La campaña electoral a la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre tan solo dura tres semanas, aunque en los Estados Unidos ya empezó hace seis meses, con las filtraciones anónimas de autoridades de los EE. UU. en las que se hacían alegaciones no fundamentadas de que autoridades de Venezuela dirigían “un cártel de la droga”. Más recientemente, dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron arrestados y llevados (no extraditados) a los EE. UU. después de haber sido atraídos por agentes de la DEA a Haití. Después, la semana pasada, cuando un político de la oposición fue asesinado de un disparo, el secretario general de la OEA, Luís Almagro, se apresuró a unirse a Washington en intentar que pareciera un asesinato político. Dentro de 24 horas, aparecieron pruebas de que la víctima era, probablemente, miembro de una banda y que había sido asesinado por una banda rival.

Para comprender la estrategia del gobierno de los EE. UU. y sus aliados (incluidos, Almagro y el ya presidente electo de Argentina), debemos ver lo que ocurrió en las elecciones presidenciales venezolanas de 2013. En 2013, el presidente Maduro ganó por 1,5 puntos porcentuales, por lo que no existía duda alguna sobre este resultado. Dadas las amplias salvaguardas establecidas en el proceso de votación (incluida una auditoría inmediata, con testigos, de una muestra al azar del 54 % de las mesas de votación), el anterior presidente de los EE. UU. y experto en elecciones, Jimmy Carter, calificó el sistema electoral de Venezuela como "el mejor del mundo".

Pero la oposición venezolana, y no es la primera vez, no aceptó los resultados y alegó que se había cometido un fraude, ocupando las calles con manifestaciones de cariz violento. El gobierno de los EE. UU., casi sin otros aliados, les respaldó rehusando reconocer los resultados. El escenario ya estaba listo para una escalada del conflicto, aunque los gobiernos del cono sur intervinieran y públicamente presionaran a Washington para que se uniera al resto del mundo y aceptara dichos resultados.

Ahora ya se dará cuenta hacia dónde conduce todo esto y, posiblemente, incluso podrá predecir el próximo futuro. A día de hoy, la oposición en Venezuela gana al gobierno por un margen considerable en la mayoría de encuestas a nivel nacional y esto es de lo que informan los medios de EE. UU. e internacionales. Pero estas encuestas no reflejan por fuerza quién va a ganar en la Asamblea Nacional o por cuánto lo va a hacer (el margen de victoria es muy importante porque, por ejemplo, una mayoría de dos tercios le conferiría a la legislatura mucho más poder).

El partido gubernamental (PSUV) tiene millones de afiliados y ha demostrado durante años la capacidad de movilización de sus votantes. La oposición no tiene una organización o campaña comparable y no se trata de unas elecciones presidenciales. En segundo lugar, los estados poco poblados (en su mayoría rurales) tienen una mayor representación por votante que los más poblados. En EE. UU., por ejemplo, 568 000 personas en Wyoming obtienen el mismo número de senadores que 37 millones de californianos. En Venezuela tan solo existe una cámara legislativa, por lo que el desproporcionado poder de los estados más pequeños no es tan grande como en el sistema de EE. UU. Aun así, es importante y a diferencia de los EE. UU., en donde el voto rural suele ser de derechas, en Venezuela tiende a inclinarse a favor de los chavistas.

El resultado es que, gane o pierda, es muy poco probable que la oposición obtenga tan buenos resultados como los que indican las encuestas nacionales. Por lo que, cuando la oposición se "sorprende" por estos resultados, lo esperado es que reclame que ha habido fraude. Si sirven de guía los últimos 14 años de tremendos esfuerzos extrajudiciales (con el apoyo de Washington) para derrocar el gobierno, el rechazo de los resultados de las elecciones puede tomar un cariz violento.  Este fin de semana, el director de El Nacional, el principal periódico de la oposición venezolana, Miguel Henrique Otero, ha declarado que la oposición tomará las calles si no les gustan los resultados.

Tanto el Congreso  de los EE. UU., como la administración Obama, las ONG aliadas y también Almagro, han demandado que se permita que la OEA realice el seguimiento de las elecciones en Venezuela. Aunque está claro después de lo que ha hecho repetidamente la OEA en Haití (incluida la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2011 sin un recuento ni una prueba estadística), que los seguimientos de la OEA no pueden considerarse neutrales.

La actual campaña de Washington está centrada en los medios latinoamericanos y del hemisferio sur para poder incrementar la presión política sobre aquellos gobiernos, en no hacer lo que hicieron en 2013: avergonzar públicamente a los EE. UU. para que aceptaran los resultados de unas elecciones democráticas.  Se producirán actos de campaña internacionales, incluidos editoriales en periódicos de tirada internacional, audiencias en el senado y otros, cada día durante la semana próxima y después de las elecciones. 

Ya es bastante perjudicial que todos estos actores extranjeros hagan campaña en las elecciones de otro país.  Pero, al intentar deslegitimizar (sin evidencia de un posible fraude) los resultados de las elecciones, están promoviendo la inestabilidad y, posiblemente, la violencia.

Mark Weisbrot es el codirector del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington, DC, y Presidente de Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro "Errados: en qué se equivocaron los 'expertos' acerca de la economía global" (Oxford University Press, 2015).

Este artículo fue publicado por Público.es el 5 de diciembre de 2015. Ver el artículo original.