :

" Transparency International fue fundada en 1993 por el Sr. Peter Eigen, un ex funcionario del Banco Mundial…Clasifica a los países en función de la corrupción existente en las administraciones y en los hombres políticos. La organización se ha fijado como regla no denunciar por su nombre a las empresas corruptoras. Sus ataques se dirigen exclusivamente contra los Estados. Es la principal debilidad de su acción porque ciertas sociedades transnacionale no tienen raíces nacionales y T.I. las elimina de entrada de sus estudios.

…El presupuesto de la organización en 1999 fue de 2 millones y medio de dólares. Un tercio proviene de donaciones de grandes fundaciones internacionales, otro tercio proviene de organismos para el desarrollo y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el último tercio es cubierto por grandes empresas… (como IBM y General Electric)… ".

General Electric, uno de los "sponsors" de T.I., fue condenada en 1997 a una multa de 25 millones de dólares por actos de corrupción en Egipto (de la misma fuente).

Pero con independencia de las intenciones de algunos promotores de las campañas contra la corrupción, ésta es una lacra real que es preciso denunciar y combatir y cuyas causas profundas y mecanismos es necesario desentrañar.

La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente.

Pero en los países más ricos, aunque existe cierto rigor para sancionar a los propios funcionarios públicos incursos en corrupción pasiva, no se castiga a los propios nacionales que corrompen a funcionarios extranjeros, es decir que incurren en corrupción activa.

Una excepción a esto último son los Estados Unidos, donde se sancionó en 1977 una ley sobre las prácticas de corrupción en el exterior, bajo el impacto de los casos de sobornos pagados por las empresas Lockheed, Northrop y Gulf Oil. Pero las legislaciones europeas son mucho más "liberales" y no castigan el soborno a funcionarios extranjeros. Más aún, en Alemania, en Suiza y en Bélgica, entre otros países europeos, el fisco autoriza a deducir de los impuestos tal clase de gastos, es decir que la corrupción de funcionarios extranjeros está de hecho legalizada.

Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países del Tercer Mundo, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un fenómeno mundial.

En los 8º y 9º Congresos de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se abordó el tema de la corrupción. En el 9º Congreso, el ex juez italiano Antonio di Pietro dijo que en materia de corrupción no cabía hacer la diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados, que el análisis debía basarse en la "democracia de la responsabilidad" y no la "democracia de la prosperidad", que el fenómeno rebasaba las fronteras nacionales y que afectaba no solo a los funcionarios sino al sector privado. (Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 29/4 al 8/5/95, Capítulo V‑A, párrafo 248, A/CONF.169/16).

En los últimos años se han aprobado convenios internacionales contra la corrupción: 

La Convención Interamericana de 1996, la Convención de la OCDE de 1997, vigente desde 1999, la Convención Penal Europea sobre la corrupción, aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999,  abierta a la firma de los Estados en la misma fecha y en vigor desde el 1º de julio de 2002 (esta última en: Serie de tratados europeos Nº 173 – www.coe.int) y la  Convención civil europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.

La Convención Penal Europea sobre la corrupción de 1999 es, de los cuatro instrumentos citados, el más completo, pues describe con cierta minuciosidad los diferentes casos de corrupción :

a) corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos nacionales;

b) corrupción de miembros de asambleas públicas nacionales,

c) corrupción de funcionarios públicos extranjeros y de miembros de asambleas públicas extranjeras;

d) corrupción activa y pasiva en el sector privado;

e) corrupción de funcionarios internacionales y de miembros de asambleas parlamentarias internacionales,

f) corrupción de jueces y funcionarios de cortes internacionales;

g) tráfico de influencia y

h) blanqueo del producto de los delitos de corrupción.

Otro aspecto muy importante de la Convención Penal Europea sobre la corrupción es que en su artículo 18 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha responsabilidad  no figura en la Convención Interamericana, en tanto que  la Convención de la OCDE deja a la decisión de los Estados la posibilidad de optar entre la responsabilidad penal, civil o administrativa. El mismo artículo 18 establece la responsabilidad penal de las personas físicas que tienen la representación de las personas jurídicas y la de los instigadores y cómplices.

La Convención europea puede ser una fuente de inspiración para iniciativas y acciones, en los planos nacional y regional e internacional.

