Las primeras señales del gobierno Macri apuntan a consolidar el consenso electoral y transformarlo en acuerdo político a un gobierno de minoría parlamentaria y escaso peso de fuerza propia en el conjunto de las Provincias argentinas.

Por eso, la actividad inicial se concentró en completar los casilleros de una administración con eje en la burocracia de gobierno en la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo negocia con ex candidatos, gobernadores y legisladores de la oposición condiciones para hacer viable el gobierno.

El diálogo político aparece más como una necesidad de minoría que funciona con decretos y señales, demorando medidas que se anticipaban para el primer día de gobierno.

La agenda es mayormente política, y en materia económica se enuncian los temas sin definiciones concretas aún, con un ritmo gradual, diferente del shock imaginado en la campaña, mostrando los límites de la realidad de las cuentas públicas para imponer los cambios imaginados y demandados por el poder económico.

Tipo de cambio

Destaca entre esas medidas postergadas la devaluación y unificación del tipo de cambio para eliminar las restricciones a la compra venta de divisas.

Se trata de anuncios que se imaginaron para el primer momento y que se postergan hasta que se den las condiciones, como refirió Alfonso Prat Gay, el Ministro de Economía.

¿Cuáles son esas condiciones? El ingreso de divisas a la contabilidad del Banco Central.

La aspiración es colectar en corto plazo entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para entonces instrumentar la tan mentada devaluación y unificación del tipo de cambio.

Mientras tanto subsisten las restricciones, el cepo cambiario, incluso se agudiza con mayores límites para la compra de dólares para ahorro, algo que significó una fuerte pérdida de divisas en los últimos años. Ni hablar de las divisas que requiere la industria para ingresar insumos necesarios para la producción fabril.

En definitiva, más que levantar el cepo, todo indica que hasta que ingresen fondos del exterior, las restricciones se agravarán.

Se había anunciado la eliminación de las retenciones a diversos cultivos y las disminuciones progresivas respecto de la soja. Sin embargo, para hacerse realidad tiene que ocurrir en simultáneo la unificación del tipo de cambio, o sea, la devaluación.

Nadie venderá lo acumulado en silo-bolsas hasta saber cuál será el precio del dólar.

La encerrona es que no se vende la cosecha hasta tanto no ingresen divisas y se ejecute la mentada devaluación.

Más deuda pública

Por todo ello, el objetivo central es conseguir que ingresen divisas, siendo el problema discernir quien proveerá esos fondos, ya que la demora en las correcciones de las retenciones pospone la liquidación de stock del agro y dificulta el ingreso de moneda externa por la vía comercial.

La única respuesta posible es el endeudamiento público, la vía financiera, y ya se iniciaron las conversaciones en el sistema bancario para ese fin.

Sin embargo, las negociaciones para préstamos se frenan ante la presión del BCRA por desconocer los contratos a futuro, hacia marzo y abril próximos.

El tema es que la autoridad monetaria, en la gestión anterior, se comprometió mediante estas operaciones especulativas a compensar la diferencia de cotización del dólar al vencimiento.

Los contratos suscriptos por bancos y operadores del mercado de capitales, fueron inspirados en la pauta presupuestaria para el 2016 y aprobada por el Parlamento, que suponían un dólar a 10,70 para el primer cuatrimestre del próximo año. Como todo apunta a convalidar una devaluación del 40 al 50%, la perdida para el BCRA será cuantiosa, por lo que el BCRA negocia la modificación de esas pautas.

Existe una encrucijada para las autoridades económicas. ¿Ceder ante los bancos y pagar el costo según sea el volumen de la devaluación y así facilitar la recepción de fondos de deuda para asegurar el funcionamiento de la economía según la lógica gubernamental; o exigir la renegociación de contratos a futuro para evitar mayores pérdidas al BCRA y deteriorar la capacidad de obtener fondos del sistema financiero?

