Con las medidas austericidas que acompañan el gigantesco recorte fiscal, equivalente a 6 billones de pesos, ordenado el lunes 22 de febrero, por el gobierno del señor Santos y su Ministro de Hacienda Cárdenas, para descargar la crisis económica en los más pobres del país, la movilización, paros y protestas organizadas por las centrales sindicales (CUT, CGT y CTC), y los movimientos sociales/populares, para el próximo 17 de marzo, por un periodo de 24 horas, agrega nuevos elementos de inconformidad, legitimidad y capacidad de convocatoria.

Se trata de una potente acción pacifica, pluralista y democrática, que con un sencillo pliego de peticiones, recoge las más sentidas necesidades del pueblo colombiano.

No es una acción para desestabilizar el gobierno, paralizarlo o arruinarlo.

Tampoco se trata de afectar el proceso de paz que se adelanta con las guerrillas, ni la firma de un pacto final que está previsto para el 23 de marzo del año en curso.

El paro cívico del jueves 17 de marzo transcurrirá en un ambiente cargado de amplias oportunidades políticas.

Quiero destacar dos que son evidentes.

Me refiero a los acuerdos alcanzados en La Mesa de Paz de La Habana en lo relacionado con la despenalización de las protestas sociales y a la fragmentación que presenta la elite dominante en el Estado.

En efecto, en el documento de la Mesa de La Habana, que recoge los consensos sobre la participación política y democracia ampliada se establece que:

“… la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.

‘’Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, acordamos que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que se enuncian, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, que contará con la participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se trata en el punto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y los que propongan los otros sectores.

‘’Entre los criterios acordados se destacan: garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público como garante del respeto de las libertades democráticas y el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana en la interlocución y construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

‘’Adicionalmente, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas, se acordó promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

‘’Respecto a la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, en lo acordado se reconoce que los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia

‘’También acordamos establecer un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en situación de riesgo, que incluye adecuación normativa e institucional, prevención, protección y evaluación y seguimiento’’(http://bit.ly/1PMGq4w.

La división de las élites.

La otra oportunidad política del paro cívico del 17M, es la división de las elites, pues un sector de la clase dirigente colombiana articulado alrededor de la figura del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ha manifestado su apoyo a tal acción colectiva (http://bit.ly/1KK3fGH).

Al respecto conviene remarcar que las elites divididas pueden no sólo incentivar a los grupos pobres en recursos a aventurarse a la acción colectiva, sino a segmentos de la propia élite que no se encuentran en el poder a asignarse el rol de defensores del pueblo.

Es un elemento que puede modificar favorablemente el contexto político en que se dará la protesta y el paro.

Lo cierto es que cuando la elite está sólidamente unida, como señala Favela Gavia, los movimientos sociales enfrentan una oposición cerrada a sus demandas, lo que hace que sus posibilidades de éxito dependan básicamente de su fuerza y recurso. Pero cuando presenta fisuras, y más aún, cuando sus diversas facciones mantiene posturas opuestas respecto a las demandas de los militantes, aumentan las posibilidades de movilización y éxito. La división entre la elite no solo incentiva a los grupos movilizados a tomar el riesgo de emprender una acción colectiva, sino que también alienta a ciertas porciones de la elite a llevar recursos a los movimientos sociales. Sus fracturas internas no solo debilitan su posición, sino que también ofrecen a los movimientos sociales aliados políticos importantes, lo que eleva las probabilidades de éxito (http://bit.ly/1QeSVqi).

Agrega, además, que para los movimientos populares, los aliados influyentes, pueden incentivar a los pobres a la acción colectiva cuando actúan como amigos en los tribunales, como garantes contra la represión o negociadores aceptables.

Si se toma en cuenta que los grupos movilizados luchan por influir en las decisiones políticas que afectan sus intereses, la posibilidad de tener el patrocinio de un miembro poderoso realmente aumentan las oportunidades de que los movimientos sociales se desarrollen y tengan éxito. Los aliados funcionan como terceras partes, las cuales tratan de neutralizar la oposición al movimiento y contribuir con recursos para que puedan alcanzar los objetivos de los grupos movilizados (http://bit.ly/1QeSVqi).

Así, los aliados abren espacios para que la población plantee sus demandas y supere los obstáculos, al fortalecer su postura de negociación ante las políticas gubernamentales, dice Favela Gavia.

También se deben considerar factores estructurales de oportunidad política para la protesta y el paro. Por ejemplo la distribución del poder entre las ramas y niveles de gobierno. Al ofrecer o restar puntos de acceso al proceso de toma de decisiones, determina que los jueces, legisladores, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios puedan o no ser aliados poderosos de los grupos movilizados en la acción colectiva de protesta (http://bit.ly/1QeSVqi).

Estos dos elementos incentivan el paro anunciado para el 17 de marzo y fortalecen su pliego de demandas, que incorpora otras peticiones como las de los pobladores del Caribe a Electricaribe y las de los neivanos por el agua.