Comunidades que regresaron del exilio tras los bombardeos del ejército que les obligaron a marcharse a Honduras al inicio de la guerra civil en El Salvador, trazaron los cimientos de un esfuerzo que marcó la historia de la radiodifusión en el país. Estas comunidades, de sobra organizadas, hicieron uso de un derecho universal: la libertad de expresión, que de acuerdo a los estándares de la Organización de Estados Americanos (OEA,) se relaciona con la creación de medios de comunicación propios.

El 26 de febrero de 1994 varios medios comunitarios, entre ellos Radio Sumpul, (Güarjila, Chalatenango) Radio Izcanal (Nueva Granda, Usulután), Radio Victoria (Cabañas) y Radio Segundo Montes (Morazán) deciden darle vida a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS). Esta asociación irrumpió en un país azotado por las medidas de privatización que impulsaron los gobiernos del partido ARENA, alcanzando a las telecomunicaciones privatizadas en 1996, durante la administración del ex presidente tricolor, Armando Calderón Sol.

Las radios comunitarias de manera individual intentaron por años legalizar sus medios; sin embargo, la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) se los negó, argumentando que no existían más espacios en el espectro radioeléctrico o dilatando el proceso. Según Cristina Star, una de las fundadoras de Radio Victoria y de ARPAS, “se trató de intereses políticos”.

Pero las acciones no se quedaron allí. Eran las dos de la tarde del 5 de diciembre de 1995, cuando por orden del entonces titular de ANTEL, Juan José Domenech, importante miembro de ARENA y dueño de una cadena de supermercados, policías intervinieron y decomisaron los equipos de transmisión de Radio Segundo Montes, Radio Victoria y varias radios más. Esto provocó que las comunidades salieran en defensa de sus medios.

“La comunidad se volcó a la calle y montó un valla humana en la calle principal para evitar que pasara el vehículo que llevaba todos los equipos de la radio. Luego, la misma policía rompió esa valla. Fue imposible detener a los policías, que nos dejaron a varias personas golpeadas”, recordó Juan Lucas Aguilar, director de Radio Segundo Montes.

A través de ARPAS, que tuvo sus antecedentes en la Coordinadora de Radios Participativas, estas emisoras surgidas desde las mismas comunidades lograron conseguir una frecuencia que fue segmentada para que cada radio asociada operara en su localidad.

Un año después, y tras movilizaciones de las comunidades y miembros de las radios, La Sala de lo Constitucional resolvió que tanto ANTEL como la Policía Nacional Civil (PNC) tenían que devolver “los equipos incautados” y debían dejar sin efecto “el cobro de las multas impuestas a las radios comunitarias”.

Ése es uno de los hechos que rememoran las y los fundadores de ARPAS que desde su surgimiento emprendió la lucha porque las comunidades y organizaciones que no tenían espacio en los medios hegemónicos- el dominio de unos (medios) sobre otros- pudieran expresar sus ideas, sus luchas y propuestas, y sobre todo se convirtieron en motores de la organización local.

Sin embargo, este esfuerzo lejos de ser reconocido se frustró con la Ley de Telecomunicaciones, como parte de una oleada de privatizaciones. La nueva normativa entró en vigencia en 1997 y estableció la subasta como único mecanismo de acceso a las frecuencias radioeléctricas.

19 años después, y como resultado de las acciones sociales y jurídicas de las organizaciones populares que integran la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), que “arropa” a las emisoras comunitarias, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la subasta como único mecanismo de acceso a las frecuencias.

Éste sería solo el primer paso de un proceso de reformas a la obsoleta ley, el cual apenas inicia y que, de acuerdo a las organizaciones, el país está obligado a hacer apegado a los estándares de la OEA.

Actualmente la Asamblea Legislativa tiene como tarea reformar la referida normativa para crear otros mecanismos de acceso a las frecuencias y que las concesiones no se prorroguen de forma automática.

La ReDCo ha presentado a esa comisión un pliego de reformas que plantean el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación: privado-comercial, público y comunitario, y el establecimiento de la subasta, la asignación directa y el concurso público, respetivamente, para asignar frecuencias.  Además de nuevos requisitos para asignar concesiones y medidas de control antimonopólico.

No obstante esta propuesta no ha sido considerada por las y los diputados, quienes también han desestimado las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la libertad de expresión, pese a una carta enviada por el Relator, Edison Lanza.

Basilio Chavarria, de Radio y televisión Izcanal, sostiene que no hay razón por la cual retrasar más este proceso.

“Tenemos años de estar peleando por la legalización de las radios comunitarias, por el Derecho que tenemos a la comunicación. Necesitamos que hagan reformas integrales a la Ley de Telecomunicaciones” exigió.

Existen al menos dos razones por las que el país debería “tomar en serio” este debate. La primera es que en 2017 finaliza el período de los actuales concesionarios y la segunda es que en el año 2018 iniciará el proceso de digitalización del espectro, que comienza con la televisión.

“Ahora es evidente (la necesidad de) actualizar el marco normativo de las comunicaciones, dados los cambios y el desarrollo tecnológico que ahora presiona a favor de una reforma integral a la ley”, dijo Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.

A 22 años del surgimiento de ARPAS, igual número de radios le dan vida; 19 de ellas funcionan en una misma frecuencia y todas tienen cobertura local. Sus radios y los centros de producción que la integran han hecho de ARPAS un actor político que incide en la lucha por la democratización de las comunicaciones, y así permite la exigibilidad de otros derechos. Además de poner al servicio de la población más vulnerada sus espacios informativos y educativos en red.

Oscar Beltrán, presidente de la Junta Directiva de ARPAS, sostiene que la incidencia y reconocimiento tanto nacional como internacional, es gracias a la población.

“A estas alturas que las radios comunitarias incidan de la manera que lo hacen es la muestra de cómo las comunidades se han empoderado de este gran proyecto”, sostuvo Beltrán.

ARPAS se consolida como un referente de la comunicación participativa en El Salvador, que surge con la paz, que experimenta la deuda histórica de la reforma democrática, pero que espera que el país abra un proceso de reconocimiento de los medios comunitarios y de una participación equitativa de diversos sectores en los espectro, considerado un bien público.

Una lucha que ha sido posible con el acompañamiento de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), de la que forma parte.

Actividades por el 22 aniversario

Con motivo de los 22 años de fundación de ARPAS ésta asociación ha desarrollado diversas actividades.

El martes 23 de febrero las radios comunitarias y organizaciones sociales y populares exigieron una reforma integral a las y los diputados de la comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que estudia las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Centenares de personas reclamaron una reforma incluyente.

Posteriormente, el miércoles 24 de febrero, ARPAS desarrolló un conversatorio con representantes de organizaciones de la sociedad civil para establecer alianzas e incidir conjuntamente. Este viernes se realizará un conversatorio con medios de comunicación alternativos, públicos y otros medios aliados para, según Leonel Herrera, hacer un bloque de medios “contra-hegemónico”.

Pero ARPAS también desarrolla acciones al interior. En el 2014 realizó una actualización de su proyecto político comunicacional, a través de un Proceso de Innovación Institucional, cuya implementación inició el año pasado, al mismo tiempo ha comenzado la fase de ejecución en cada una de sus radios.

“Estamos en un momento positivo y lo celebramos”, concluyó Herrera.