La democratización de la comunicación es un tema que ha sido satanizado en El Salvador. Se han emprendido costosas y prolongadas campañas para desacreditar el anteproyecto de ley de radiodifusión comunitaria que respaldan diversos sectores sociales y académicos. Ahora que la Asamblea Legislativa ha comenzado a discutir las reformas a la Ley de Telecomunicaciones por la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la materia, es oportuno analizar las afirmaciones de Asder y la gran empresa privada.

En el país, las radios y televisoras ya son comunitarias. Falso. Una cosa es que todo medio de comunicación pueda o deba tener una dimensión social y comunitaria, y otra muy distinta que sea de verdad comunitario. Lo que diferencia a los medios es el fin y naturaleza de cada uno. El fin de un medio comercial es obtener lucro para sus dueños, por ello está regido por el derecho mercantil. El fin de un medio comunitario es el bien de la colectividad y está regido por el derecho social de la gente o el derecho humano a la comunicación. Por lo general, los medios comunitarios transmiten lo que ayuda y edifica a la sociedad; los comerciales, aquello que genera ingresos. Ninguna radio comunitaria es una sociedad anónima de capital variable.

La ley que proponen es confiscatoria. La empresa privada ha asegurado que se busca quitarles las frecuencias a sus actuales propietarios. Esto también es falso. La propuesta de ley, en su artículo 10, plantea reservar la tercera parte del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, pero aclara que eso estará sujeto a las frecuencias disponibles. Lo que sucede es que los actuales concesionarios de las frecuencias de radio y televisión no se entienden a sí mismos como tales, sino como dueños vitalicios de las frecuencias. Las concesiones de cualquier índole, en la medida en que vencen, no son eternas. El espectro radioeléctrico ha sido declarado por las Naciones Unidas como un patrimonio de la humanidad, como el aire, el agua y los océanos. Por tanto, las frecuencias no pueden ser consideradas como propiedad privada.

La actual Ley de Telecomunicaciones permite la renovación automática de las frecuencias cada 20 años, sin condiciones sobre el contenido de la comunicación que garanticen el beneficio de la sociedad salvadoreña. En su artículo 13, la propuesta de ley señala que la reserva deberá aplicarse a las frecuencias que se liberen como resultado de la digitalización o de la pérdida de la concesión. Esto significa que la reserva de un tercio de las frecuencias para los medios comunitarios operará sobre las disponibles y las que lo estén a futuro. En ninguna parte del texto del proyecto de ley se plantea expropiar frecuencias. La digitalización del espectro radioeléctrico ampliaría el espacio y facilitaría así la existencia de nuevos medios. Lamentablemente, a este respecto, la Sala de lo Constitucional decidió a favor de la continuidad de la concentración de medios.

El anteproyecto de ley es un embate más del Socialismo del Siglo XXI. De nuevo, esto es falso. Ha sido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la que ha dado orientaciones para la democratización de las comunicaciones y ha llamado a los países miembros de la ONU a reconocer y hacer valer en su legislación a los tres sectores de la comunicación: el comercial, el público y el comunitario. También lo han hecho los relatores de la libertad de expresión de la OEA, de Europa y de África. La iniciativa, pues, no viene del Socialismo del Siglo XXI, a menos que se crea que la Unesco es dirigida por el chavismo.

El espectro radioeléctrico ya está democratizado y el mayor emporio de radios que existe es el comunitario. Estas afirmaciones del presidente de Asder también son falsas. La Asociación de Radios Participativas de El Salvador (Arpas) agrupa a poco más de veinte radios y todas funcionan con una sola frecuencia (92.1), que ha sido fragmentada en todo el país. Es cierto que hay otras emisoras de corte comunitario, como Maya Visión, Mi Gente y YSUCA, pero estas ocupan una mínima parte del espectro radioeléctrico. La mayoría de radios comerciales funcionan con una frecuencia para cada una. Radio Corporación (de la familia de José Luis Saca, presidente de Asder) y el grupo Samix (de la familia Saca-Mixco) suman casi 20 radios. Así, en conjunto con otros dos grupos radiales, concentran la mayoría de emisoras de mayor cobertura. ¿Cuál es, entonces, el mayor emporio de radios? Y el panorama en la televisión es similar.

La propuesta de ley es un atentado a la libertad de expresión. Más bien lo contrario. “Los estándares para la libertad de expresión para una radiodifusión incluyente” de la Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA afirman, en el numeral 30, que reconocer “los diferentes tipos de medios de comunicación (comerciales, públicos y comunitarios), así como los que tienen diferente alcance […], contribuye a la diversidad en la libertad de expresión”. En este sentido, la diversidad de medios garantiza la libertad de expresión; el oligopolio de El Salvador, contrario a lo que dicen sus sueños, la coarta.

El anteproyecto de ley de medios comunitarios es inconstitucional. La ANEP afirma que la propuesta de ley crearía una entidad reguladora paralela a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) para decidir sobre futuras concesiones, entrometiéndose así en un derecho del Estado. Otra mentira. El anteproyecto de ley propone una comisión técnica adscrita a la Siget; no una instancia paralela. De esta forma, decidir sobre las futuras concesiones sería parte de las atribuciones de la Superintendencia.

En El Salvador, el derecho humano a la comunicación no avanza por una ley obsoleta, antidemocrática y excluyente, que va en contra de la tendencia internacional a democratizar la comunicación. Las mentiras que sobre la cuestión se pregonan pretenden perpetuar el statu quode pequeños grupos con un gran poder político y económico; grupos que explotan comercialmente la mayoría de los recursos que hacen posible la comunicación social; grupos que componen un oligopolio mediático que desinforma a la población.

20/11/2015

http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-3951