Han transcurrido más de cinco años en que los promotores mineros en Panamá sustentaron, y hasta garantizaron, que las nuevas tecnologías y procedimientos industriales podían evitar los negativos impactos socio ambientales de los proyectos; como también que su dinámica generaría mayor ganancia y distribución al país. Sin embargo, el discurso verde, los trasnochados beneficios a las comunidades rurales y un estado ambiguo a las normas ambientales, representan ahora un andamiaje obsoleto de la sinrazón y anti moral ambiental.

Instituciones financieras internacionales actualmente promueven la minería sostenible o minería responsable, cuestión incongruente debido a que los minerales son recursos no renovables, lo que hace imposible este tipo de minería. Este proceso siempre es de carácter destructivo y aunque tenga ganancias para revertir los daños, su post generación decae en pobreza e incertidumbre.

En este marco del debate, surgen voces invocando la ecología industrial, como instrumento para justificar su explotación. Sin embargo, los procesos de operación, aunque tengan ahora un matiz industrial sustentable, no garantizan el reparo a los daños ocasionados en los ecosistemas.

Haciendo un recorrido por la faz panameña, han sido pocos los logros ciudadanos para el buen vivir y la salud ante los impositivos megaproyectos extractivos, a cielo abierto, cuya modalidad es ejecutada por la composición del suelo y clima de la región, en donde el procesamiento para adquirir el material metálico como quiere que la pinten de verde o ecológica, siempre tendrá en su espíritu el uso de químicos peligrosos como el cianuro. Máxime los riesgos y consecuencias en su producción acelerada, debido al alza del codiciado metal en las bolsas de valores del globo.

Según la Contraloría General de Panamá, la economía panameña en el tercer trimestre de 2015, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), presentó un incremento de 5.6 por ciento respecto al período similar del año previo; y la explotación de minas y canteras se ubica como uno de los mejores sectores, junto a la industria de la construcción, el comercio local, el transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y de servicios a empresas, la energía eléctrica y los servicios gubernamentales. Sin embargo, esta lectura o modalidad analítica hace visibilizar que nuestro país es un productor minero, a sabiendas que las ganancias son invisibles para los programas sociales.

Según el Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se identificó un alto desarrollo humano a nivel de provincias y comarcas utilizando el Índice de Desarrollo Humano de Panamá (IDHP) y Pobreza Multidimensional, cuestión que no es compatible con otros estudios y la precaria situación de las comunidades afectadas por proyectos energéticos y mineros.

A lo anterior, el movimiento ciudadano organizado ha denunciado y ventilado demandas contra las empresas mineras por el incumplimiento de las promesas. Tal es el caso de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Coclesito, que mantiene una lucha legal y ambiental, específicamente para eliminar la concesión para la explotación de la minería a cielo abierto en Petaquilla contenida en el Contrato ley 9 de 1997, ya que es evidente el daño ecológico que ha sufrido el Corredor Biológico Mesoaméricano compuesto de ríos, flora y fauna silvestre. Se añade además la calidad de vida que ha sido deteriorada por la contaminación de los ríos que abastecen las plantas generadoras de agua potable y un ambiente insano debido al aire impuro.

Esta situación pone al estado panameño en la incapacidad para asumir las responsabilidades que la minería no cumple, violando la legislación panameña en materia ambiental, como otros compromisos económicos y fiscales, obedeciendo así a los grandes capitales financieros internacionales, cuya conductas fueron evidentes en gobiernos que han transcurrido en el poder en Panamá. Tal es el caso del ex presidente Ricardo Martinelli, que se le acusa de corrupción por las grandes intenciones de apropiarse de Minera Panamá, y vinculada al escándalo de blanqueo de capitales a través de la empresa Financial Pacific. También pruebas contundentes fueron vividas por los pobladores en la provincia de Veraguas, a cuatro horas de la capital istmeña, cuando las empresa minera Santa Rosa y Remance, en la década de los ochenta, provocaron desastres ecológicos y daños a la salud de los trabajadores y comunidades aledañas.

Aquella versión se puede repetir para el caso del proyecto minero en Cerro Quema, cuya resistencia campesina data de los años setenta, en donde su concesión fue aprobada bajo otro instrumento legal ambiental (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA), en donde su medición y estudio fueron muy superficiales y que posteriormente se aplicó la ley de ambiente 41 de 1998 para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Para el caso de la comarca indígena Ngäbé Büglé, se anota una victoria contra la explotación minera, luego que una resistencia social que dejo dos muertos, heridos y vejados por la represión, se aprobara la Ley 11 de 2012, que establece un régimen especial para la protección de los Recursos Minerales, Hídricos y Ambientales en la Comarca Ngäbé Büglé, y que ponía en marcha un programa de desarrollo social. Este último nunca se cumplió.

El registro actual de concesiones o contratos de minería metálica son 16 y 152 para las no metálicas, según el Ministerio de Comercio e Industria MICI. Estos otorgamientos están bajo el marco obsoleto de la ley minera que data de 1963, con algunas modificaciones, y que ante la movilización social de rechazo y repudio a la corrupción que genera, la Asamblea de Diputados de Panamá, en su nuevo periodo junto al presidente de Panamá Juan Carlos Varela, inició los cabildos con actores sociales, afectados y representantes mineros para una moratoria indefinida que diera paso al debate de una nueva ley minera.

