Qué pasó en Honduras después de la vuelta a la democracia electorera (inicios de los años 80s) para que se cayera tan bajo en el tema de la impartición de justicia y funcionamiento de las instituciones que conforman el poder judicial, se preguntaba en un Foro de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial, uno de los comisionados nombrados, licenciado Matías Funes (QDG). El principal factor explicativo  es la falta de ética y cultura política de los dirigentes que han tenido el atrevimiento de (des) gobernar el país, y otra, el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales donde sus miembros miran al Estado como un botín de valientes, cumpliendo el poder judicial  un rol legitimador. También tiene culpa el narcotráfico que penetra todas las esferas del gobierno, corrompiendo presidentes, ministros, magistrados, diputados, jueces y pastores evangélicos.

Las manifestaciones más visibles de lo anterior son múltiples. Por un lado, políticos de turno  y empresarios de los partidos tradicionales colocan a sus cuadros en los cargos de magistrados y jueces del poder judicial para ganar todos los juicios posibles; también estos jueces y magistrados le hacen los mandados al presidente del Congreso y de la República, a cambio de mantenerse en el puesto, aprobación del presupuesto aumentado y colocar a sus parientes y amantes en otros puestos de menor categoría. Pero igual, estos jueces y magistrados reciben pagos y sobornos para acelerar juicios y liberar narcotraficantes por errores de procedimiento administrativo  en el juicio; la mayoría de estos casos son declarados a favor del imputado por no seguirse el procedimiento sin importar la magnitud del delito.

Lo más reciente en esta película-viacrucis para el país y pueblo hondureño, es el control del poder judicial por el presidente de la República que en forma ilegal promovió la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional para que se violara la Constitución y aprobara la reelección presidencial. El Movimiento de Defensa de la Constitución de la República considera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe rectificar con esta decisión arbitraria ya que el daño al país puede ser mayor, igual las consecuencias políticas y sociales. Incluso se habla de una guerra civil, por los problemas de crisis de empleo e inseguridad que sufre el pueblo hondureño y la gran aceptación que tiene en la población el  movimiento de los indignados como forma de protesta pacífica en contra de la corrupción e impunidad, pero que puede desbordar y trasladarse a otros escenarios y espacios.

Derivado de lo anterior, se encuentran las malas prácticas de funcionamiento del Consejo de la Adjudicatura, una especie de poder fáctico judicial a servicio del Presidente y comisionado para interpelar y destituir aquellos jueces que no cumplen con meter preso  a políticos de los partidos de oposición acusados de actos de corrupción.

Recientemente se cuestionó y acusó a su Vicepresidente, Teodoro Bonilla, de prácticas poco transparentes en el ejercicio de su profesión, designándose al presidente de la Sala Constitucional, Víctor Manuel Lozano, para que conozca del caso y se pronuncie. Pero han trascendido grabaciones en los medios radiales de conversaciones sostenidas por ambos, donde se habla incluso de acoso sexual a mujeres profesionales del derecho. El Abogado Lozano acusa por su parte a la Fiscalía de la República de intervenir sus teléfonos, por lo que exige una indemnización de 1,000 millones de lempiras por daños y perjuicios.

La elección de los nuevos magistrados de la CSJ está cerca, por lo que debe escogerse a aquellos hombres y mujeres sin tacha y sin miedo; tarea difícil ya que al parecer el gobierno y partido nacional en el poder tiene candidata (o),  justificado en que el actual presidente de la CSJ es miembro del Partido Liberal puesto por Roberto Michelleti Bain. Lo cierto es que con estas actuaciones de los magistrados y miembros del Consejo de la Adjudicatura el poder judicial hondureña se coloca a lo cola de Latinoamérica, haciéndose necesario acelerar el proceso de depuración.

La esperanza del pueblo hondureño está puesta en el grupo de juristas internacionales que están supervisando el proceso de elección de los nuevos magistrados, exigiendo que vayan  más allá de la recomendación “tibia” y la denuncia; ser más contundentes en sus declaraciones y proponer acciones concretas en caso que el proceso sea poco trasparente y tenga dedicatoria. Los partidos de oposición, en especial Libre y PAC, debe formar un frente común desde ya para no permitir una elección amañada, y los diputados liberales “honestos” ser fieles a su líder de no apoyar un propuesta condicionada a que el presidente de la CSJ electo sea del partido de gobierno que busca  la reelección.

Las organizaciones de la sociedad civil en defensa de la justicia y democracia están también al pendiente de este proceso, pero igual la Embajada de EEUU. Aunque el señor Embajador no se ha pronunciado sobre el tema de la reelección, se espera un pronunciamiento contundente en caso que la elección de los Magistrados resulte amañada y perjudicial para la democracia y sus intereses. La lista de extraditables a USA seguramente después de la elección se ampliara, donde incluso trascendió en una radio independiente que hay políticos, militares y nuevos banqueros acusados del lavado de dineros del narcotráfico.

Tegucigalpa, 9 de noviembre de 2015.