A partir de 2003 la Secretaría de Derechos Humanos (Argentina) fue dirigida por un abogado ex preso político, Luis Eduardo Duhalde, y sucedido en 2012 hasta 2015 por Martín Fresneda, hijo de militantes desaparecidos. Desde entonces la cúpula de las Fuerzas Armadas fue descabezada, se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se patrocinó una oleada de juicios que incluía la complicidad cívico-militar. Asimismo, 119 hijos de detenidos-desaparecidos recuperaron su identidad gracias al mejoramiento del sistema de búsqueda (Banco Nacional de Datos Genéticos). Ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) y otros sitios vinculados con el accionar del Terrorismo de Estado se convirtieron de Espacios de Memoria, lo que implicó su desafectación para uso policial o militar y su completa transformación en centros de investigación, educación y promoción de derechos.

En el transcurso de la campaña por la presidencia Mauricio Macri abogaba por la reconciliación y el diálogo, lo que llevó a pensar que la mayoría de los bastiones kirchneristas seguirían en pie, ese era el cambio que los analistas anunciaban en sus encuestas. Dos días antes del ballotage, la actual Casa de la Memoria, ex Mansión Seré, -el centro clandestino de tortura y detención de mayor envergadura de la zona oeste de Buenos Aires- amanecía escrachada, “el 22 se termina el curro”. Los muros del oscuro pasado re-significado ya anunciaban un cambio de 360 grados, de nuevo al punto de partida pero con un nuevo-viejo relato en disputa.

El 23 de noviembre de 2015, a tan solo horas de conocerse los resultados del triunfo y desde la editorial del diario La Nación, titulada “No más Venganza”, comenzaba la inauguración oficial del revanchismo. La instauración de una mirada que cuestiona -en primer lugar- el reconocimiento histórico a las organizaciones de DDHH a las que acusa de distorsionar la historia con fines políticos populistas. La caracterización habilitaba entonces el segundo punto, la demanda de los editores: prisión domiciliaria a los ex genocidas. Por último, si bien dejaba la puerta abierta para nuevas investigaciones por violaciones de DDHH, frenaba de lleno cualquier complicidad civil y económica. Los desaparecidos no eran la “juventud maravillosa”, sino la guerra sucia. No había ninguna épica, sino distorsión que el propio kirchnerismo había logrado instalar. La justicia contra los militares había sido un espejismo.

El orden macrista decidió, frente a ello, deskirchnerizar la política y las instituciones. No solo en el ámbito de los derechos humanos, sino en todo el Estado. Más de tres mil despidos en ministerios clave como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el ex Centro Cultural Kirchner, el Ministerio de Industria y Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, Jefatura de Gabinete y Presidencia y organismos como AFSCA, OCCOVI u ORSNA.

Los gestos simbólicos han sido abundantes: desalojar de la ex Esma al galpón donde Andrés Zerneri se encuentra trabajando en la realización del monumento a la mujer originaria, la primera desaparecida, o la prohibición del nombre de Laura Bonaparte, madre de plaza de Mayo, para un hospital. El ministro de cultura porteño, Darío Lopérfido critico la cifra de 30.000 desaparecidos, intentando establecer una “verdadera” estadística sobre dichos casos. El mismo día que desde la cuenta de Twitter oficial de Casa Rosada, Sara Rus fuera considerada víctima de la “intolerancia”, y no sobreviviente de dos genocidios -el nazismo y la dictadura argentina, la cual desapareció a su hijo-. Desde ya no se trata de un escabroso altercado lingüístico, el nuevo gobierno busca retirar a los detenidos-desaparecidos de la órbita estatal y convertirlos en víctimas de un terrorismo difuso y sin Estado, donde existieron excesos en ambos bandos. A menos de dos meses de la asunción del nuevo gobierno, el cambio de paradigma se viene ejecutando fielmente. El rol de la “teoría de los dos demonios”, es la de ser garante de la realización simbólica del genocidio, porque su afán es la destrucción de los lazos sociales, implica borrar su identidad y cualquier vestigio de acción colectiva. La recuperación de la memoria, la verdad y la justicia es la única garantía de que los hechos no se repitan.

Para imponer el ajuste no se escatimo en ejercer una suerte de poder pretoriano: represión, gatillo fácil, criminalización de la pobreza, la vuelta de las averiguaciones de antecedentes sancionadas por CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y detenciones arbitrarias a líderes de organizaciones opositoras como es el caso de Milagro Sala –dirigente de Túpac Amaru y parlamentaria por el Parlasur- y Rodolfo Aguiar –secretario general de ATE en la Universidad de COMAHUE- presos por protestar, luego de que la opinión publica haya sido adecuadamente fogueada, algo habrán hecho.

El decreto presidencial del 22 de enero declara la emergencia en materia de seguridad habilitándose medidas excepcionales en la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión ha sido denunciada por diversos espacios políticos, sociales y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, ya que da vía libre a una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Las FF.AA. adquieren a su vez la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin siquiera consultar a las autoridades políticas. La medida es inconstitucional ya que constituye una pena de muerte sumaria y encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica. Al mismo tiempo, el decreto de emergencia posibilita al Poder Ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamento. Futuros condottieri de la guerra contra el narco pueden surgir y asumir un gran poder frente al Estado.

Algunos jueces hicieron lo suyo ni bien comenzó el año. Sobreseyeron a Ernestina Herrera de Noble (propietaria del diario Clarín) en la causa por apropiación de menores y con un fallo unánime otorgaron la prisión domiciliaria de Rubén Alfredo Boan -acusado de secuestrar y torturar a más de ochenta personas-.

A nivel regional, las rispideces del primer mandatario argentino con el gobierno venezolano ya se habían manifestado en la cumbre del Mercosur -realizada Asunción, Paraguay en Diciembre de 2015- en torno a la liberación de los denominados “presos políticos” venezolanos. En referencia a Leopoldo López, quien fue condenado como autor intelectual  de las manifestaciones de Febrero de 2014 que arrojaron un saldo de 43 muertos y centenares de heridos. Asimismo, el pasado mes de enero en la reunión de Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe -CELAC- realizada en Quito -Ecuador- la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti volvió a pronunciarse en esta dirección, reconociendo los lazos de solidaridad internacional entre ambos países al haber recibido exiliados durante la dictadura argentina. Paradójicamente, la causa que ha condenado a trece años de prisión a L. López es “instigación a la violencia”, la misma  por la que Milagro Sala fue encarcelada en Jujuy ante el rechazo generalizado de un amplio espectro de la comunidad internacional. Pero a diferencia, que en el caso venezolano fue comprobado dicho delito, mientras que en el caso de la dirigente jujeña son solo especulaciones o evidencias muy pobres.

Tanto en el ámbito nacional como en el latinoamericano el macrismo se ha lanzado a impugnar el garantismo y la perspectiva de derechos humanos del gobierno anterior. “Equilibrar la balanza y corregir distorsiones”. Así lo demostró el actual Secretario de DDHH Claudio Avruj recibiendo a una organización que representa a los militares muertos. Los grandes avances allí producidos parecen entrar en momentos turbulentos, donde más allá de las organizaciones de derechos humanos, todavía no vemos grandes resistencias sociales.

- Bárbara Ester / CELAG

Artículo publicado en: http://www.celag.org/cronica-de-una-venganza-anunciada-por-barbara-ester/