Desafíos del tramo final en La Habana
- Opinión
Las conversaciones entre Gobierno y FARC entran en la recta final; ya se avizora la finalización del conflicto armado, pero para llegar a la culminación hay necesidad de resolver unos aspectos que están en la agenda. Deben llegar a acuerdos en los puntos pendientes, ‘fin del conflicto’ e ‘implementación, verificación y refrendación’ y resolver los temas pendientes de los acuerdos parciales ya firmados.
En relación con el punto de ‘fin del conflicto’, es uno de los más complejos de la agenda; tiene siete subtemas todos ellos de gran complejidad: “ 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; 2. Dejación de las armas; reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses; 3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC; 4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres; o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; 5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; 6. Garantías de seguridad; 7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso…”. Sobre el cese de fuego bilateral definitivo y la dejación de armas, la Subcomisión Técnica Militar ha venido avanzando en modalidades y procedimientos, pero todavía no existen acuerdos; el Gobierno está igualmente analizando la situación jurídica de los detenidos de las FARC –seguramente existirán presos que hasta el momento aparecen como detenidos comunes, pero que realmente son colaboradores o miembros de las FARC y eso requerirá un procedimiento especial-, pero llegar a acuerdos sobre estos distintos subtemas es un complejo camino por recorrer y especialmente porque el documento dice textualmente que se trata de un proceso integral y simultáneo.
Sobre el punto ‘implementación, verificación y refrendación’, hay que señalar que en parte lo de implementación se relaciona con el subtema referido a las reformas y ajustes institucionales del Gobierno para hacer frente a los retos de la construcción de paz, pero eso está por precisarse; lo relativo a la verificación conlleva igualmente resolver una controversia: se trata de verificar el cumplimiento de todos los acuerdos o solamente del cese fuego bilateral y definitivo y cuál va a ser la participación de organismos internacionales y nacionales en esa labor y a través de qué modalidades. Otro punto complejo es el relacionado con la refrendación del acuerdo final, recordemos que las FARC desde el inicio se manifestó por una Asamblea Nacional Constituyentes, el Gobierno, por su parte, tomó partido por la figura del plebiscito, pero este tema va a requerir la construcción de un acuerdo y no es una tarea sencilla.
Igualmente las dos delegaciones deberán ponerse de acuerdo en relación con algunos de los pendientes –en otros seguramente terminen como anexos-constancias que deje cada delegación-: cuantas circunscripciones transitorias especiales de paz de cámara de representantes se crearán para que las zonas más afectadas por el conflicto tengan una representación adecuada, cuál será su delimitación y por cuantos períodos; lo relacionado con la composición de la misión de expertos para estudiar reformas al sistema electoral, al mecanismo de conformación de la Comisión de la Verdad, la conformación de los Tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz, dentro de las más relevantes.
Por ello la posibilidad, muy real, que llegar a los acuerdos se tome un par de meses más allá del 23 de marzo que inicialmente se planteó, debe considerarse un Plan B probable, pero que no altera lo sustantivo: terminar el conflicto armado en el primer semestre de 2016.
- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional
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