Control territorial donde el Estado haga presencia en su conjunto, respeto por la vida de los desmovilizados, una vez se encuentren en la legalidad, y desarrollar acciones preventivas que impidan el resurgimiento del crimen organizado serán útiles para garantizar la convivencia ciudadana durante el posconflicto en el país.

Se ha dicho por algunos, de manera ligera sin duda, que una vez firmado el acuerdo con las insurgencias, habrá una reducción sustancial del gasto en seguridad. Incluso los más optimistas ya discuten hacía qué otros sectores se debería orientar el mismo. Sin embargo, es pertinente decir que esto no sucederá e incluso el gasto y los requerimientos serán más sensibles.

La seguridad es una condición fundamental para la convivencia ciudadana; por consiguiente, garantizarla tanto a los miembros de las insurgencias desmovilizados como al conjunto de los ciudadanos, debe ser una prioridad del Estado. Sin esta, la convivencia en cualquier comunidad política es compleja y azarosa. Veamos los principales requerimientos que tiene el país en este campo.

Primero, hace falta que la fuerza pública tenga definida una estrategia de copamiento de los territorios en los que han hecho presencia tradicional las FARC, para que una vez los distintos frentes de esta insurgencia se sitúen en las zonas de ubicación y no haya “espacios vacíos”, en los cuales intervengan otros grupos armados ilegales.

Este aspecto adquiere más relevancia actualmente, con la acción delincuencial que han desarrollado grupos de crimen organizado (Bacrim o Neoparamilitares), dependiendo del actor que los califique, en diversos espacios del territorio nacional. Sin duda, estos son una amenaza real a la convivencia regional, especialmente para los líderes de los sectores sociales populares, entre ellos reclamantes de tierra, defensores de causas comunitarias y defensores de derechos humanos.

Al respecto, es importante recordar que por la forma como se desarrollaron históricamente las Fuerzas Militares y la Policía, nunca se contó con una cuarta fuerza (además del Ejército de tierra, la Fuerza Aérea y la Armada), tipo Gendarmería, Guardia Nacional o Guardia Civil, cuya misión institucional es el control del territorio.

En Colombia, esta tarea la han tratado de hacer a medias –hay que reconocerlo–, la Policía con la fuerza de Carabineros y el Ejército; no obstante, hace falta un esquema definido por la Fuerza Pública o el Ministerio de Defensa. Por supuesto, esa estrategia deber reconocer la diversidad regional y las particularidades de cada uno de los actores.

Por eso, la presencia del Estado en los territorios no es solamente aquella relacionada con el aspecto militar y policial, se trata de combinar la permanencia del policía y el soldado con la del juez, el maestro, el médico, el inspector de policía; es decir, el Estado en su conjunto, con el indispensable liderazgo civil de las autoridades democráticamente electas.

Si la estrategia de cubrimiento de los territorios no está definida, existe un alto riesgo de que la implementación de los acuerdos inicie de manera equívoca, pues emergerán o expandirán grupos armados privados de otra naturaleza, con el objetivo de regular y controlar los mismos.

Desmovilización y respeto por la vida

Otro requerimiento fundamental es la garantía de que los miembros de las farc, quienes han dejado las armas, contarán con la seguridad indispensable para desarrollar sus actividades políticas, económicas y sociales, dentro de la legalidad.

De ninguna manera el país puede darse el lujo de repetir un genocidio como el adelantado contra la Unión Patriótica. Esto no solo sería el fracaso rotundo del proceso de terminación del conflicto armado, sino una vergüenza ante la comunidad internacional y la evidencia de que este sería un Estado fracasado.

Para ello, hacen falta los diseños específicos de seguridad, grupal y personal, pero sobre todo que la sociedad cree un ambiente para favorecer o limitar la acción de grupos privados violentos, que pretendan afectar a los miembros del grupo guerrillero, una vez se desarmen.

También, para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, en el mundo urbano y rural, es importante el proceso de desmovilización de los grupos insurgentes. Si las desmovilizaciones son colectivas y existe un cierto lazo social entre ellos, esto les impediría ingresar a otros grupos armados delincuenciales; especialmente será determinante el cambio, doctrinario y operativo que se produzca en la Fuerza Pública. Por tanto, es indispensable dejar atrás la concepción propia de la guerra fría y adoptar otra fundamentada en la protección y seguridad de los ciudadanos, sin importar su ideología o militancia política.

Se trata de orientar la inteligencia militar hacia los grupos remanentes de los antiguos paramilitares y el crimen organizado, para identificarlos y actuar de forma preventiva y así evitar situaciones que alteren la convivencia. En ese sentido, hay que saludar el ejercicio anunciado y en proceso de adelantar por el general Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional. Se espera que este camino lo sigan otras fuerzas.

Por esta razón, es indispensable en el mediano plazo realizar ajustes y cambios institucionales en cada fuerza, bajo el liderazgo de los responsables civiles. De manera que la transición hacia el posconflicto se desarrolle sin contratiempos en seguridad, a través de una Fuerza Pública que sea garantía de confianza para todos los colombianos.

Esa Fuerza Pública debe ser la garante de la defensa de la integridad territorial y la soberanía, para ello se debe desarrollar una estrategia defensiva-disuasiva, que estimule las buenas relaciones con los vecinos y formas regionales de coordinación.

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Alejo Vargas Velásquez es director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - Universidad Nacional de Colombia