La Convención de la OCDE no es directamente aplicable en los Estados signatarios y requiere una legislación interna de aplicación. No incluye a las filiales instaladas en países no miembros de empresas que tienen su sede principal en los Estados miembros, es decir se acepta la ficción jurídica de la autonomía de la filial, sin «levantar el velo » de la realidad económica de que dichas filiales forman un todo con la sociedad matriz. Eso permite continuar empleando prácticas de corrupción a través de las filiales instaladas en países no miembros. Este sistema lo usan habitualmente las sociedades transnacionales estadounidenses para eludir la legislación de Estados Unidos contra la corrupción y, por cierto, lo utilizan también las sociedades transnacionales basadas en otros países.

Pero a pesar de dichos convenios y aunque se advierten ligeros progresos, la corrupción siguen gozando de buena salud, por ejemplo en la Unión Europea.

Por ejemplo la Comisión Europea trabaja en equipo con las grandes sociedades transnacionales europeas (la Mesa Redonda de los Industriales Europeos - ERT).

La corrupción es muchas veces un factor determinante de las privatizaciones y "desregulaciones" y de las condiciones en que éstas se realizan.

La faz internacional de esas privatizaciones con matices delictivos incluye el asesoramiento técnico y la financiación del Banco Mundial. Por ejemplo, éste aprobó en diciembre de 1992 un crédito de 30 millones de dólares, al 7,6 por ciento de interés anual, destinado al Perú, para financiar la asistencia técnica al programa de privatizaciones de dicho país. El Banco Mundial no sólo organiza el despojo del patrimonio nacional de diversos países, sino que se hace pagar por las víctimas del despojo y además con intereses usurarios.

En Le Monde Diplomatique de julio de 2001, en un recuadro al pie de la página 15 se cita a un funcionario del Gobierno francés que habla de los « rapaces que en nombre de la libre empresa, por ejemplo en ocasión de las privatizaciones, se apoderan con total impunidad de sectores enteros de la economía ».

Un cable de Interpress Service del 18 de octubre de 2005  dice :

“El Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional vuelve a mostrar este año la comprometida situación del Sur, que cuenta con una pequeña ayudita de los bancos del Norte industrial.

"La fuga total de capitales anual de África es de unos 150.000 millones de dólares, mientras que el total del flujo de asistencia que recibe el continente asciende a 25.000 millones", dijo a IPS Chandrashekhar Krishnan, director ejecutivo de la filial de Transparencia en Gran Bretaña.

"Esa fuga de capitales representa, básicamente, la ruta de los bienes estatales en manos de políticos corruptos", agregó Krishnan. "Ese dinero es depositado en instituciones financieras de Londres, de Zurich, de Nueva York."

"Sugiero que los gobiernos occidentales hagan mucho más para asegurarse de que sus sistemas financieros no sean utilizados para lavar dinero", recomendó.

Pero el hecho de que los bancos de Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos reciban dinero sucio no queda marcado en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International » (IPS, 18/10/2005).

(1) La mondialisation financière, (François Chesnais., editor) ed. Syros, Paris, 1996, Cap. 8.

[2] Michael Krätke, Paraísos fiscales. Publicado por Sin Permiso http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1716. 2 de marzo de 2008.

[3] Eva Joly, Notre affaire à tous, Ed. Les Arènes, Paris, junio 2000, pág. 183. En julio 2003 Eva Joly publicó otro libro: Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?, Edición Les Arènes, donde relata las persecuciones y amenazas que sufrió mientras instruía la causa ELF. Véase también Christian de Brie, Dans l’archipel planétaire de la criminalité financière, en Le Monde Diplomatique, abril 2000). En febrero de 2002 la jueza Eva Joly anunció su retiro de la función judicial. Su anuncio fue precedido por algunos días por un anuncio similar del juez Eric Halphen y de la noticia del traslado, a su pedido, de la jueza Laurence Vichnievsky a otras funciones. Un año antes había abandonado la carrera judicial la jueza Anne José-Fulguères. Todos ellos se ocupaban de asuntos de corrupción y de negociados de gran envergadura y todos denunciaron las fuertes presiones, provenientes de los medios políticos y económicos, de que fueron objeto.