Panamá no escapa de las políticas neoextractivas, pero ante ello, las comunidades rurales y organizaciones sociales como ecológicas mantienen una permanente lucha legal y social.  Tal es el caso del rechazo a la reapertura de la mina Remance, en el foro público para el estudio de impacto ambiental (EIA) categoría III. En el mismo participaron comunidades de San José, Remance, San Juan y Los Hatillos de San Francisco, miembros de la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas (RESAVE) y activistas del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.

En este mismo orden, para los efectos sociales y legales de la mina Cerro Quema en la provincia de los Santos, el Ministerio de Ambiente canceló el foro público convocado por la empresa Cerro Quema subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, el día 18 de abril del 2015, ya que no cumplió con todos los pasos antes de hacer la convocatoria.

El caso de Molejón, provincia de Colón, está paralizada desde finales de 2013 por problemas financieros y la compañía podría perder su concesión que obtuvo en 1997, ya que la concesión de Petaquilla incumpliera con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL, y con los compromisos pactados con los pagos y prestaciones adeudados a unos 600 trabajadores que han realizado paros y cierres de vías públicas en la provincia de Coclé. El monto que debe es de unos 3.8 millones de dólares al personal. Esta mina está suspendida desde hace un año por problemas financieros, llegando a adeudarles a sus trabajadores entre cinco y seis quincenas, bajo el vencimiento de dos plazos otorgados por el Gobierno. Todo esto ha abierto el compás para la revisión de todas las concesiones mineras realizadas durante la pasada administración, sobre todo en materia de estándares ambientales exigidos por la ley.

La comarca Ngäbé Büglé, también sufrió un revés, ya que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 30 del 22 de febrero de 2011 que prohibió la explotación de la mina de Cerro Colorado o de cualquier otro yacimiento dentro de la comarca Ngäbe Buglé.

Mediante fallo del 28 de octubre pasado de 2015, la Corte consideró que el decreto violó la Constitución, debido a que el tema de los recursos naturales renovables debe ser tratado a través de una ley impulsada por la Asamblea Nacional. El decreto fue expedido y firmado por el ex presidente Ricardo Martinelli en momentos cuando se dieron violentas protestas en Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbé Büglé en contra de la ley minera.

Se vislumbra para el actual gobierno la continuidad a los procesos extractivos cuando se da la visita del presidente Juan Carlos Varela a las instalaciones de Minera Panamá, donde se construye el Proyecto Cobre Panamá en el Distrito de Donoso, Colón, en compañía de representantes de CEO de First Quantum Minerals, cuyo costo es de 5 mil 950 millones de dólares. Mientras, la extracción de oro en la mina Molejón, operada por Petaquilla Minerals, está detenida desde finales de 2013.

Para acondicionar dicha extracción, la empresa inauguró el puerto ubicado en Punta Rincón en la provincia de Colón, que constituye una inversión importante del proyecto minero donde se invierten 6 mil 400 millones, y que es la plataforma para la entrada de los equipos que se instalarán en la mina como la salida de cobre al mercado mundial. La construcción del puerto conllevó una inversión de 54 millones y son parte de los 218 millones que se han invertido en el área de Punta Rincón. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa española Sacyr Vallehermoso, que forma parte del consorcio Grupo Unido por el Canal GUPC que construye el tercer juego de esclusas. Y que actualmente es cuestionada por malos manejos en las operaciones de la ampliación del canal.

Pero no es nada seguro la producción de metales como el cobre, en la cual Panamá tiene el riesgo de sufrir una baja en la bolsa de valores como padece Chile, primer productor mundial de cobre, cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determinó que las inversiones extranjeras directas, específicamente en el sector minero, cayeron un 10% entre enero y agosto de 2015.

El movimiento socioambiental rural junto a organizaciones ecosociales, y en el marco de la crisis climática, está promoviendo otro tipo de desarrollo o forma de vida, que para su promoción exige al estado el reconocimiento a su idiosincrasia y autonomía productiva, fomentando así el desarrollo cultural como forma de vida junto al campo y fuera de los catálogos del libre comercio.

La Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas (RESAVE), es un espacio que aglutina a comunidades de la cuenca del río Santa María en la provincia de Veraguas, víctimas de las mineras e hidroeléctricas, que promueve acciones sociales para la producción local y soberanía alimentaria.

Y así, un conjunto de comunidades rurales y ecológicas, junto a fuerzas sociales, ha promovido el rechazo a la minería a cielo abierto y la importancia de fomentar un mejor desarrollo humano y ecológico. La educación ambiental ya no solo es realizada en las escuelas o instituciones como política de reciclaje, sino como sensibilizadora ante el hecho de que la crisis climática que asecha es en parte promovida por las megaindustrias extractivas y sus impactos negativos. No reconocer la historia de los pueblos, en su producción y soberanía alimentaria, es condenar el legado a quiénes actualmente luchamos por un mejor ambiente y vida.

- Olmedo Antonio Carrasquilla Aguila, Miembro del Colectivo Voces Ecológicas COVEC, www.radiotemblor.org, Panamá