Hay que pensar que cualquier restricción financiera de bancos locales se extiende a los bancos externos, derivado de la fuerte extranjerización del sistema bancario en el país.

La capacidad de lograr el aporte vía organismos internacionales requiere de previos compromisos políticos con el FMI y otros ámbitos del sistema financiero mundial. Eso lleva tiempo y demoras en el ingreso de fondos, y de la devaluación.

Como si esto fuera poco, la crisis fiscal de las provincias exige préstamos urgentes de la Nación a las Provincias. Dos gobernadoras lo hicieron explícito en los momentos iniciales de su gestión. Tanto en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como en Santa Cruz, Alicia Kirchner, se aludió a la quiebra de las finanzas provinciales y a la necesidad del sostén financiero del Estado Nacional.

En lo inmediato hay que prever la continuidad de la emisión monetaria para sostener la situación fiscal en esas y otras provincias, un tema que está en la reunión del Presidente con los Gobernadores, máxime si se piensa en materializar la demorada reforma de la coparticipación federal en materia impositiva.

Precios y salarios

La mayor deuda pública y la emisión monetaria son las respuestas en lo inmediato, convalidando el proceso inflacionario exacerbado al final de este año, con un índice anual que puede superar el 25% y que se agravará al momento de dilucidar la nueva paridad cambiaria.

Queda claro que el tema afecta la capacidad adquisitiva de la población que vive de ingresos fijos, la mayoría, por lo que los primeros estudios de las organizaciones sindicales de cara a las paritarias señalan demandas iniciales por encima del 40%. Se contempla la inflación del 2015 y el impacto de una devaluación del orden del 40 al 50% para el 2016, con un anticipo ya realizado en la suba de precios.

La puja en la distribución del ingreso se procesa entre la capacidad empresaria por establecer precios de monopolio, el conflicto por actualizaciones y aumentos de salarios, y el sentido de la política económica del Estado, que a juzgar por la campaña electoral, los objetivos anunciados pro mercado e iniciativa privada, junto a las características y tradición política y empresarial de los miembros del gabinete, no hay dudas que privilegiarán la recomposición de la tasa de ganancia y por ende al sector empresario.

El cónclave del Ministro de Educación con los gremios docentes constituye la primera escena de una negociación salarial y laboral con objetivos no convergentes. Por eso, igual que a nivel general, el objetivo del gobierno apunta al consenso y al desarme del conflicto y la capacidad de disputa del movimiento obrero. En ese sentido camina el propósito de un pacto social para contener la protesta sindical y social.

La presencia del titular de la OIT en el país, en la segunda semana del gobierno Macri apuntalará las expectativas patronales y gubernamentales por contener la demanda de las/os trabajadoras/es, especialmente en materia del Derecho a Huelga.

Del mismo modo que el gobierno privilegia la política para hacer caminar su proyecto económico, el movimiento popular necesita rearmar y ampliar su estrategia política y de alianzas para defender posiciones y reivindicaciones democráticas e ir por la construcción de condiciones subjetivas para la ofensiva popular.

Es un desafío político y teórico, por lo que entre variadas convocatorias, la CTA Autónoma, convoca desde el Instituto de Estudios y Formación para el próximo miércoles 16/12 a un debate sobre pensamiento crítico para constituir una agenda federal a desplegar hacia el próximo año, ya que son tiempos de reflexión, organización y lucha para afirmar derechos y estrategia de poder del pueblo.

Algunos esperan que se acomode la situación, externa e interna de las organizaciones ante el nuevo escenario de la lucha de clases. Otros creemos que no hay dos tiempos, y la estrategia de acumulación de poder exige inmediatas acciones de pensamiento y articulación social para la disputa de poder.

La ausencia de alternativa política y la fragmentación de la estrategia popular demanda generosidad y búsqueda compartida por encima de propuestas sectarias, auto-centradas y excluyentes de la diversidad en que hoy se manifiesta el movimiento social.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2015

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP